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Economía

El Estado autonómico será la ruina de España

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Banderas de las comunidades autónomas de España frente al Senado.
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Roberto Centeno.- España tiene un problema político estructural que nos ha llevado a crecer muy por debajo de nuestro potencial en el pasado y nos llevará a la ruina sin la menor sombra de duda en el futuro. Cualquier análisis económico sobre España que no empiece por tener en cuenta que el actual modelo de Estado, que representa un despilfarro anual en relación a un Estado descentralizado equivalente al 10% del PIB, es una estafa intelectual incapaz de explicar nuestro futuro. Y esto no es un juicio de valor: son matemáticas. El problema de España, el futuro de nuestros hijos, es un modelo de Estado tan disparatado que es único en el mundo, y donde los dos tercios de gasto público –excluida la Seguridad Social– son descentralizados; que compara con solo un tercio del gasto descentralizado en los Estados federales, algo que España ni siquiera es.

Pero no solo se trata de un modelo de Estado imposible de financiar, es que su ineficiencia de gestión resulta abrumadora. Donde antes había una persona hoy hay 17; en lugar de caminar todos en la misma dirección se camina en direcciones opuestas. Es más fácil mover productos e instalar empresas entre países de la UE que entre CCAA, donde existen 300.000 empleados públicos dedicados a tiempo completo a inventar, implantar y vigilar el cumplimiento de normativas destinadas a destruir el mercado único, a fragmentar España. La insolidaridad entre comunidades es total. ¡Se blindan hasta los ríos! Los proyectos más absurdos, las inversiones más disparatadas, las duplicidades de todo tipo, el nepotismo y la corrupción, tanto institucional como personal, encuentran el entorno más favorable que pueda imaginarse para crecer sin límite ni control. No hacen falta muchos cálculos para ver que el Estado autonómico será la ruina de España.

El modelo de Estado debe ser sometido a referéndum

El origen del Estado de las autonomías es claro e inequívoco: una imposición a los españoles derivada de las ansias de enriquecimiento y relevancia social de los “padres” de la Transición, unos irresponsables sin el menor sentido del Estado, cuyo pistoletazo de salida fue el “café para todos” del mediocre Suárez, uno de los mayores desatinos de la historia de España. Este grupo de insensatos, de los que Camilo José Cela dijo que, “si tuvieran honor se habrían pegado un tiro”, puso en marcha un mecanismo infernal único en el mundo, económicamente inviable e intrínsecamente corrupto, en el que se inventaron diecisiete autonomías contrarias a la realidad histórica y objetiva de España, y una partitocracia totalitaria que somete al Ejecutivo el resto de poderes del Estado e impone un sistema electoral no representativo de listas cerradas que además prima a los partidos nacionalistas y separatistas, cuyos votos valen hasta cinco veces los del resto de los españoles.

Para entender los graves problemas estructurales que este modelo de Estado representa, hay que tener un mínimo de conocimientos económicos, que parecen inexistentes en la gran mayoría de tertulianos, analistas y políticos en general. El primero es que, tal y como se demuestra en la estructura económica de España, cada puesto creado en el sector público destruye 2,5 puestos de trabajo en el sector privado. Es decir, si se eliminan todos los empleados públicos nombrados a dedo o con oposiciones a medida, que son unos dos millones, eso crearía 5 millones de puestos de trabajo en el sector privado, lo que significa una creación neta de 3 millones de empleos. Y, sin embargo, una de las estupideces más repetidas es que, si se eliminan empleos públicos innecesarios, subirá el paro. El paro juvenil es el mayor del mundo desarrollado, peor incluso que en Grecia –el 53% frente a una media del 15%–, y esto es consecuencia directa del modelo de Estado.

Otro hecho estructural que agrava lo anterior es que España no solo es uno de los pocos países de la OCDE en los que la media salarial del sector público supera a la del sector privado, es que la diferencia es la más elevada. El sueldo medio en el sector público en 2013 fue de 39.907 euros brutos anuales (1) frente a 25.983 en el sector privado (2). Las CCAA son las que tienen los sueldos más elevados, particularmente en las empresas públicas. La Administración Central, la que de verdad lleva España, es la que tiene sueldos más bajos, entre 1.217 y 2.160 euros mensuales. Y si vamos a los 20.000 asesores a dedo estamos hablando de 7.500 euros mensuales, o por ejemplo, los chóferes de los concejales del Ayuntamiento de Madrid, absolutamente innecesarios, 3.750 euros. La relación entre empleados públicos y privados el del 20,4% (la más alta de la OCDE), pero la relación entre masa salarial pública y privada es del 31%. No hay forma de justificar esto ni ante el pueblo español ni ante nadie.

