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Cuando Grande Marlasca se convirtió definitivamente en el epítome del traidor: Ahora obliga a los agentes de la Guardia Civil a rendir cuentas a los Mozos de Cuadra

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Fernando Grande-Marlaska continúa echando más leña al fuego en su relación con los agentes de la Guardia Civil. El último episodio, que se suma a la larga lista de desavenencias entre ambos, ha sido entorno a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana bajo la que operan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En concreto, la polémica se centra en una nueva disposición que ha aprobado el PSOE junto a su socio de Gobierno, Unidas Podemos, y a los partidos nacionalistas, ERC, PNV y Bildu. Esta enmienda recoge que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y en especial la Guardia Civil deberán coordinarse, a partir de ahora, con las policías autonómicas para llevar a cabo cualquier control de carreteras y otras infraestructuras viarias. Una cuestión que no ha dudado en denunciar la portavoz de Interior del Partido Popular, Ana Vázquez, quien ha calificado esta medida como «el último ataque de Marlaska a la Guardia Civil». Y es que, el ministro del Interior, con esta medida, obliga a la Guardia Civil a rendir cuentas ante los Mossos.

La política del Partido Popular no ha dudado en utilizar su cuenta de Twitter para explicar la última medida que ha decidido tomar el Gobierno juntos sus socios nacionalistas. El Partido Socialista Obrero Español, Unidas Podemos, EH Bildu, ERC y PNV presentaron una enmienda que se ha incluido en la nueva reforma que se pretende llevar a cabo de la Ley de Seguridad Ciudadana en la que lleva tiempo trabajando. De esta forma, Ana Vázquez ha calificado este esta iniciativa como «el último ataque de Marlaska a la Guardia Civil». Además, ha añadido que están aprovechando dicha normativa para «ceder al independentismo».

En concreto, la nueva disposición que han incluido, a la que ha tenido acceso MONCLOA.com, reza: «Se tendrán en cuenta los principios de cooperación recíproca y coordinación entre ellas, a través de los órganos competentes, a fin de que las facultades respecto al tráfico y la seguridad vial de otros servicios públicos de seguridad puedan desempeñarse sin merma de su eficacia, sin perjuicio del ejercicio efectivo de las competencias correspondientes a cada Fuerza o Cuerpo actuante». La portavoz en materia de Interior del Partido Popular ha destacado que la idea del Gobiernos pasa por que los controles viales de seguridad ciudadana se coordinen con los cuerpos competentes de Tráfico en cada región. Lo que supone tener que coordinarse con los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintz y el Foral de Navarra.

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«MEZCLAR COMPETENCIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁFICO ES UNA BARBARIDAD»

Así, Ana Vázquez ha explicado que si los agentes de la Guardia Civil quieren hacer un control de seguridad ciudadana tienen que coordinarse con los Mossos d´Esquadra u otras policías autonómicas. Esta política ha puesto como ejemplo la búsqueda de narcotraficantes o terroristas. En este sentido, asegurado que «mezclar competencias de seguridad ciudadana y tráfico es una barbaridad».

Por otra parte, la secretaria de interior del grupo popular ha explicado que esta medida supone, además, otra ampliación de competencias de los cuerpos autonómicos. «Si se establece un control parece elemental que se haga con absoluta discreción y que las competencias de tráfico se subordinen a esa finalidad de seguridad ciudadana», ha añadido Ana Vázquez. Sin embargo, parece ser que Fernando Grande-Marlaska pretende conseguir todo lo contrario que sean los agentes de la Guardia Civil lo que rindan cuentas ante los agentes regionales.

Y es que, esta no es la primera vez que el titular del Interior ha beneficiado los cuerpos armados autonómicos por encima de los nacionales. Tanto el salario como la jubilación y, en general, las condiciones laboral distan mucho entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las que dependen de las comunidades autónomas. A ello se suma también el hecho de que Fernando Grande-Marlaska decidió prescindir de la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra y todo para cumplir con las exigencias de EH Bildu. Ahora, con la nueva medida incluida en la Ley de Seguridad Ciudadana vuelve a sucumbir a las exigencias de las formaciones nacionalistas.

ESTA NO ES LA PRIMERA VEZ QUE FERNANDO GRANDE-MARLASKA BENEFICIA A LOS POLICÍAS AUTONÓMICOS

Las principales asociaciones profesionales de la Guardia Civil criticaron la decisión del Gobierno y del ministro del Interior, de «prescindir» de los agentes de Tráfico que operan en la delegación de Navarra y sucumbir a los «chantajes» de EH Bildu a cambio de que la formación apoyara al Ejecutivo de Pedro Sánchez con los Presupuestos Generales del Estado de 2023. La portavoz de la formación abertzale, Mertxe Aizpurua, destacó que el Gobierno se había comprometido con EH Bildu a transferir la competencia de Tráfico a Navarra antes del 31 de marzo de este año 2023, dentro de un acuerdo que, en materia de Memoria Democrática, incluye homenajear a los fallecidos en Vitoria en 1976 en un desalojo de la Policía. Por su parte, la Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL) recordó que la transferencia de dicho departamento afectaría de forma directa a unos 220 agentes del instituto armado, aproximadamente.

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Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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