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AYUSO ES «DERECHITA COBARDE». Primer ‘bluf’ de Díaz Ayuso en educación: colegios concertados sí pero adoctrinamiento LGTBI de los niños, TAMBIÉN.

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La libertad de enseñanza no consiste en defender a los empresarios del sector, sino en defender el derecho de los padres para decidir qué educación quieren para sus hijos.

La Comunidad de Madrid fue protagonista de la ballata educativa contra la ley Celáa por el golpe de mano de Isabel Díaz Ayuso, que meses atrás anunció que blindaría la enseñanza concertada en Madrid, «al menos hasta 2027».

Ahora, se conocen más detalles sobre el borrador del anteproyecto de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid que -según publica El Mundo- condensa toda la rebelión frente a Celaá. Según explican en la Consejería de Educación, se encuentra en fase de estudio de las alegaciones recibidas y a la espera de ser aprobado por el Consejo de Gobierno. La idea es remitirlo a la Asamblea regional para que esté listo antes de final de año.

Estos son los puntos de la norma autonómica que chocan con la Ley Celaá:

La Lomloe quitó la «demanda social» que protegía a los centros concertados en los tribunales ante posibles cierres de unidades por la Administración autonómica. La Ley Ayuso recupera esa coraza al señalar que se «garantizará en cualquier caso la existencia de plazas suficientes para las enseñanzas declaradas gratuitas por la ley, teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social».

La Ley Celaá apuesta por la escolarización de proximidad y lo considera un criterio prioritario frente a otros a la hora de la admisión. La Ley Ayuso aboga precisamente por lo contrario: que los alumnos puedan escoger cualquier colegio del municipio aunque vivan lejos. Es lo que llama el distrito único, enmarcado dentro de «la libertad de las familias para elegir sin que el lugar de residencia sea una limitación para el ejercicio de esa libertad».

-La Lomloe acaba con las subvenciones a los colegios que separan por sexos. Es un punto de controversia claro con las regiones gobernadas por el PP, que defienden que este modelo tiene derecho a existir; entre otras cosas, porque está avalado por el Tribunal Constitucional.

Respecto a la educación especial, recoge El Mundo, si la Lomloe declara que es la Administración la que decide a qué tipo de colegio va el alumno, tras ser «preceptivamente oídos e informados los padres», la Ley Ayuso incide en que esta decisión sólo podrá tomarse «previo acuerdo con la familia». En la ley estatal los padres son escuchados pero la última decisión la tiene la comunidad autónoma. En la ley autonómica, nada puede hacerse sin la «autorización» de los progenitores.

Además, según el mismo diario, esta ley podría ser fuente de inspiración del resto de regiones gobernadas por el PP, dado que la influencia de Ayuso ha pasado ahora a ser determinante en el rumbo político de este partido, tras su victoria en las elecciones del 4-M. Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla y León y Murcia aglutinan el 47% del alumnado. Si todas siguen el modelo Ayuso, la Lomloe quedaría prácticamente sin efecto en la mitad de la escuela española.

Pero hay un aspecto de la Ley Maestra de Libertad Educativa de la Comunidad de Madrid que se olvida, precisamente, de garantizar esa libertad educativa.

Y es que Díaz Ayuso no es partidaria del pin parental y no va a usar esta herramienta para vetar contenidos LGTBI en las escuelas. «Creemos que se trata de una medida que se entromete en la labor y la autoridad del profesor, así como con la autonomía de los centros educativos»,

valoran fuentes de la Consejería de Educación, que lidera Enrique Ossorio. «Además, seguimos pensando que se trata de una polémica innecesaria, como demuestra que no se hayan registrado de manera oficial quejas sobre posible adoctrinamiento en las aulas de los centros educativos madrileños», añaden las mismas fuentes.

Por eso, tal y como viene recogido en la Ley Ayuso, el curso que viene los centros públicos y concertados harán lo mismo que éste: deberán anunciar, antes de iniciar el proceso de escolarización, tanto el proyecto educativo como las temáticas extracurriculares que contengan los principales talleres y charlas. De esta manera, los padres pueden conocer esta información y tomar una decisión sobre la elección del centro que consideren más adecuado. Las familias, una vez que se matriculen en el colegio elegido, tendrán que comprometerse al «respeto» de estas actividades y de las «normas de funcionamiento», de tal forma que no podrán escabullirse de estas charlas.¿Y si los padres no tienen derecho a elegir qué contenidos -en este caso hablamos, por ejemplo, de charlas afectivo sexuales- se les imparten a sus hijos? ¿Dónde está esa pretendida libertad de educación?

