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Sociedad

Marlaska plantea exigir un seguro a patinetes eléctricos y bicicletas

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El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha ratificado la intención de reformar el reglamento de circulación para tener en cuenta los nuevos vehículos en las ciudades, como los patinetes eléctricos, y plantea exigir seguros que cubran los accidentes que pueda provocar, también las bicicletas.

Marlaska ha comentado los planes de su departamento en declaraciones a los medios tras reunirse en la sede del Ministerio con las asociaciones de víctimas de accidente de tráfico, a quienes ha garantizado toda la colaboración para luchar contra la que ha denominado “violencia vial”.

En el día en el que se ha conocido la muerte de una mujer que fue atropellada por un camión cuando circulaba en patinete eléctrico en Sabadell, el titular de Interior ha señalado que la Ley de seguridad vial da las pautas para actuar tras este tipo de accidentes y será la justicia quien deberá determinar el grado de imprudencia del conductor que cometió el atropello.

Otra cosa es, ha añadido, la necesidad de modificar el reglamento de circulación para tener en cuenta a esos nuevos vehículos que proliferan en las ciudades, iniciativa que ya avanzó hace unos días el director general de Tráfico, Pere Navarro, presente también en la reunión con las víctimas.

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Marlaska ha pedido no olvidar que los conductores de patinetes y bicicletas pueden convertirse también en “victimarios”, causando daños serios a terceras personas, como los peatones, y ha planteado la necesidad de que la ley tenga que exigir un seguro, “una garantía de que la víctima de cualquier tipo de siniestro causado por estos vehículos también quede perfectamente cubierta”.

El titular de Interior no ha querido entrar a valorar normativas municipales que obligan ya a los patinetes eléctricos a circular por la calzada, pero ha reconocido la preocupación existente y la necesidad de contar con una normativa estatal.

Marlaska ha expuesto a las asociaciones de víctimas las medidas que estudia su departamento para mejorar la seguridad vial, desde la reducción de la velocidad en las carreteras convencionales, donde se concentra la mayor parte de los siniestros, a la actualización del carné por puntos, para castigar con más fuerzas las distracciones por el uso del móvil.

Su objetivo es dar también un impulso a la formación de los futuros conductores, con la idea de que “los cursos ‘online’, no presenciales, quizá no sean suficientes y adecuados”.

Las asociaciones de víctimas le ha instado también a revisar el Código Penal y revertir la reforma aprobada en 2015 por la que muchas conductas quedaron despenalizadas, y Marlaska se ha comprometido a estudiar el asunto en profundidad y con seriedad.

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“No puede ser gratis matar”, ha subrayado ante los medios el presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA, Francisco Canes.

Las víctimas han pedido también que se aumente la plantilla de la Guardia Civil de Tráfico y el número de radares y plantean que cuando se apruebe la reducción de la velocidad en las carreteras convencionales los camiones y autobuses tengan como los coches el límite de los 90 kilómetros hora, para evitar los accidentes en los adelantamientos.

El ministro ha reconocido su preocupación por el aumento de víctimas mortales en las carreteras en los últimos cuatro años y ha alertado de que quizá éste puede ser el primer año en el que las víctimas más vulnerables, como peatones o ciclistas, superen a las de los ocupantes de vehículos.

Y se ha comprometido a trabajar en cooperación con las asociaciones para hacer retroceder esas cifras: “muchos ciudadanos que hemos tenido la suerte de no ser víctimas de la violencia vial no somos conscientes, somos, diría incluso, ignorantes, analfabetos, de lo que es una víctima”.

La próxima semana Tráfico presentará su nueva campaña de sensibilización y Marlaska ha asegurado que está preparado para asumir las críticas que puede suscitar, ya que cuenta con la aprobación de las asociaciones de víctimas.

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No ha querido adelantar detalles, pero sí ha avanzado que será diferente a las realizadas en los últimos años.

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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