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Bolivia sospecha de los lazos de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez con Maduro y Evo Morales

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CL/Agencias.- Bolivia ha sido hasta hace muy poco parte del cinturón de países bolivarianos, que le hacen el caldo gordo a la Venezuela de Maduro y la Cuba de los Castro. Gente que, por cierto, ha financiado en España el nacimiento del partido Unidas Podemos. Tras el reciente cambio de Gobierno y de régimen, el ejecutivo de La Paz está especialmente atento a los elementos que dirigían la política pro chavista, algunos de los cuales, puesto que están perseguidos por la Justicia de Bolivia, se han refugiado en la embajada de México. Parece que la encargada de negocios de España, Cristina Borreguero, conocía a la embajadora de México, María Teresa Mercado, y se fue a visitarla con una escolta armada, unos GEO encapuchados. La policía boliviana, que custodia la embajada, y los vecinos de la zona, se alarmaron por la visita de la española y la acusaron de querer sacar de la legación mexicana a alguno de los refugiados, entre ellos cinco exministros de Morales y el ex fiscal general.

El imprudente encuentro entre la española y la mexicana se produjo acompañada del cónsul de España en La Paz, Álvaro Fernández, y sin conocimiento de la ministra de Exteriores, Margarita Robles.

El incidente se ha saldado con graves acusaciones del nuevo ejecutivo boliviano al Gobierno de España, y concretamente a Podemos y el PSOE, porque los actuales dirigentes bolivianos sospechan de los lazos de Pablo Iglesias o Pedro Sánchez con Maduro y Evo Morales.

PP y Vox han protestado por el incidente y exigido la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Congreso, cosa a la que ésta ha accedido. El Ministerio enviará una misión a Bolivia con el propósito de investigar lo sucedido y emitió ayer una nota aclarando que la visita diplomática española era únicamente de cortesía. Al parecer, la embajada española en Bolivia ha realizado algunos acompañamientos de personas afines al Gobierno de Evo Morales hasta la frontera argentina, pero sin que existieran cargos contar ellas y con el visto bueno de las autoridades bolivianas.

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Bolivia avisa a España: “Que sea la última vez que se violen normas internacionales y de cortesía diplomática”

Vista de la Embajada mexicana con presencia policial, en La Paz (Bolivia).

La ministra de Asuntos Exteriores en funciones de Bolivia, Karen Longaric, ha remitido una nota oficial a su homóloga española, Margarita Robles, en la que la insta a “que sea la última vez que su Gobierno permita (que) se violen normas internacionales” en relación al incidente del pasado viernes, cuando policías bolivianos impidieron a dos coches diplomáticos españoles entrar en la Embajada mexicana en La Paz.

“Esperamos que sea la última vez que su Gobierno permita (que) se violen normas internacionales y de cortesía diplomática”, ha apuntado la nota, que traslada la protesta “enérgica” por el “atropello”, según recoge la agencia de noticias boliviana Fides.

Longaric había denunciado previamente que “personas que han sido identificadas como funcionarios de la Embajada de España en Bolivia, acompañadas por personas con el rostro cubierto, intentaron ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia diplomática de México en La Paz”.

La ministra ha manifestado que “las acciones del personal de la Embajada de España vulneran la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas” y ha recalcado que “el personal diplomático y de seguridad de la Embajada de España en Bolivia no tiene autorización para portar armas de fuego ni usar atuendos que oculten su identidad”.

La ministra ha afirmado además que el Ejecutivo boliviano “sabrá dar la respuesta que corresponde en un caso de tamaña ofensa a la soberanía de Bolivia”.

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Dentro de la Embajada mexicana se encuentran aproximadamente diez antiguos dirigentes del Movimiento Al Socialismo del expresidente Evo Morales en calidad de asilados políticos, cuatro de ellos con orden de aprehensión. Son el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana; la exministra de Culturas Wilma Alanoca; el exgobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez y el exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) Nicolás Laguna.

 

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España

Viva la democracia española. El librero Pedro Varela podría pasar 12 años en prisión por vender libros que no gustan a la canalla roja prohibicionista

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Su delito: discrepar de la versión oficial y tener sus propias opiniones, tras años de investigación y estudios, acerca de los hechos acontecidos en los territorios ocupados por los alemanes durante la II guerra mundial. El arma del delito: los libros que se apilaban en su librería de la calle Séneca de Barcelona, en el barrio de Gràcia, y que llevan la firma de autores que han sido severamente estigmatizados por atreverse a contrapuntar el punto de vista oficial sobre aquel período histórico. Su nombre, Pedro Varela Geiss. Hasta sus más feroces detractores mediáticos; es decir, casi todos, reconocen en él virtudes ciclópeas que están en peligro de extinción. Es austero, políglota, amante de los deportes de montaña, posee una sobresaliente cultura, desprecia el dinero, vive en la casa familiar, ha optado por la castidad, es cristiano practicante y ha clavado una bandera en una trinchera donde pone: “Me quedó aquí, es mi decisión, venid a por mí”.

Durante una de sus intervenciones para exponer su credo, dijo: “Aquí estoy. Si la gente no tuviese interés por saber lo que pasó en el Tercer Reich yo ya habría cerrado. Donde hay demanda, hay mercado y donde hay mercado hay producción. ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Enviarme a Marte? ¿Meterme en un psiquiátrico? Después de toda una vida no puedo decir ahora: “vale, me creo lo del holocausto”.

En 2017, el mismo año del golpe  independentista promovido por los mismos líderes que han sido indultados y amnistiados, se precintó la Librería Europa, se requisaron 15.000 libros, se detuvo a cuatro personas, se efectuaron varios registros domiciliarios, se confiscaron ordenadores y equipos de grabación y se apoderaron de su dinero.

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Empieza el juicio a Pedro Varela

El juicio al librero Pedro Varela y a cuatro responsables más de la Librería Europa, ya cerrada en la capital catalana, acusados de difundir discurso de odio con los libros que ofrecían, ha empezado este martes en la Audiencia de Barcelona.

La primera jornada estuvo dedicada a las cuestiones previas y a los interrogatorios de los acusados, y la previsión es que el juicio dure un total de ocho sesiones repartidas hasta el 29 de mayo.

La Fiscalía reclama una condena de 12 años de cárcel para Varela y de ocho para el resto, todos por delitos contra los derechos fundamentales, organización criminal y asociación ilícita, y había un acusado más pero murió durante la instrucción de la causa.

En el juicio al fundador del Círculo Español de Amigos de Europa (Cedade) también son acusaciones populares el Ayuntamiento de Barcelona, la Federación de Comunidades Judías de España y el Movimiento contra la Independencia.

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Varela y los otros acusados formaban parte de una asociación cultural que contaba con su propia editorial, Ediciones Ojeda, vendían las publicaciones por internet y en la Librería Europa, y organizaban conferencias, todo con la intención de difundir “una línea de pensamiento basada en la cultura del odio supremacista y de animadversión y segregación racial contra lo que ellos consideran como ‘razas inferiores’”, según la Fiscalía.

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