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Sociedad

«Crimental» o crimen de pensamiento ya es una realidad en Reino Unido: mujer es detenida por pensar

Redacción

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En la novela 1984, situada en Reino Unido, George Orwell advertía que, en el futuro, pensar sería un crimen. Isabel Vaughan-Spruce fue detenida en Birmingham por estar rezando en sus pensamientos cerca de una clínica de abortos

La profecía de George Orwell se volvió real al ser arrestada en Reino Unido Isabel Vaughan-Spruce por estar rezando en sus pensamientos, lo que constituye un crimental tal como lo planteaba en su novela 1984. (ADH)

La policía enfrentó a una mujer en Inglaterra, la interrogó para saber qué estaba pensando y la arrestó. De acuerdo con el oficial a cargo, ella violaba el nuevo mandato de la ciudad de Birmingham. La Orden de Protección del Espacio Público (PSPO, por sus siglas en inglés) incluye impedir cualquier manifestación a 150 metros de una clínica de abortos. Se cumple la profecía de la obra 1984 de George Orwell. El autor advirtió que en el futuro, cuando los socialistas tengan el poder, controlarían hasta el pensamiento en Inglaterra y el mundo. El caso actual deja un precedente de crimental en el Reino Unido con una mujer detenida por pensar.

«¿Estás rezando?», le increpó un policía a la mujer.

«Podría estar rezando en mi cabeza», respondió ella.

La mujer fue requisada por una agente femenina. Le tantearon sus bolsillos vaciados, hasta el cabello le revisaron. Luego fue introducida en una patrulla policial. Se trata de Isabel Vaughan-Spruce, directora de la ONG 40 Días por la Vida, capítulo Birmingham. Es una iniciativa internacional, compuesta predominantemente por mujeres que rezan por el fin del aborto. Vaughan-Spruce se ha destacado en su comunidad por apoyar a madres e hijos en situación vulnerable.

 

«Hasta dónde puede llegar el Estado»

“Ningún ciudadano debe ser criminalizado por una actividad legítima y pacífica, eso incluye la oración. El caso de Isabel demuestra hasta dónde puede llegar el Estado si no protegemos atentamente los derechos y las libertades fundamentales”, dijo en un comunicado Lois McLatchie, responsable de comunicación escocesa de ADF UK.

“Los políticos en Westminster y Holyrood deberían tomar nota al considerar implementar esta medida de censura en todo el país. Si realmente valoramos las libertades civiles y los derechos fundamentales, debería ser inconcebible que la ley permita que lo que le pasó a Isabel vuelva a suceder. Y mucho menos que ocurra con el respaldo de nuestros representantes electos, ni que se despliegue a nivel nacional”, agregó.

Implicaciones para la libertad personal son aterradoras

El portal libertario británico Spiked hace un llamado a la conciencia, más allá de la postura frente al aborto. «Cualquiera que sea su punto de vista sobre el aborto, incluso si está fuertemente a favor del aborto, todo este episodio debería preocuparle inmensamente. Es aterrador lo que implica para la libertad personal. Si un arresto por oración silenciosa no es un caso de ‘crimen de pensamiento’ orwelliano, entonces no sé qué lo es», aseguran.

Spiked advierte que las restricciones establecidas en la PSPO le dan a la policía un amplio margen para silenciar a los activistas que se manifiestan públicamente. La policía puede pedir información personal, como el nombre y el domicilio. Los presuntos infractores de las reglas también pueden ser arrestados, multados o evacuados de un lugar.

Después del arresto de Isabel Vaughan-Spruce las cosas empeoraron. Se le prohibió participar en oraciones públicas, incluso fuera de los límites de la PSPO. Le prohibieron además tener contacto un sacerdote católico local activo en el movimiento provida. Aunque esta condición se eliminó desde entonces. «Nadie debería estar sujeto a restricciones tan draconianas en su expresión», exclama el portal.

«Nadie debe ser criminalizado por la práctica inofensiva de su fe»

“Podemos concluir con seguridad que nuestros derechos y libertades fundamentales están en peligro si se considera que un registro de cabello es ‘razonablemente necesario’ por un presunto delito de oración, incluso oración en silencio”, lamentó Jeremiah Igunnubole, asesor legal de ADF UK.

