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Sociedad

Celaá justifica su rechazo al «pin parental» en que los «hijos no pertenecen a los padres»

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La ministra de Educación Isabel Celaá, la Ministra Portavoz y de Hacienda María Jesús Montero y la ministra de Igualdad Irene Montero, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros
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El Gobierno ha remitido a la Consejería de Educación de la Región de Murcia un requerimiento para retire de las instrucciones enviadas a sus centros educativos a principio de curso el uso del «pin parental». Así lo señaló este viernes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que participó también la ministra de Educación Isabel Celaá y la de Igualdad, Irene Montero.

Celaá ha asegurado que el «”pin parental” vulnera el derecho fundamental de los niños a ser educados. Es un instrumento de censura educativa que no podemos tolerar en nuestras escuelas». Ha cuestionado que se trata de una medida que «contraviene las competencias del centro educativo». Desde el Gobierno reclaman «que la legalidad se restablezca» y se proceda a la retirada de este instrumento.

Según la ministra de Educación, este derecho fundamental a la educación pertenece a cada persona desde su nacimiento por lo que considera que «no podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres».

El Ministerio de Educación envió ayer un comunicado en el que anunciaba que recurriría por la vía judicial «cualquier iniciativa dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado» en relación al uso del «pin parental» por parte de la Región de Murcia.

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Celaá ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que si se implantara el «pin parental», «podríamos llegar a absurdos tales como un grupo de padres antivacunas para que los niños no se educaran sobre la efectividad de las vacunas».

«Padres homófobos»

Además, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado al respecto que va a solicitar su comparecencia a petición propia en el parlamento porque entienden que el pin parental supone «una ruptura del Pacto de Estado» contra la violencia de género. Montero lo ha definido como un elemento de «censura educativa» porque cuestiona la libertad de enseñanza en determinados valores a los niños cuyos padres sean «machistas» y «homófobos».

«Los hijos y las hijas de padres homófobos tienen el mismo derecho a ser educados en que tienen el derecho de amar a quien quiera y a ser educados en libertad en el feminismo y la igualdad», ha señalado.

También ha afirmado que la educación es «uno de los pilares de nuestra democracia» y que espera «que las fuerzas políticas de la derecha no se dejen llevar por Vox.

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Vox, detrás de la propuesta

El «pin parental» es una medida promovida por Vox y que ha permitido al gobierno de coalición de Murcia formado por PP y Ciudadanos desbloquear los presupuestos de 2020. También se ha exigido para desbloquear los presupuestos de Andalucía aunque en esta última aún no se ha implantado. El consejero andaluz de la Presidencia, Elías Bendodo, denfedió «derecho a decidir» de los padres y aseguró que cuando se concrete la medida será «dentro» del marco legal y de la ley de Educación.

En Madrid, donde podría repetirse la situación, el consejero de Educación e Investigación, Enrique Ossorio, ha dicho que el Gobierno regional está «abierto» al «pin parental». Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que «cualquier medida» como el pin parental le parece «adecuada y acertada» para «garantizar el derecho fundamental» de los padres a educar a sus hijos «libremente», informa Efe.

Y el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, ha asegurado que no se ha dado «ningún paso» en Madrid para implantar el pin y ha señalado que el partido deberá presentar en la Asamblea una ley si quiere cambios normativos al respecto.

En medio de la polémica, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha negado este viernes que haya pactado ese tema en Murcia o en cualquier otra comunidad donde gobierna con PP y el apoyo de Vox.

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«Siempre hemos votado en contra cuando se ha planteado. Es un mensaje erróneo porque no aceptamos ese concepto», ha asegurado Bal en una rueda de prensa en el Congreso al explicar que el acuerdo al que han llegado en Murcia con Vox o en Andalucía es que en materia de enseñanza se deberán cumplir “los principios constitucionales con respecto a la educación y los derechos de los niños y de los padres».

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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