Lo que se observa en la ley que pretende impulsar Ayuso es que se protege la pervivencia económica de los centros concertados, pero lo de la libertad educativa es otro tema. Señora Ayuso, ¿si usted no es partidaria de un pin parental? ¿qué le parecería implantar un cheque escolar, es decir que a los padres se les entregue el importe total del coste del puesto de enseñanza de su hijo y así serán ellos, de verdad, quienes elijan el colegio al que acuden sus hijos.? Eso sí sería libertad educativa.

En resumen: la libertad de enseñanza no consiste en defender a los empresarios del sector, sino en defender el derecho de los padres para decidir qué educación quieren para sus hijos.

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El lobby LGTBI ataca de nuevo las libertades básicas: en Inglaterra arrestan a un hombre por publicar un meme en Twitter

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Es la siguiente fase de la dictadura: Hombre británico arrestado por publicar un meme en Twitter.

 

¿La razón?: “Alguien ha sentido ansiedad debido a su publicación en las redes sociales. Y por eso le arrestan”, dijo un oficial.

La policía del Reino Unido arrestó a un hombre el jueves por publicar un tuit supuestamente ofensivo que relacionaba supuestamente al colectivo lgtbi con el nazismo.

En un video viral difundido en redes sociales, los oficiales de Hampshire confrontaron y luego arrestaron al hombre que publicó un meme de una bandera lgtbi con forma de esvástica.

“Alguien ha sentido ansiedad debido a su publicación en las redes sociales. Y por eso te arrestan”, dijo un oficial.

 

La persona que estaba filmando el video también fue arrestada por la policía.

 

Por «comunicaciones maliciosas»

El hombre que publicó el tuit fue arrestado por “comunicaciones maliciosas”, mientras que el hombre que grabó el video fue arrestado por “obstruir un arresto, según la BBC.

Según el gobierno de Hampshire, “comunicación maliciosa” es cualquier acto que “se relacione con el envío de cartas, comunicaciones electrónicas o artículos indecentes, ofensivos o amenazantes con la intención de causar angustia o ansiedad al destinatario” podría resultar en enjuiciamiento y antecedentes penales.

 

Reacciones en contra

El arresto creó una ola de reacciones en contra y los críticos afirmaron que fue un acto de censura. Incluso la comisionada de Policía y Crimen de Hampshire, Donna Jones, condenó las acciones de sus oficiales. “Me preocupa tanto la proporcionalidad como la respuesta de la policía a este incidente”, dijo.

«Cuando los incidentes en las redes sociales reciben no una sino dos visitas de los agentes de policía, pero los robos y los allanamientos no siempre reciben una respuesta policial, algo anda mal», continuó.

Jones dijo que escribiría a la Facultad de Policía para una «aclaración» y garantizar que los agentes de policía respondan «más apropiadamente en el futuro».

El hombre que creó el meme, de 51 años, ya fue liberado y no enfrentará más acciones.

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El bulo de los pinchazos en las discotecas: ¿Campaña orquestada por el feminismo terrorista? El único caso que revelaba tóxicos tras una denuncia por pinchazos es un falso positivo

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Las denuncias por presuntas sumisiones químicas ascienden a 138. Ningún caso ha revelado sustancias tóxicas ni tiene delitos sexuales relacionados

 

La única denuncia que la Policía Nacional investigaba como un presunto caso de sumisión química vinculado a un pinchazo en una discoteca, después de que los análisis a la víctima revelasen sustancias tóxicas, ha sido descartada finalmente por los agentes al tratarse de un falso positivo, aseguran fuentes policiales de gran solvencia. En un primer momento, la joven dio positivo tras ser examinada en el hospital. Sin embargo, poco después, los facultativos acreditaron que el dictamen había sido erróneo: no había rastro de droga en sangre.

Los hechos ocurrieron hace dos fines de semana, durante las fiestas en el barrio de Montevil, en Gijón (Asturias). Entrada la noche, una joven de 13 años sintió un pinchazo en la pierna mientras estaba con un grupo de amigas. Tras denunciarlo ante la Policía Nacional, la menor fue trasladada al centro hospitalario donde le realizaron los análisis pertinentes. Pese a que dio positivo en éxtasis líquido, más tarde los médicos comprobaron que se trataba de un falso resultado. 