Pero no solo hablamos de salarios, hablamos también de lujos disparatados que no existen en ningún otro lugar. Los más claros son los coches oficiales, las oficinas de lujo y las inversiones injustificadas, un coste adicional que no solo carece de justificación alguna, sino que es un auténtico insulto en un país con 5 millones de parados.

Y finalmente, el colmo de lo inaudito, Cataluña, donde un presidente de gobierno permite el incumplimiento diario de la Constitución y de la Ley, permite utilizar la sede de la Generalitat como centro de mando y de operaciones del proceso independentista, financia con nuestro dinero la secesión, tanto que se ha convertido con su dejadez y su cobardía en el colaborador necesario más importante en el proceso de ruptura de España, algo que está penado con cárcel en el Código Penal.

(1). La masa salarial de los empleados públicos fue de 116.090 millones de euros, y su número 2,9 millones.
(2). La remuneración de los asalariados en España fue de 490.253 millones de euros, por tanto la correspondiente al sector privado de 374.163 millones, y los ocupados 14,4 millones.

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2 Comentarios

2 Comments

  1. Ramiro

    07/07/2019 at 14:15

    Don Roberto, totalmente de acuerdo con usted, con una pequeña corrección: yo diría QUE YA ES LA RUINA DE ESPAÑA.
    Y el dilema que usted plantea, o AUTONOMÍAS O PENSIONES, es la cruda realidad.
    Los españoles NO PODEMOS MANTENER ESTE ENORME TINGLADO, DE 17 MINI ESTADOS, que a la hora de la verdad, no sirven para nada.

  2. Ramiro

    01/10/2018 at 09:46

    Don Roberto, totalmente de acuerdo con usted, con una pequeña corrección: yo diría QUE YA ES LA RUINA DE ESPAÑA.
    Y el dilema que usted plantea, o AUTONOMÍAS O PENSIONES, es la cruda realidad.
    Los españoles NO PODEMOS MANTENER ESTE ENORME TINGLADO, DE 17 MINI ESTADOS, que a la hora de la verdad, no sirven para nada.

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Economía

Pensión muy trabajada para la “ex-madame” del “Menesterio de Igual-dá”: Irene Montero cobrará 61.982,69 euros al año de indemnización tras dejar de ser ministra

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Irene Montero abandona el Ministerio de Igualdad en la remodelación del Gobierno que ha llevado a cabo Pedro Sánchez. La impulsora de una de las leyes más polémicas de la legislatura, el sólo sí es sí, abandona el Ejecutivo, convirtiéndose en su sucesora la socialista Ana Redondo. Tras su salida del Consejo de Ministros, Irene Montero no cobrará una pensión vitalicia del Estado, pero sí tiene derecho a recibir una indemnización equivalente al 80% de su sueldo por un periodo igual a la duración de su mandato y hasta un máximo de dos años. Así lo recoge la ley de Presupuestos Generales del Estado de 1981 (art. 10, número 5, norma primera).

En concreto, en este apartado se recoge que «todas las personas que cesen en el ejercicio de dichos cargos a partir del 1 de enero de 1981 tendrán derecho a percibir, a partir del mes siguiente en que se produzca el cese, y durante un plazo igual al que hubieran desempeñado el cargo, sin que puedan percibirse más de 24 mensualidades una pensión indemnizatoria mensual del 80% por ciento del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el Presupuesto en vigor durante el plazo indicado». Una indemnización que, recoge el mismo artículo, «es incompatible con las retribuciones que pudieran corresponderles, en caso de ser designados de nuevo para uno de los cargos de referencia».

Por tanto, teniendo en cuenta que el sueldo de Irene Montero como ministra de Igualdad era de 77.478,24 euros anuales, la cuantía que tiene que recibir es de 61.982,69 euros por año. Según la norma citada anteriormente, esta indemnización podrá cobrarse durante dos años, por lo que el total ascenderá a 123.965,18 euros. Una especie de sueldo que Irene Montero recibirá en cuotas mensuales.

Sí cabe recordar que esta compensación es incompatible con cualquier otra retribución que provenga de la actividad pública o privada, según recoge el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Asimismo, es incompatible con la percepción de la pensión de jubilación.

