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Sucesos

El senegalés -que por supuesto ya está en libertad, faltaba más- que cobró más de un millón en ayudas, se había empadronado en cuatro lugares diferentes

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O.N., el ciudadano senegalés de 41 años de edad acusado de cobrar más de un millón de euros en ayudas sociales, comenzó a cobrar las prestaciones vascas en 2008. Una constante vía de ingresos que se truncó solo cuando agentes de la Brigada de Extranjería le detuvieron el pasado 21 de marzo cuando prácticamente se bajaba del avión y tres días después de que la Policía Nacional detuviera a uno de sus colaboradores, F.A. natural de Camerún. O.N. llegó a utilizar 62 identidades falsas para garantizarse el cobro del 1.091.416 euros, utilizó 22 pasaportes, se aprovechó de empadronamientos ficticios en cuatro municipios vizcaínos y falsificó documentación para mantener estas ayudas hasta el pasado mes de marzo.

La detención de O.N por la Policía Nacional puso fin al mayor fraude en las ayudas sociales vascas que desde 2012 gestiona el Servicio Vasco de Empleo pero que con anterioridad eran una competencia de las tres diputaciones forales. De hecho, según la información obtenida por la Brigada de Extranjería que forma parte de la investigación judicial, el presunto defraudador de ayudas sociales comenzó a cobrarlas en abril de 2008 cuando aún se concedían por los servicios sociales de Vizcaya.

Desde entonces, N.O. amplió con hasta 62 identidades falsas el cobro de estas ayudas que el País Vasco concede de forma indefinida a quienes documentan llevar tres años empadronados en algún municipio vasco y carecer de ingresos y propiedades.

O.N., en libertad provisional a la espera de juicio, contó con la colaboración de otras 23 personas de nacionalidad extranjera para garantizarse la continuidad de su actividad delictiva. El ciudadano senegalés logró empadronamientos ficticios en las localidades vizcaínas de BilbaoGetxoIurreta Santurtzi. Con 22 pasaportes falsificados -al sustituir la foto de sus titulares por imágenes suyas- más los empadronamientos ficticios y contratos de subarriendo de habitaciones en pisos de alquiler, O.N. se aseguraba cobrar por cada una de los supuestos perceptores 625 euros mensuales por RGI y otros 250 euros por el alquiler ficticio de habitaciones.

El Gobierno vasco evitó ayer aclarar cómo se ha permitido un fraude continuo y de más de un millón de euros. Su portavoz, Bingen Zupiria se limitó a asegurar que es «minoritario» y existe un «control permanente» pese a ser evidente lo contrario. El Gobierno vasco no facilita datos sobre el fraude y solo cuantifica lo que denomina “cobros indebidos” en los que se incluyen las prestaciones que se han realizado a perceptores de la ayuda que luego son revisadas. Según datos del Servicio vasco de Empleo, en 2021 alrededor de 10.000 perceptores de ayudas sociales vascas no devolvieron las cuantías que habían cobrado de forma indebida.

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El Gobierno vasco reclama por correo certificado a estos perceptores la devolución de las cantidades pendientes de devolución y, si no logra respuesta, publica en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPVA) estas reclamaciones. Todos los días el Boletín de País Vasco publica una relación de expedientes de ayudas sociales que no han podido ser notificados a quienes reciben las ayudas cuando se les ha intentado localizar en sus domicilios. En el día de ayer 7 de junio, la orden firmada por la directora de Lanbide Gloria Sánchez incluía 532 notificaciones fallidas a perceptores de estas ayudas sociales vascas.

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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