Hasta ahora, el de esta menor era el único caso en el que se sospechaba de un pinchazo vinculado con la sumisión química. Según las distintas fuentes policiales consultadas por este periódico, las denuncias por esta práctica ascienden a 138 en todo el país. Sin embargo, en ningún suceso se han hallado restos de inoculación de sustancias tóxicas ni hay asociados delitos como agresiones sexuales o robo. Policía y Guardia Civil investigan 100 casos, repartidos en distintas comunidades autónomas, entre ellas, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cantabria o Baleares. La Ertzaintza tiene sobre la mesa 15 casos en el País Vasco y los Mossos d’Esquadra, 23, a falta de que la policía catalana actualice este martes sus pesquisas, indican desde el cuerpo autonómico.

Las denuncias crecen un 130%

Respecto a las denuncias que investigan los cuerpos nacionales, las fuentes precisan que son casos «muy recientes» y «necesitan margen para su consolidación y análisis». En cualquier caso, insisten en que no hay constancia de ningún positivo en drogas vinculado a los pinchazos en discotecas. El pasado viernes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuantificó en 60 las denuncias que analizaban las fuerzas de seguridad españolas. Este martes son ya más del doble (138), han aumentado un 130%.

El titular de Interior explicó que los agentes trabajan con el objetivo de determinar «qué hay detrás»: si un fenómeno de sumisión química para cometer un delito o si lo que se persigue es «una sensación de inseguridad». Sobre lo primero, fuentes policiales difieren. Al no haber positivos en tóxicos ni delitos posteriores «no se puede hablar de sumisión química como tal». «Carece de toda lógica someter a una persona sin que posteriormente se pretenda cometer algún delito», sostienen. 

Una postura que también respaldan los expertos. Desde Energy Control, uno de los laboratorios más reputados en materia de drogas, aseguran que «no existen evidencias que lleven a pensar que se trate de casos de sumisión química». Y desgajan varias piezas que no terminan de encajar en esta historia. Entre ellas, la dificultad de inyectar una sustancia con precisión: «Resulta complicado, para una persona no capacitada, realizar este tipo de inyección con precisión, especialmente en un entorno con poca luz y movimiento, como un club nocturno o un bar». La dificultad en conseguir ese tipo de sustancias, «difíciles de obtener» y «aún más difíciles de suministrar», o el hecho de que no se «haya incautado ningún objeto» utilizado para esos supuestos pinchazos.

Delito de lesiones

Sea como sea, el ministro incidió en que esta conducta, denunciada en su mayoría por mujeres, a excepción de un caso, «es por sí sola delictiva», y señaló que el pinchazo era un delito de lesiones con la circunstancia agravante de género. Para el Gobierno vasco, en cambio, esta práctica será directamente un delito de odio.  La Ertzaintza imputará este delito a las personas que sean acusadas formalmente de haberlos causado, según recoge una circular que el Departamento de Seguridad autónomo ha remitido a las distintas comisarías de la región. Los acusados de llevar a cabo estas acciones podrían enfrentarse a penas de cárcel de entre uno a cuatro años y a una multa económica.

El relato de las denunciantes es similar. Siempre en un ambiente festivo, las víctimas sienten un pinchazo en alguna parte de su cuerpo y, posteriormente, padecen picores, mareos, náuseas e incluso sensación de pérdida de conocimiento. En el caso de una de ellas, según denunció en las redes sociales, quedó inconsciente en el interior del local cuando pedía ayuda a un portero. Las autoridades siguen investigando qué y quién ha podido estar detrás de estos episodios. Sin embargo, piden a los ciudadanos no caer en alarmismo habida cuenta de que los casos registrados hasta ahora han revelado pocas certezas a las pesquisas que siguen Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza y Mossos d’Esquadra.

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No basta un simple «SI». Las feministas exigirán para mantener relaciones sexuales un ‘Sí entusiasta’

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El Ministerio de Igualdad, dirigido por la podemita Irene Montero, continúa con acciones en su campaña del «Verano del consentimiento». La última, un cartel en el que promulga que el «sí» antes de mantener una relación sexual debe ser «entusiasta».

En concreto, la imagen explica que «el consentimiento es tu arma para conquistar la sexualidad plena y libre» y agrega que «se produce cuando todas las personas que participan en una relación sexual dicen sí de forma entusiasta, libre, informada y (por supuesto) reversible».

De acuerdo con la autora feminista Eugenia Andino, el concepto de «consentimiento entusiasta» viene de la traducción de enthusiastic consent, un término promulgado por activistas por la libertad sexual y contra la violación.