Ione Belarra, que también abandona el Gobierno en favor de Pablo Bustinduy -el nuevo ministro de Derechos Sociales-, no podrá cobrar esta indemnización porque ella sí sigue como diputada en el Congreso, por lo que ya va a cobrar una prestación pública.

Ángela Rodríguez Pam

Ángela Rodríguez Pam, número dos de Irene Montero, también recibirá una indemnización muy gorda al abandonar su cargo al frente de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.

Al igual que Ione Belarra e Irene Montero, tiene derecho a percibir un 80% de su sueldo durante dos años. En su caso, el salario es mucho más superior: de 123.694,36 euros. Por tanto, percibirá 98.955,488 euros cada año, que se traduce en un total de 197.910,976 euros.

En este caso, como en los anteriores, la indemnización «es incompatible con las retribuciones que pudieran corresponderles, en caso de ser designados de nuevo para uno de los cargos de referencia», así como con cualquier otra retribución que provenga del sector público o privado.

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Economía

Las Consejerías de Agricultura de VOX, en defensa del glifosato

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  • Ante los intentos de la izquierda europea para prohibir este producto, los consejeros del sector de Castilla y León, Aragón, Valencia y Extremadura desmontan las falacias sobre este herbicida “no cancerígeno”, de “innegable eficacia” que, además, cumple con los objetivos de sostenibilidad de la UE
  • “De prohibirse, al agricultor solo le quedaría la opción de volver a aplicar el laboreo o recurrir a la combinación de varios herbicidas para garantizar un correcto control de las malas hierbas, lo que incrementaría tanto el coste como los efectos no deseados sobre el medio ambiente”, defienden

Los fanáticos de la Agenda 2030 han vuelto a la carga, esta vez, con un intento de prohibir el glifosato, un herbicida imprescindible en el campo. Por eso, los consejeros de Agricultura de VOX en Castilla y León, Aragón y Valencia, así como el de Gestión Forestal en Extremadura, han salido en defensa de esta herramienta imprescindible para los agricultores de sus correspondientes comunidades.

Frente a los ataques de la izquierda europea y sus manipuladores argumentos -como que es dañino para la salud-, Gerardo Dueñas, Ángel Samper, José Luis Aguirre e Ignacio Higuero -respectivamente- defienden que el glifosato no solo es una “herramienta indispensable para la sostenibilidad de la agricultura” por ser de “innegable eficacia para controlar las malas hierbas”, sino que también “cumple con los objetivos de sostenibilidad de la UE”.

Además, toda limitación y prohibición gratuita no justificada por criterios científicos están provocando una subida de los alimentos en los lineales de los supermercados. Es decir, que las familias ya no pueden adquirir determinados alimentos porque éstos son gravados constantemente por las políticas erráticas que agreden el consumo de los sectores más frágiles.

Actualmente el glifosato es una herramienta indispensable para la sostenibilidad de la agricultura al permitir el control de las malas hierbas que compiten por el agua, los nutrientes del suelo y la luz del sol con los cultivos. Hay que destacar su innegable eficacia para controlar las malas hierbas, su facilidad de uso y su coste relativamente asequible, no existiendo una alternativa que, desde el punto de vista técnico y económico, pueda sustituir su empleo.

Muchos de los enfoques alternativos sugeridos para la gestión de las malas hierbas requieren la reintroducción de prácticas agrícolas mecanizadas. Aparte del impacto negativo que esto tendría en el medio ambiente, las condiciones estructurales de muchos cultivos no permiten el uso de estos métodos mecánicos.

Además, ningún herbicida individual o combinación de herbicidas registrados actualmente en Europa podría ofrecer los mismos beneficios en términos de reducción del laboreo y la posibilidad de adoptar cultivos de cobertura, elementos esenciales de la agricultura de conservación.

El glifosato es imprescindible para la técnica de siembra directa, tanto en cereales de secano como en maíz para hacer dobles cosechas, con todos los beneficios probados que estás técnicas significan para el medio ambiente y para la rentabilidad de las explotaciones, especialmente, en secanos áridos donde volver al laboreo tradicional sería inconcebible.

Por otra parte, el incremento de las labores mecánicas en las explotaciones para garantizar un correcto control de las malas hierbas supondría el consiguiente incremento de los costes de producción en las explotaciones, lo que, a su vez, se traduciría en un aumento del precio final de los alimentos al consumidor final.

Desde el punto de vista medioambiental, el glifosato contribuye a cumplir con los objetivos de sostenibilidad de la propia UE al permitir el desarrollo de prácticas de agricultura de conservación, que captura carbono en el suelo, fomenta la preservación y mejora de la biodiversidad en los ecosistemas y mejora la calidad del agua. Estas prácticas también contribuyen a la mejora de la calidad de la tierra y evitan la pérdida de suelo fértil provocada por procesos como la erosión o la escorrentía.

