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Detenido en Francia el exjefe político de ETA Josu Ternera, tras 17 años huido de la Justicia española

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El exjefe político de ETA José Antonio Urrutikoetxea Bengoechea, «Josu Ternera», ha sido detenido este jueves a primera hora de la mañana en una operación desarrollada por la Guardia Civil y la Dirección General de Seguridad Interior en la localidad de Sallanches, en los Alpes franceses, informa el Ministerio del Interior.

De acuerdo con fuentes judiciales galas, Ternera habría sido arrestado en ejecución de un mandato vinculado con su condena en 2017 a ocho años de cárcel a la que el Tribunal Correccional de París le sentenció por su papel como miembro del aparato político de la banda, y en función de la cual ingresará directamente en una prisión del vecino país.

El etarra ha sido capturado en el parking del hospital de Sallanches, donde al parecer recibía tratamiento por el cáncer que padece, pero se encontraba residiendo en otra localidad muy próxima, Saint Gervais les Bains, también dentro del territorio de Francia y equidistante entre la frontera de Suiza e Italia.

Ternera ha sido conducido a la gendarmería de Sallanches, tras lo cual ha sido llevado a petición propia al centro hospitalario al que se dirigía esta mañana, donde habría sido internado.

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Fuentes próximas a la Seguridad del Estado han subrayado la coincidencia entre este esperado arresto y el reciente fallecimiento el pasado jueves del exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, quien fuera clave en la derrota de la banda, cuya «declaración final» fue anunciada en mayo de 2018, precisamente a través de un comunicado leído por Ternera.

Ternera fue jefe político de la banda terorista ETA y estaba prófugo de la Justicia desde hace 17 años, concretamente desde el 14 de noviembre de 2002, cuando era parlamentario por Euskal Herritarrok, tras haber sido citado a declarar por el Tribunal Supremo por ordenar en 1987 el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en el que fueron asesinados once personas, seis de ellas menores de edad.

Al igual que José Ignacio de Juana Chaos, estaba considerado como uno de los históricos miembros de la banda etarra huidos. Fue uno de los cerebros del atentado del cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. En enero de 2003 fue incluido en la lista de los delincuentes más buscados de Interpol, encabezada por Osama Bin Laden y en la que sólo figuraba otro ciudadano español, Antonio Anglés.

Negociador de ETA

Ternera ha estado vinculado con todos los intentos de negociación desarrollados por la banda terrorista y fue el protagonista del comunicado de mayo del pasado año en el que ETA anunció su disolución.

Aunque sobre el exdirigente etarra pesaba una orden de busca y captura internacional, durante los meses que duró el alto el fuego permanente anunciado por ETA en marzo de 2006 tuvo un papel importante en los contactos que llevaron a la banda terrorista a tomar esa decisión.

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Se sospecha que entre 2005 y 2007 Ternera residió en Oslo (Noruega) bajo amparo del Centro Humanitario Henri Dunant, y abandonó el país escandinavo después de romperse la tregua en junio de 2007. En 2013, algunas fuentes volvieron a situar a Ternera en Oslo, donde junto a otros miembros de ETA habría mantenido contactos con los llamados mediadores internacionales.

Finalmente Ternera y los otros dos miembros de ETA, David Pla e Iratxe Sorzabal, fueron obligados a abandonar el país escandinavo ante la falta de avances en el proceso de desarme de la banda terrorista. Según fuentes de la lucha antiterrorista, probablemente regresó a Francia, donde hoy ha sido detenido.

Con Josu Ternera cae el último líder simbólico que le quedaba a ETA una vez derrotada. Su vida transcurrió entre los cargos de representación pública y la clandestinidad, pero siempre al servicio de una organización en la que ejerció prácticamente todas las funciones.

En ETA desde 1970

Nacido en Miravalles (Vizcaya) el 24 de diciembre de 1950, José Antonio Urrutikoetxea Bengoechea ingresó en ETA a comienzos de 1970 y en mayo del año siguiente se traladó a Francia, donde se incorporó al frente militar.

Una de las primeras acciones con las que se le relaciona fue el asalto en 1973 del polvorín de Hernani (Guipúzcoa) en el que fueron robados 8.500 kilogramos de explosivos posteriormente utilizados en el atentado que acabó con la vida del presidente del Gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco en diciembre de ese año.

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Durante ese tiempo las fuerzas de seguridad le sitúan en el aparato de relaciones internacionales de ETA y, dos años después, en su comité ejecutivo. Tras promulgarse la Ley de Amnistía en 1977 fue detenido en Francia y trasladado a la isla de Porquerolle y puesto en libertad.

Al comenzar la siguiente década se hizo cargo del aparato internacional de la banda, entonces comandada por Domingo Iturbe, «Txomin». La detención de «Txomin» en 1986 y su posterior deportación a Argelia le convirtieron en su sucesor al frente de la banda.

En noviembre de 1988 fue procesado por la Audiencia Nacional en el sumario relativo al hallazgo de armas y documentación de ETA en la cooperativa de muebles Sokoa de Hendaya dos años antes.

Durante las conversaciones que la dirección de ETA y representantes del Gobierno español mantuvieron en Argel en marzo de 1989, fue propuesto como uno de los tres presos representantes de la organización.

El 26 de noviembre de 1990 el Tribunal Correccional de París le condenó a diez años de prisión por los delitos de pertenencia a banda armada, uso de documentación falsa y tenencia ilícita de armas.

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Una vez cumplida la condena fue expulsado y entregado a España el 4 de mayo de 1996 donde ingresó en prisión por orden de la Audiencia Nacional acusado de pertenencia a banda armada y depósito de armas de guerra, en relación con el sumario de Sokoa.

Mientras permanecía en prisión fue elegido diputado autonómico por las listas de Euskal Herritarrok (EH) en Vizcaya en las elecciones autonómicas celebradas el 25 de octubre de 1998, un mes después de que ETA anunciara una tregua indefinida.

Nuevamente la dirección de la banda le designó como uno de sus tres interlocutores en una hipotética negociación con el Gobierno español en octubre de 1999, solo un mes antes de que se rompiera la tregua.

Fue puesto en libertad después de que el Tribunal Supremo estimara el 14 de enero de 2000 que ya había sido juzgado y condenado en Francia por su relación con el proceso de Sokoa.

Jefe del aparato político

El juez Baltasar Garzón apreció en su auto del 30 de abril de 2001 en el que confirmó la ilegalización de la supuesta estructura política de ETA, EKIN, que Ternera era el «máximo responsable» de la banda.

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Tres meses después el magistrado pidió al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que le investigase a Urrutikoetxea en relación con estos hechos.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió en enero de 2002 que fuera imputado por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, cuando ETA estaba dirigida «de forma absoluta» por él.

Debido a su condición de parlamentario, esta decisión correspondió al Supremo, por lo que este tribunal le citó el 6 de noviembre de 2002 y al no comparecer el 14 de noviembre, fecha en la que tampoco se presentó.

El juez ordenó entonces su ingreso en prisión incondicional y dictó una orden de busca y captura internacional contra él. Desde entonces, permanecía en paradero desconocido.

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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