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Internacional

La Unión Europea multa con un millón de euros diario a Polonia por negarse a acatar la ley europea por encima de las Leyes Polacas

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La Corte de Justicia Europea (CJE) ordenó este miércoles 27 de octubre a Polonia pagar una multa de un millón de euros por día hasta que el país acate un fallo de julio que le ordena anular una reforma judicial que la comisión europea considera inapropiada.

“En la sentencia dictada hoy, el vicepresidente de la Corte obliga a Polonia a pagar… una multa punitiva de un millón de euros por día, a contar desde la fecha en que se dicte esta sentencia a Polonia”, dice el fallo de la CJE que tiene su sede en Luxemburgo.

Para la CJE la multa ‘es necesaria para evitar un daño grave e irreparable al ordenamiento jurídico de la Unión Europea y, en consecuencia, al derecho que los individuos derivan de las leyes de la UE y a los valores en los que se funda la Unión’.

Cómo comenzó la disputa

 En 2018 el gobierno polaco formado por el Partido de la Ley y la Justicia (PiS) que está en el poder desde 2015, introdujo una serie de reformas judiciales.

Entre ellas, creó la Cámara Disciplinaria de la Corte Suprema cuya función dice el gobierno polaco es luchar contra la corrupción de un sistema judicial que no funciona propiamente.

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Pero críticos del gobierno polaco dicen que la Cámara se estableció para echar a los jueces y fiscales que no favorecen al ejecutivo y la Comisión Europea considera que la reforma erosiona el sistema democrático de controles y equilibrios del país.

En julio de este año, la CJE dictaminó que Polonia tenía que deshacer la cámara disciplinaria e impuso una multa de medio millón de euros en su momento.

En su fallo, la CJE dijo que la Unión Europea puede obligar a sus miembros a ignorar ciertas leyes nacionales o incluso la misma constitución cuando entra en conflicto con la ley del bloque.

No obstante, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, descontento con la decisión, pidió a la Corte Constitucional de Polonia que decidiera si la ley europea estaba por encima de la ley polaca cuando estas dos entran en conflicto.

La Corte Constitucional polaca determinó que era la ley polaca la que tenía supremacía sobre la ley europea.

El fallo de la corte polaca desató el enojo de la comisión y algunos miembros dijeron que si Polonia seguía ‘jugando con fuego’ podría quedarse afuera de la Unión.

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Extorsión

Cuando comenzó la disputa, la comisión decidió retener los más de 65 mil millones de dólares en fondos de alivio por la pandemia que estaban destinados a Polonia, y Morawiecki acusó a la comisión de ‘matar de hambre’ y ‘castigar’ a Polonia.

La tensión continuó escalando en la semana y finalmente el primer ministro polaco dijo que eliminaría la controvertida cámara disciplinaria, pero no puso una fecha y tampoco introdujo ningún proyecto de ley para hacerlo.

Como resultado la CJE impuso la multa de 1 millón de euros por día hasta que Polonia acate sus demandas.

El viceministro de Justicia polaco, Sebastian Kaleta, utilizó su cuenta de Twitter para quejarse de que la multa de un millón de euros era una “usurpación y un chantaje”. 

Aunque el gobierno polaco decida no pagar la multa, la UE automáticamente puede descontar el valor de esta de los fondos destinados a Polonia que se estima son unos 12 mil millones de euros anuales.

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Polonia al igual que Hungría han tenido duros cruces con el liderazgo de la UE no solo sobre quien tiene la palabra final sobre la soberanía de cada miembro —motivo que disparó la salida de Gran Bretaña de la Unión— sino también porque los gobiernos nacionalistas de derecha de ambos países tienen posturas anti-LGBT.

En cuanto a una posible salida de Polonia de la Unión Europea, el gobierno polaco ha descartado tener la intención de dejar la Unión y más bien se ha mostrado determinado a que el bloque admita la pluralidad de opiniones y posturas en vez de forzar una ideología común para todos sus miembros.

 

Alvaro Colombres Garmendia

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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