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Internacional

Daniel Ortega nombra a su suegro como jefe de la policía.

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Un mes y medio después de lo establecido por la ley, el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, nombra de forma oficial a su consuegro Francisco Díaz en el cargo de titular de la Policía, que ya había asumido desde hace mucho tiempo. De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 872, Ortega debió nombrar a Díaz el 5 de julio pasado.

A su vez Ortega pasa por alto las sanciones establecidas justamente el mismo 5 de julio pasado por el Gobierno de Estados Unidos, que incluyó a Díaz entre los allegados al régimen sancionados con la Ley Magnitsky, la cual castiga a personas señaladas de incurrir en actos de corrupción o involucradas en violaciones a los derechos humanos.

Human Rights Watch además expuso que “estas promociones demuestran que la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para frenar la represión del régimen de Ortega, incluyendo a través de una sesión especial en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.

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El nuevo director de la Policía fue señalado de que bajo su mando se han cometido graves violaciones a los derechos humanos contra los nicaragüenses que se han manifestado en contra del Gobierno de Nicaragua desde el 18 de abril.

De esta manera, el 5 de septiembre próximo, Díaz deberá recibir el bastón de mando de manos de la primera comisionada Aminta Granera, quien según un acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial La Gaceta fue pasada a retiro, aunque desde el pasado 27 de abril se conoció su renuncia, sobre la cual el Gobierno guardó silencio y que con esto concluyó un período de siete años de dirigir de facto y a medias la Policía Nacional y que avaló muchos abusos policiales.

” Si bien en la última década la Policía Nacional ha presentado un grave deterioro en su institucionalidad, la reforma legal que sufrió esta institución y la promoción de Francisco Díaz y Ramón Avellán significan que esta institución funcionará principalmente para defender los intereses del régimen”. Uriel Pineda, especialista en derechos humanos.
Para la especialista en temas de seguridad Elvira Cuadra, “su salida silenciosa no evade la responsabilidad que tiene sobre las actuaciones de la institución durante su mandato”.

En el diario oficial de Nicaragua, La Gaceta, además son confirmados en sus cargos como subdirectores generales de esa institución el comisionado general Adolfo Noel Marenco y el comisionado general Ramón Avellán, quien lideró los ataques a los manifestantes en Masaya.

La organización Human Rights Watch reaccionó este jueves a la decisión de Ortega, de ascender oficialmente como director a Díaz y confirmar como subdirector al comisionado general Avellán.

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“La decisión de Ortega de ascender a estos dos oficiales es otra evidencia de la brutalidad de su gobierno”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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