Además, la campaña profundiza en que «cualquier relación sexual sin el consentimiento de todas las personas implicadas se considera una agresión sexual».

«Todo lo que no es un SÍ libre y entusiasta es NO. Y si no se respeta esta regla básica, es una agresión sexual», específica.

Así, la campaña del Ministerio de Igualdad pone el foco en la importancia de dar consentimiento «entusiasta». Para Montero«la cultura del consentimiento» es «el cambio de disco que necesitamos para vivir una sexualidad libre y sin miedo: es nuestro derecho».

Además, en el marco de esta campaña, la ministra ‘autoriza’ a las mujeres a llevar el escote que quieran, el largo de la falda que les venga en gana o se maquillen como gusten durante este verano.

«¿Has revisado ya que llevas todo lo que necesitas para celebrar la fiesta del consentimiento?», arranca esta campaña que, a continuación, desglosa una «checklist» (lista de comprobación) en la que hace un recuento de lo que deben llevar las mujeres a esta «fiesta».

«Ropa que me encante. El largo de la falda y la altura del escote son opcionales y los elijo yo»; «maquillaje para pintarme como una puerta (¡o no!). Mi cara, mis decisiones»; «un par de labios para decir sí a quien yo quiera y cuando yo quiera. Mi vida sexual es mía y de nadie más», son sólo algunos de los ‘permisos’ que concede la ministra podemita para ir a su «verano del consentimiento».

 

Irene Montero, récord de asesoras

Irene Montero cuenta con 16 asesoras que cuestan más de un millón de euros para ‘ayudarla’ en sus tareas al frente del Ministerio de Igualdad. Esa cifra supera a la de 15 ministerios, algunos de ellos de tanto calado e importancia como Defensa, Justicia o Interior.

Así, Igualdad sólo se ve superado en asesores por el Ministerio de Asuntos Económicos (17); Derechos Sociales y Agenda 2030, en manos de Ione Belarra (22) y Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz (21), además de Presidencia y Política Territorial que Iguala a Transportes, también con 16.

 

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El Gobierno comunista de Sánchez, a punto de capitular ante Podemos y permitir que el terrorismo callejero aplaste a la policía

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Podemos exige aprobar ya la Ley que abonará el terreno para el terrorismo callejero

Podemos aprieta ahora al PSOE para la aprobación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, actualmente encallada en el trámite parlamentario. Los desacuerdos entre ambos partidos está complicando que la norma vea la luz verde definitiva.

Características de una ley rechazada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Esta ley es completamente rechazada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya que los deja totalmente indefensos. Existen puntos clave que destacan por sus posibles consecuencias. Entre otras cosas, recoge algunos puntos como el que elimina la obligación de comunicar previamente las manifestaciones o que grabar a los policías deje de constituir una infracción. Los agentes no podrán solicitar a quienes les graben que dejen de hacerlo ni identificarles por ello.  Veámoslas:

Presunción de veracidad policial

Uno de los aspectos que se reformarán será la presunción de veracidad de los atestados policiales de manera que el acta que se extienda gozará de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, «siempre que resulte coherente, lógica y razonable, salvo prueba en contrario».

Grabación a los agentes

La peligrosidad de este punto ha sido repetida hasta la saciedad por los sindicatos. A partir de ahora no existirá una prohibición para grabar a los agentes. Por lo tanto, no «constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión».

Manifestaciones sin permiso

Hasta ahora los agentes podían disolver manifestaciones que no estuviesen en conocimiento de las delegaciones del Gobierno. Sin embargo, los cambios en la ley concretan que la carencia del trámite previo de comunicación, «aun pudiendo considerarse infracción leve, no será motivo para impedir el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación». Por lo tanto, los policías ya no podrán disolver las manifestaciones aunque los que protestan no cuenten con el permiso necesario para realizarlas.

Sin tiempo para identificar

Los agentes no podrán retener más de dos horas a aquellas personas que no se identifiquen. Anteriormente este margen se establecía en seis horas a pesar de que se tenía que dar uso del mínimo tiempo posible para realizar las labores de identificación del individuo. Este cambio supone una complicación más a la labor policial. En dos horas no nos da tiempo a hacer todas las comprobaciones necesarias. Es muy difícil», se quejan.

El acuerdo final no está lejos

El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha defendido la necesidad de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Partido Popular en 2015.  Según Echenique, «nadie entiende» que esta reforma aún no esté aprobada. Sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, Echenique ha afirmado que el acuerdo final no está lejos. No obstante, ha admitido también que hay algunos «escollos» que solventar.

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