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Tribunales

El centro de coordinación de los Mossos, a las 8:15 del 1-O: “Informad de los movimientos de Policía y Guardia Civil”

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La cúpula de los Mossos intentó entorpecer desde primera hora del 1-O que los agentes de Policía y Guardia Civil cumplieran el mandato judicial de impedir la celebración del referéndum ilegal independentista. Según ha explicado el comisario de Información de la Policía en Cataluña, Manuel Quintela, en su declaración como testigo en el juicio del “procés”, a las 8:15 de la mañana los agentes de la Policía autonómica recibieron del Cecor, el centro de coordinación de los Mossos, una orden muy clara: “Prioridad a todas las unidades: informad de todos los movimientos de Policía y Guardia Civil”.

El mando policial ha ratificado “rotundamente” que en la jornada de la consulta soberanista hubo “seguimientos y observaciones” por parte de los Mossos, pues a partir de ese comunicado inicial “constan una serie continua de comunicados informando del movimiento de nuestras unidades”. De hecho, ha precisado, las escuchas a esas comunicaciones del Cecor han dejado al descubierto que únicamente en Barcelona se produjeron 271 chivatazos alertando de la presencia de “escudos” y “banderines” (palabras clave con las que se referían a policías y guardias civiles) en los centros de votación. En algunos casos, ha añadido, incluso los mossos se dirigieron a los colegios para avisar a los ciudadanos concentrados de la inminente llegada de los agentes. El comisario ha explicado que en esas comunicaciones los mandos del Cecor instaban a los mossos, refiriéndose a la “clave 21”, a “no utilizar los canales de comunicación abierta sino el teléfono”.

El testigo ha referido diversas actuaciones bajo sospecha de los Mossos para ilustrar lo que, en su opinión, fue una actitud mayoritariamente “pasiva” caracterizada por la “inacción, inadecuación e ineficacia”. “Recibían instrucciones de que se apartaran cuando llegábamos nosotros”. “Y lo siento mucho, porque hay excelente profesionales y algunos estoy seguro de que estaban deseando actuar, pero la verdad es ésta”, ha recalcado. De hecho, el propio jefe de la región policial del Camp de Tarragona les dejó claro que el 1-O harían “lo que la Generalitat nos diga”.

Por lo pronto, ha recordado, ninguno de los 178 requerimientos de refuerzos por parte de los binomios de mossos desplazados a los centros de votación fue atendido por la cúpula del cuerpo. El comisario ha contado incluso que cuando una patrulla de los Mossos interceptó un coche con urnas y pronto los agentes solicitaron refuerzos al verse rodeados, media hora después tuvieron que desistir y marcharse ante la falta de respuesta. “Quisieron actuar y no tuvieron el respaldo de sus compañeros”, ha denunciado.

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Asimismo, ha echado un jarro de agua fría sobre la intervención de urnas por los agentes autonómicos que revelan los comunicados del Cecor -85 en Barcelona capital y 131 en toda Cataluña-, que según ha matizado fueron en realidad “entregas voluntarias” por parte de los ciudadanos una vez cerradas las votaciones.

El mando policial se ha detenido en la situación que se encontraron los agentes al llegar a los colegios. “Aquello estuvo perfectamente organizado”, ha recalcado antes de explicar que “una primera barrera” de ciudadano se interponía ante las unidades policiales para que los que estaban dentro tuvieran tiempo de esconder las urnas. “Había personas responsables”, ha añadido, que dejaban claro a los agentes, una vez estos les avisaban “reiteradamente” de la orden judicial que venían a cumplir, de que “les daba igual y no iban a entregar el material”

El testigo ha defendido la actuación “proporcional de la fuerza” por parte de la Policía, caracterizada por intervenciones “rápidas” porque “nuestro objetivo era el referéndum, y no las personas”. En total, 72 agentes resultaron heridos.

“Tuvimos incidentes en la mayoría de los centros a los que acudimos y los más graves en el colegio Ramón Llull de Barcelona”, donde hubo siete agentes lesionados y un ciudadano perdió la visión en un ojo por el impacto de una pelota de goma. Tras lamentar este hecho, el comisario añadió que la Policía tiene recogidas “cinco agresiones” previas a los agentes de ese ciudadano herido. “Se utilizó la fuerza con toda la mesura posible”, ha insistido. “Sufrimos todo tipo de agresiones, golpes y patadas, a veces por detrás, y hasta lanzamiento de vallas”, ha recordado. “Los funcionarios fueron perseguidos centenares de metros tras ser rodeados y tuvieron que lanzar pelotas de goma”. En un colegio de Torreforta (Lérida), ha explicado, “golpearon con una urna en la cabeza” a un agente y en las Escuelas Pías de Barcelona un mossos se interpuso ante la Policía “con los brazos en cruz” impidiendo su entrada y gritando “¡Dejadlos votar!”. Y ha señalado a la ex consellera Clara Ponsati por “dirigir la resistencia a la actuación policial” en el colegio donde acudió a votar.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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