“Es crucial que la experiencia de Isabel se mantenga firmemente en la mente de los parlamentarios. Nadie debe ser criminalizado por la práctica pacífica e inofensiva de su fe, y mucho menos por sus pensamientos”.

Los provida podrían enfrentar dos años de cárcel en Reino Unido

La persecución podría aumentar. Actualmente está en discusión en el Reino Unido establecer zonas de censura alrededor de las instalaciones de aborto en Inglaterra y Gales. La cláusula 9 del Proyecto de Ley de Orden Público, en debate parlamentario, prohibiría a los voluntarios provida “influir”, “aconsejar”, “persuadir”, “informar”, “ocupar espacio” o incluso “expresar opinión” en las inmediaciones de una instalación donde se practican abortos.

Aquellos que infrinjan las reglas podrían enfrentar hasta dos años de prisión. Una legislación similar ya existe en España. Los primeros procesados por esta razón fueron un par de ancianos que entregaron un folleto a una mujer que entró a una clínica de abortos y desistió de abortar al recibir la información. Aunque la mujer habló en defensa de los ancianos, la justicia prosiguió con el proceso en su contra.

Lo que pasó en Birmingham va incluso un paso más allá. Las autoridades instituyeron el crimental en el Reino Unido al llevar detenida a una mujer cuyo delito era rezar en sus pensamientos. Ella no hizo nada más que estar de pie, en silencio, con los ojos cerrados. A lo cual activistas provida respondieron: «Eso demuestra que saben el poder de la oración».

Grandes activistas por aborto, incluso directoras de Planned Parenthood, han renunciado y han pedido ayuda a las personas que rezan afuera de las clínicas para salir de este negocio. Los casos más destacados son los de Abby Johnson y Mayra Rodríguez.

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España

«Alvise» Pérez emite una nota de prensa exigiendo la participación de la Armada Española en el Estrecho

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Nota enviada a los medios, que reproducimos TEXTUALMENTE (No como otros):

 

Alvise Pérez exige que la Armada Española coordine todas las fuerzas de seguridad para erradicar el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar

Alvise Pérez, eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta, ha exigido que la Armada Española asuma de inmediato el mando operativo de todas las fuerzas de seguridad implicadas en la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar. La propuesta incluye la creación de un canal único de información y la coordinación directa desde el Mando Operativo Marítimo para acabar con la fragmentación de competencias que, según Pérez, «solo beneficia a las mafias».

Pérez, que está llenando sus listas de Coroneles, Generales, Capitanes y Altos Cargos del Ejército de España, Policía y Guardia Civil, ha subrayado así la propuesta planteada por el comandante del patrullero Isla de León, Jaime Garat, quien reclamó que la Armada aglutine y lidere todos los esfuerzos contra el narcotráfico en la zona. «Tiene toda la razón. Antes de 1991, la Armada vigilaba las costas con lanchas rápidas y eficacia. Desde que se creó el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, lo que hay es un reparto de competencias que solo ha traído caos, burocracia y debilidad», ha explicado Pérez.

«Los narcotraficantes saben que, mientras Guardia Civil, Policía, Aduanas y otros cuerpos compiten entre sí y comparten información a cuentagotas, ellos tienen vía libre. La Armada no está atada por intereses políticos ni sindicales: está preparada, tiene medios, tiene autoridad y tiene la voluntad de actuar. Que se le dé el mando ya», ha exigido.

Alvise Pérez ha anunciado que llevará esta propuesta al Parlamento Europeo y a otras fuerzas políticas, y ha emplazado al Gobierno a dejar de esconderse. «Si Pedro Sánchez no adopta esta medida inmediata, estará permitiendo que las mafias sigan controlando el Estrecho. Es simple: o gobiernan ellos, o gobernamos nosotros».

Y ha concluido: «Quien controle el Estrecho, controla el sur de España. Y mientras siga siendo tierra de nadie, los que pierden son los ciudadanos honestos del Campo de Gibraltar. El Estado no puede permitirlo ni un día más».

Fin de la nota.

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