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Internacional

EE. UU. amenaza con sancionar a los jueces de La Haya si investigan al país: “Ningún comité de naciones extranjeras nos dirá cómo gobernarnos”

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John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI, con sede en La Haya) si decide investigar a Estados Unidos o Israel, e incluso con tomar medidas en la ONU para restringir los poderes de ese tribunal.

“Si la Corte va a por nosotros, a por Israel u otros aliados, no nos quedaremos callados”, dijo Bolton en su primer discurso formal desde que llegó al cargo en abril.

“Prohibiremos la entrada de sus jueces y fiscales en Estados Unidos. Sancionaremos sus fondos en el sistema financiero de EE.UU., y les procesaremos en el sistema criminal estadounidense. Haremos lo mismo con cualquier compañía o Estado que coopere en una investigación de la CPI contra estadounidenses”, añadió.

Además, Estados Unidos “considerará tomar medidas en el Consejo de Seguridad de la ONU para restringir los amplios poderes de la Corte” y asegurarse de que “no ejerce su jurisdicción contra estadounidenses” o los ciudadanos de aliados de Washington que, como Israel, “no han ratificado el Estatuto de Roma”.

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“Tomaremos nota de si algún país coopera con las investigaciones de la CPI sobre Estados Unidos y sus aliados, y lo recordaremos a la hora de determinar la asistencia económica, militar y de inteligencia” al extranjero, concretó el asesor de Trump.

Bolton, que ha sido uno de los mayores críticos del tribunal de La Haya desde su establecimiento en 2002, aseguró que la amenaza responde a la posibilidad de que la CPI inicie una investigación sobre posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por las tropas estadounidenses en Afganistán.

“Cualquier día, la CPI podría anunciar el comienzo de una investigación formal contra estos patriotas estadounidenses (…). El tribunal nos ha informado de que el fiscal ha pedido que la corte abra una investigación formal, y queríamos dejar claro a la CPI cuál es nuestra posición”, explicó el asesor de Trump.

“Estados Unidos usará cualquier medio necesario para proteger a nuestros ciudadanos y aquellos de nuestros aliados de ser procesados injustamente por esta corte ilegítima -sentenció-. No cooperaremos con la CPI (…). Dejaremos que la CPI se muera sola. Al fin y al cabo, en la práctica, la CPI ya está muerta para nosotros”.

Bolton argumentó que la corte es “ineficaz” y “peligrosa”, y cuestionó la legitimidad de un órgano capaz de procesar a ciudadanos de países que no son parte del Estatuto de Roma -el tratado fundacional de este tribunal-, como es el caso de Estados Unidos e Israel.

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“Ningún comité de naciones extranjeras nos dirá cómo gobernarnos y defender nuestra libertad”, subrayó el funcionario.

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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