Ambientalmente, el principal reto que debe afrontar la Agricultura en España es la lucha contra la erosión del suelo y, para ello, el glifosato es una herramienta imprescindible para asegurar el mantenimiento de restos vegetales o cubiertas permanentes que la evitan y contribuyen a que se preserve mucho mejor el suelo, a mantener una estructura viva que favorece la fertilidad del suelo y la biodiversidad de las especies y evitar las emisiones de carbono.

Por consiguiente, de prohibirse este herbicida, al agricultor solo le quedaría la opción de volver a aplicar laboreo o recurrir a la combinación de varios herbicidas para garantizar un correcto control de las malas hierbas, lo que incrementaría tanto el coste como los efectos no deseados sobre el medio ambiente.

Seguridad e impacto económico

Por todos estos motivos, el glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo. Y, frente a las falacias manipuladoras que dudan de su seguridad para la salud, ésta ha sido testada y posteriormente certificada por la AESA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) y la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA, por sus siglas en inglés).

En el caso de la renovación del glifosato, a debate en estos días en el seno de la UE, su continuidad ha contado también con el informe positivo de la ECHA, que ya desmintió en su día y con evidencias científicas que el herbicida sea cancerígeno.

Por último, en cuanto al impacto económico que supondría eliminarlo, según un estudio solicitado a PricewaterhouseCoopers (PwC) por la Asociación Española de Agricultura de Conservación Suelos Vivos (AECS,SV), la Asociación Empresarial Española para la protección de las Plantas (AEPLA) y la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria y Espacios Verdes (ANSEMAT), el impacto macroeconómico de la utilización del glifosato se estima en 2.431 millones de euros en producción; 1.087 millones de euros de PIB y 23.082 personas empleadas. Es decir, que suprimirlo tendría un gran impacto no solo en el sector agrícola, sino en todos los sectores vinculados al mismo y en los hogares de los españoles.

Por todo ello, los consejeros del sector de VOX en Castilla y León, Aragón, Valencia y Extremadura quieren mostrar su apoyo al uso del glifosato y seguirán luchando desde sus comunidades autónomas para hacer frente a la Agenda 2030 que solo responde a fanatismos climáticos y no a las necesidades de los agricultores.

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Economía

VOX logra aprobar una propuesta para prorrogar la vida útil de la central nuclear de Almaraz (Cáceres)

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EN LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA

 

El pleno de la Asamblea de Extremadura aprobó el pasado jueves una propuesta de pronunciamiento planteada por VOX mediante la cual se insta al Gobierno central a modificar la política energética y a prorrogar la vida útil de las centrales nucleares «por el tiempo que permita la seguridad de las mismas».

La iniciativa salió adelante gracias a los votos de VOX y PP, frente al rechazo del PSOE y Unidas por Extremadura que se situaron una vez más al lado de las tesis ecologistas y de la Agenda 2030, que es partidaria del desmantelamiento nuclear.

El encargado de defender la iniciativa en el Pleno fue el portavoz de VOX en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, que reclamó al Gobierno de España la realización de un estudio técnico con carácter de urgencia, valorando la extensión de la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz; al mismo tiempo, Fernández solicitó que se destinen «cuantos recursos sean necesarios, dentro de las posibilidades técnicas y de seguridad» para asegurar la extensión de la vida útil de la central nuclear de Almaraz.

Por otra parte, se solicitó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que estudie un cambio de modelo energético a nivel nacional, apostando por la energía nuclear como fuente energética «viable, constante, segura, económica y compatible con el concepto de soberanía energética», porque con la eólica y la solar «todavía no es suficiente».

El texto definitivamente aprobado cuenta con una ligera modificación respecto al original debido a la enmienda presentada por el Partido Popular y aceptada por VOX, en la que se incluye continuar con el criterio sobre la continuidad de la central de Almaraz aprobado en la Asamblea mediante una iniciativa el 15 de septiembre de el año pasado.

Por su parte, el Partido Socialista de Extremadura defendió otra enmienda, que fue rechazada por VOX, debido a que, en la misma, los socialistas extremeños exigían que no se solicite al Gobierno un cambio en el modelo energético a nivel nacional. Este rechazo llevó al PSOE a votar en contra y a posicionarse en contra de la central nuclear de Almaraz.

