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Sociedad

Ayuso está dispuesta a ir a los tribunales frente a los que quieren cercenar el derecho a la libertad educativa

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que está dispuesta a ir a los tribunales si el posible Gobierno central que tratan de conformar PSOE y Unidas Podemos trata de “cercenar” el derecho a la libertad educativa amparada en la constitución.

Así lo ha detallado durante su intervención en el XV Congreso Nacional de Escuelas Católicas donde ha recalcado que la educación concertada no va a sufrir ningún tipo de modificación en la Comunidad de Madrid, porque es un modelo que contribuye a la “diversidad, calidad y riqueza” de la oferta de enseñanza en la región.

Ayuso ha comenzado su intervención aludiendo a las polémicas declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Celaá, cuando en el mismo foro dijo que “de ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza” que emana del artículo 27 de la Constitución.

En este sentido, la presidenta regional ha lamentado las “voces contrarias a la libertad de enseñanza” y entienden la educación “como un laboratorio para enseñar la ingeniería social y el adoctrinamiento”, unas palabras que han generado aplauso entre los asistentes al congreso.

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Además, ha desgranado que esas voces son las mismas que “abanderan que los ciudadanos tienen que ser tutelados” y que a la gente hay que “ponerle una forma de pensar y un único modelo educativo”, dentro de su “falso mantra de la igualdad en resultados”.

“Son los mismos cuyos modelos sociales han llegado a la desgracia a tantas personas y han causado tanta miseria y tanto odio”, ha espetado Ayuso para confrontar su postura a favor de fomentar ciudadanos “libres” y que éstos lleguen “tan lejos como su esfuerzo y su capacidad les permitan”.

Sobre Celaá ha recordado que el pasado jueves “cuestionó” el derecho fundamental de libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, una garantía que la Constitución otorga a las familias.

“Soy consciente de que esas afirmaciones son de extrema gravedad y preocupan mucho a toda la comunidad educativa. Además ahora mismo coinciden con la formación de un nuevo gobierno de la nación y podría ser el anuncio de una nueva política educativa”, ha lanzado Ayuso.

Por ello, ha querido subrayar que la Comunidad de Madrid va a defender el derecho de los padres a la libertad de centro y del modelo de enseñanza que quieran para sus hijos.

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“La ley está con esa libertad y ningún poder político, sea del signo que sea, puede cercenar ese derecho de elegir de las familias y si lo hiciera, el gobierno de la Comunidad de Madrid utilizará todos los instrumentos jurídicos que ofrece el estado de derecho para anular cualquier normativa que quiera cercenar este derecho que brinda la carta magna”, ha remachado la presidenta regional.

Además, Ayuso ha reivindicado a Madrid como “espacio de libertad”, algo que se puede apreciar en la sanidad o la educación, con políticas que en el ámbito de la enseñanza han permitido que el 93,7 por ciento de las familias hayan obtenido el centro elegido en primera opción a la hora de efectuar la matriculación de sus hijos.

A su vez, ha apuntado que “están orgullosos” de un modelo educativo que destaca por su “gran diversidad, calidad y riqueza”, constituyendo una parte importante para lograr esas cualidades la labor de los 557 centros concertados de la región.

En esta línea, Ayuso ha indicado que el 30 por ciento de los alumnos estudian en centros concertados, el 55 por ciento en la educación pública y el restante 15 por ciento en la enseñanza privada.

“La educación concertada no se va a modificar en la Comunidad de Madrid y los padres van a seguir eligiendo el centro y la educación que quieren para sus hijos tal y como me he comprometido en mi programa electoral”, ha ahondado.

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También lo va a hacer para todos los modelos educativos, citando el caso del bachillerato de excelencia que es cuestionado por el “falso mantra” de la igualdad de resultados y para la educación especial, con voces que por “desconocimiento o por irresponsabilidad” cuestionan que las familias elijan el centro que consideran “mejor para sus hijos”.

“Estoy muy agradecida a la educación concertada”, ha dicho la presidenta regional para apuntar, ahora que está “amenazada” por posturas como la de la ministra de educación, aporta “calidad” a la transmisión de conocimientos, incrementa la innovación y aumenta la riqueza de la oferta de enseñanza.

ENSALZA LA LABOR DE LAS ESCUELAS CATÓLICAS

También ha loado el trabajo de la escuela católica que “prima el esfuerzo” y la “autoridad del maestro”, aparte de ahondar en el conocimiento de las nuevas tecnologías.

“La escuela católica educa en valorar, educar en la vida es educar en libertad”, ha apuntado para ensalzar también esa visión “trascendente” de la vida con la difusión de valores importantes y a veces “perseguidos” como la “caridad”, el pensar “en el más débil”, la “redención”, la “libertad” y el “perdón”.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid cree que parte de esos valores se están perdiendo. “No vamos a permitir que se sigan perdiendo estos valores porque detrás de ellos está el discurso del odio y frente al discurso del odio, yo quiero transmitir el discurso del amor. No podemos permitir que se pierdan esos valores”, ha zanjado.

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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