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El director de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, a una semana de retirarse, dimite y pone al Cuerpo en contra de Marlaska

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Laurentino Ceña, el director adjunto operativo de la Guardia Civil y máximo responsable del Cuerpo por debajo de la directora general, María Gamez, ha adelantado una semana su salida por jubilación y ha presentado su dimisión ante el Ministerio de Interior, tras el cese que ayer se produjo del coronel Diego Pérez de los Cobos, que indagaba la gestión que el Gobierno hizo de las alertas por el virus antes del 8-M. Fuentes cercanas aseguran que su salida es un gesto de protesta por el malestar que hay en la Guardia Civil ante las decisiones del ministro.

 

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil se hizo una imagen conocida por salir cada día en televisión para informar de las labores que sus hombres realizaban cada día en España para ayudar en la lucha contra el Covid-19, hasta que dejó de hacerlo porque llegó a coger la enfermedad. Según fuentes cercanas al Cuerpo, la dimisión adelantada de Ceña refleja la oposición que hay entre los altos mandos de la Benemérita por las salidas que el ministro ha provocado entre los altos responsables de su colectivo en los dos años que lleva al frente de Interior, primero con el PSOE y después con el Ejecutivo de coalición.

Pérez de los Cobos, que fue el alto mando que coordinó la operación Coopernico contra el 1-O, estuvo muchos años vinculado a la coordinación de la Secretaría de Estado de Interior con gobiernos del PP, desde donde trabajaba muy cerca de Laurentino Ceña, que era uno de los altos mandos de la Guardia Civil. La salida de Pérez de los Cobos, uno de los miembros de mayor prestigio en el Cuerpo y conocido por su rigurosidad y perfección, ha acelerado la dimisión de Ceña, que estaba prevista para dentro de una semana.

Hay que tener en cuenta que, al menos hasta la última remodelación de los cuadros de mando de Policía y Guardia Civil que se hizo hace algo más de dos años, los directores adjuntos operativos, como Ceña, podían alargar su mandato más allá de la edad de jubilación, dado que en sus labores la experiencia y el conocimiento es un valor añadido muy grande. No obstante, fuentes conocedoras del caso aseguran que Ceña iba a ser relevado en el mes de marzo, si bien se quedó hasta el mes de junio ante la explosión de la pandemia. Finalmente, ha dejado el cargo en mayo por su cuenta, sin ser relevado, a modo de protesta.

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Con Ceña, son ya más de cuatro los altos mandos de la Guardia Civil, operativos tanto en el el Gobierno anterior del PP como en otros gobiernos del PSOE, que han sido cesados en sus funciones por el ministro Fernando Grande-Marlaska, que es un buen conocedor de su trabajo dada su faceta de juez durante décadas.

Desde las asociaciones profesionales de policías y guardias civiles han valorado al decisión de Ceña y no han tenido ninguna duda en relacionarlas con el cese de su colega, Pérez de los Cobos, que ayer presentó un informe ante la juez que investiga la gestión de las alertas por el virus antes del 8-M con afirmaciones “demoledoras” contra el Gobierno. La propia juez recordó que el comandante de la Guardia Civil en Madrid hizo lo que debía, al presentar el informe directamente en el juzgado, sin dejar que lo analizara primero el Gobierno, a través del Ministerio de Interior.

Según se ha conocido este mismo martes, el documento que Diego Pérez de los Cobos realizó con su equipo de investigación demostraría a la juez que el Gobierno, a través de su responsable de emergencias sanitarias, Fernando Simón, supo con la suficiente antelación la gravedad de la situación con el virus antes de las grandes marchas del Día de la Mujer. En ese contexto, asegura que el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, contra quien se instruye la querella en el juzgado, pudo frenar o prohibir esas celebraciones por el principio de prudencia, pero no lo hizo.

Esas pesquisas podrían se la base para demostrar la negligencia del delegado del Gobierno y la comisión de un posible delito de prevaricación (tomar una decisión a sabiendas de que es injusta), aunque será complicado que en un juicio se demuestre la relación directa causa-efecto de esa decisión sobre los miles de contagiados que pudieron salir de las marchas del 8-M

El propio Fernando Simón señaló este lunes que, si bien en las marchas del Día de la Mujer no tuvieron una incidencia demasiado amplia, por estar celebradas al aire libre, si pudo haber contagios en el uso masivo de los medios de comunicación que esas celebraciones provocaron.

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Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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