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Agustín Rosety Fernández de Castro, diputado de Vox: “Lo del Open Arms es un lucrativo negocio y un medio de vida para mucha gente”

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Agustín Rosety Fernández (Remitido).- Una reflexión sobre el Open Arms y el resto de barcos de ONGs que realizan acciones de salvamento en la mar.

La protección de la vida humana en el mar está garantizada por los convenios internacionales.

El más importante de ellos es el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS)

En él se establece la obligación que el capitán de cualquier buque tiene de rescatar a personas en peligro, modificando la ruta de su embarcación.

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Por lo tanto existe una obligación no sólo moral, sino también legal, de rescatar a las personas que están en peligro en el mar.

Además, el convenio de protección de los refugiados exige que, en caso de refugiados o solicitantes de asilo, las personas recogidas sean puestas a salvo en un puerto seguro, donde no vayan a ser perseguidas.

Hasta ahí , todo en orden. ¿Por qué surge entonces todo este problema de los barcos de las ONG?
Pues porque los buques de las ONGs no son barcos que se encuentran navegando y , por azar, encuentran a unos náufragos.

Las ONGs de salvamento marítimo tienen como actividad el rescate de refugiados, para lo cual patrullan las costas de Libia a la espera de que aparezcan embarcaciones con personas a las que rescatar.

Esta forma de proceder genera perniciosos incentivos para las mafias que trafican con personas, ya que saben que no tienen que esforzarse con llegar a Europa.

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Simplemente tienen que poner a las persona en un bote y ponerlas fuera Del Mar territorial de Libia y avisar a la ONG.

Las ONG se convierten, de esta forma, en un servicio regular de transporte de personas que actúan de forma concertada con la mafia.

Si esa concertación es explícita, no lo podemos asegurar, pero implícita si que los es.

¿Por qué hay una concertación? Porque las ONGs, lejos de ser entidades sin ánimo de lucro, son organizaciones con trabajadores y directivos que viven de su actividad.

El “negocio” de Open Arms es transportar inmigrantes. Gracias a ello consiguen subvenciones y donaciones privadas.

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Si estas organizaciones fueran ONG de Salvamento marítimo devolverían a los refugiados a un puerto seguro cercano al lugar de rescate.

Pero curiosamente, el destino siempre es Europa. Porque si no llevasen a las personas a Europa, esos inmigrantes no pagarían a la mafia.

El problema, pues, viene de una confluencia de intereses privados (mafias y ONGs) que, como toda organización, trabajan por su propia supervivencia y retuercen la legislación internacional para realizar una actividad de inmigración ilegal en Europa.

Esto no hace otra cosa que generar un permanente efecto llamada que fomenta el tráfico de personas y el negocio de las mafias.

¿Cuál es la solución a este problema?

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La única solución posible es prohibir a las ONGs que realicen operaciones de salvamento marítimo.
El salvamento marítimo como actividad organizada debe ser competencia de los estados europeos por medio de sus respectivas armadas.

Las ONGs son entidades privadas que obedecen a los intereses de sus promotores.

La defensa del interés general debe estar en manos de los Estados, cuyo poder está sometido a las reglas de la democracia y cuyos gestores han de rendir cuentas a sus electores.

En esta época que vivimos en la que el buenísimo predomina , las ONGs son glorificadas como héroes.

Pero, salvo excepciones, las ONGs miran, ante todo, por sus propios intereses y hacen uso de mucho dinero, en muchas ocasiones de procedencia pública, con muy poco o nulo control.

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Que no os engañen. Lo del Open Arms es un lucrativo negocio y un medio de vida para mucha gente.

Si los estados no reclaman el monopolio de la protección organizada de la vida en la mar, seguiremos viendo cómo florece el próspero negocio del tráfico de seres humanos

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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