La confiscación de depósitos de los ahorrantes puede convertirse en la política oficial de España para hacer frente a los gastos derivados de la gestión de la crisis del coronavirus.

Así al menos se desprende de las intenciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, quien ha defendido en Twitter el artículo 128 de la Constitución, que afirma que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general». Su mensaje reproduce íntegramente el primer punto del apartado de la Carta Magna, muy defendido por Unidas Podemos (UP) durante las últimas campañas electorales y desde que empezó la crisis del coronavirus.

El vicepresidente segundo ha adjuntado a su mensaje un vídeo en el que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explica en una rueda de prensa telemática desde La Moncloa que «el Gobierno prioriza el interés general por encima del interés particular».

La ministra ha comparecido este domingo después de que el Gobierno decidiera ayer endurecer el estado de alarma cerrando la actividad no esencial hasta el 9 de abril. «Vamos a salir de esta crisis apoyando, y con más derechos, a los trabajadores, con un tejido productivo más fuerte y cuidando a nuestro pueblo«, asegura Díaz en el vídeo que ha compartido Iglesias junto al 128 de la Constitución.

El pasado 15 de marzo, antes de que entrara en vigor el estado de alarma, Pablo Echenique también defendió en redes sociales el artículo 128. Concretamente, señaló el apartado 2 que apunta a intervenir la economía y la empresa «si así lo exigiese el interés general».

Sin ninguna explicación, el portavoz en el Congreso de UP escribió entonces «128.2» en Twitter. Fuentes de UP explicaron que era una referencia a decretar el estado de alarma y a intervenir en algunos sectores para paliar los efectos negativos de la crisis sanitaria.

«Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general», reza el punto 2 del artículo 128.