La extrema izquierda de Unidas por Extremadura también votó en contra de la iniciativa de los de Santiago Abacal, defendiendo el «cierre» de la central y esgrimiendo como un argumento que dicho cierre generaría empleo en la región.

Con esta votación, se sigue dando cumplimiento al acuerdo de gobierno suscrito entre PP y VOX en Extremadura, el cual recogía la extensión de la vida útil de la central nuclear de Almaraz.

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Economía

Impacto de los préstamos personales en la economía: Estimulando el consumo, inversiones y los riesgos asociados

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Los préstamos personales desempeñan un papel crucial en la economía moderna, ya que permiten a las personas obtener financiamiento para cubrir una variedad de necesidades y metas. Estos préstamos, ofrecidos por instituciones financieras como bancos y cooperativas de crédito, tienen un impacto significativo en la economía en general. En este artículo, exploraremos cómo los préstamos personales influyen en la economía y cómo pueden afectar tanto a los individuos como a la sociedad en su conjunto.

Los préstamos personales son una forma común de financiamiento utilizada por individuos para adquirir bienes duraderos, financiar proyectos personales o cubrir gastos inesperados. Estos préstamos se caracterizan por tener tasas de interés más altas que los préstamos respaldados por garantías, como los préstamos hipotecarios o los préstamos para automóviles. Sin embargo, a pesar de las tasas de interés más altas, los préstamos personales siguen siendo una opción atractiva para muchas personas debido a su acceso relativamente fácil y su flexibilidad en términos de uso.

Como argumentan en Moneido España, una fuente confiable de información financiera, los préstamos personales tienen un impacto significativo en la economía. En primer lugar, estos préstamos estimulan el consumo y fomentan la demanda de bienes y servicios. Cuando las personas obtienen préstamos personales, tienen más capacidad para realizar compras importantes, como electrodomésticos, muebles o incluso vacaciones. Esto a su vez impulsa la actividad económica y beneficia a los sectores relacionados con el consumo.

Además de estimular el consumo, los préstamos personales también pueden promover la inversión. Al proporcionar financiamiento para proyectos personales, como la apertura de un pequeño negocio o la mejora de una vivienda, estos préstamos contribuyen al crecimiento económico a largo plazo. Los emprendedores y los propietarios de viviendas pueden aprovechar los préstamos personales para expandir sus actividades económicas, generar empleo y aumentar la productividad.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que los préstamos personales también pueden tener implicaciones negativas en la economía. El endeudamiento excesivo y el incumplimiento de pagos pueden llevar a problemas financieros tanto para los individuos como para las instituciones financieras. Cuando una gran cantidad de personas incumplen sus pagos de préstamos personales, los bancos y otras entidades pueden enfrentar pérdidas significativas y experimentar una disminución en su capacidad para proporcionar financiamiento adicional.

Además, el alto nivel de endeudamiento personal puede afectar la estabilidad financiera de los individuos y restringir su capacidad para ahorrar e invertir en el futuro. Si las personas destinan una gran parte de sus ingresos al pago de préstamos personales, es probable que tengan menos recursos disponibles para invertir en bienes raíces, acciones u otros activos financieros. Esto puede dificultar el crecimiento económico a largo plazo y limitar las oportunidades de acumulación de riqueza.

En resumen, los préstamos personales desempeñan un papel importante en la economía al estimular el consumo, promover la inversión y proporcionar financiamiento para proyectos personales. Sin embargo, también existen riesgos asociados, como el endeudamiento excesivo y el incumplimiento de pagos, que pueden tener consecuencias negativas tanto para los individuos como para las instituciones financieras. Es fundamental que tanto los prestatarios como los prestamistas ejerzan una gestión responsable y prudente al utilizar y otorgar préstamos personales, respectivamente, para garantizar un equilibrio saludable entre el acceso al crédito y la estabilidad financiera. Además, los préstamos personales pueden tener un efecto en la economía a nivel macroeconómico.

El crecimiento del crédito personal puede indicar un aumento en la confianza de los consumidores y en la actividad económica en general. Sin embargo, un aumento excesivo en los préstamos personales puede generar preocupaciones sobre la estabilidad financiera y la acumulación de deuda. Es importante que los reguladores financieros supervisen de cerca esta situación y tomen medidas para prevenir posibles riesgos sistémicos. En última instancia, los préstamos personales pueden ser un motor para el crecimiento económico, pero su uso responsable y una gestión adecuada son cruciales para evitar desequilibrios y crisis financieras.

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