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Internacional

Comienza la batalla legal contra el aborto en Argentina por inconstitucional y genocida

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El presidente Alberto Fernández, durante el acto de promulgación de la ley de aborto en Argentina el 14 de enero de 2021. /Casa Rosada
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Los provida consideran que “se está impulsando el exterminio generalizado y sistemático de seres humanos inocentes mediante el crimen del aborto”. La ley del aborto fue aprobada el pasado 30 de diciembre en el Senado, tras una tramitación exprés contra el sentir mayoritario de los argentinos.

La Ola Celeste protagonizada por los grupos provida en Argentina no se diluye tras la aprobación en el Senado el pasado 30 de diciembre y la promulgación este jueves de la ley del aborto. Muy al contrario, no han dejado pasar ni unos días para hacer frente a esta ley.

La Fundación Más Vida, que también es impulsora del Partido Celeste, presenta este viernes una acción de amparo ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal en el momento en que se publique oficialmente la norma que permite el aborto libre hasta la semana 14 de vida prenatal del bebé y prácticamente durante los nueve meses de gestación si el embarazo inesperado es consecuencia de una violación o su se alega peligro para la salud de la madre.

La ley también tiene implicaciones contra la libertad de enseñanza y el desempeño profesional del personal sanitario, al que se le niega la posibilidad de ofrecer alternativas al aborto.

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Esta acción pretende que se decrete la inconstitucionalidad de la norma porque sus preceptos «atentan contra normativas de orden nacional y constitucional, que reconocen el derecho a la vida desde la concepción», tal y como ha explicado Claudio Venchiarutti, abogado de la fundación.

Venchiarutti, que también es secretario general del Partido Celeste, subraya que «el reconocimiento de la existencia de la persona humana desde la concepción, dispuesta en el Código Civil, ingresó en el bloque de constitucionalidad en mérito a la jerarquía otorgada a la Convención Americana sobre Derechos Humanos» después de la reforma constitucional del año 1994.

En paralelo a esta acción de inconstitucionalidad, se prepara una querella penal contra el Gobierno de Alberto Fernández por genocidio al entender que «se está impulsando el exterminio generalizado y sistemático de seres humanos inocentes mediante el crimen del aborto, investido ahora de legalidad. Tal proceder resulta a todas luces un crimen de Estado», explica el abogado en declaraciones recogidas por Clarín.

El ministro de Sanidad, Ginés González García reconoció sin pretenderlo que en efecto, se trata de un exterminio al afirmar, el pasado mes de diciembre contra toda evidencia científica, que en un embarazo no hay dos vidas (madres e hijo) sino solo una: «Claramente es una sola vida y lo otro es un fenómeno. Si no, estaríamos ante el mayor genocidio universal«.

 

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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