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El otoñal calvario judicial que aguarda a Podemos: la ‘Caja B’, el ‘caso Dina’ y ‘Neurona’

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El ex coordinador legal de los morados, José Manuel Calvente, acorraló al partido con sus declaraciones en los tribunales

Duro inicio de curso político el que aguarda a Unidas Podemos.

Juan Velarde.- Amén de tener que comulgar con la rueda de molino que es ‘aceptar’ la presencia de Ciudadanos para que Pedro Sánchez pueda sacar adelante los que serían sus primeros Presupuestos Generales del Estado, al partido de Iglesias le espera un ámbito mucho más delicado, el judicial.

Tal y como detalla este 5 de septiembre de 2020 el diario El Mundo, la formación morada ya comienza a otear en el horizonte las próximas citas en los juzgados para sustanciar los casos en los que Unidas Podemos y sus dirigentes está implicados como parte acusada.

Seguramente, la vista que tendrá más carga mediática y la que más destrozos puede hacer en el entorno de Pablo Iglesias es la que viene derivada de todas las denuncias realizadas por el ex asesor jurídico de Podemos, José Manuel Calvente.

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Concretamente es el juzgado 42 de Madrid donde se abrió la jugosa denuncia presentada previamente en la Guardia Civil, un escrito en el que se acusa a los responsables morados de esconder una trama corrupta.

Esas irregularidades, conocidas como la ‘caja B’ de Podemos, se resumen en, siempre según el testimonio de Calvente, en pago de nóminas que superaban lo establecido, abono de gastos injustificados, licitación de la reforma de la sede de Podemos sin que se cumpliesen los requisitos legales, acceso ilegal a ordenadores para hacerse con informaciones sensibles, gastos de campaña sin justificar y así un largo etcétera.

Amén de Unidas Podemos como formación, también están imputados a título personal Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos, responsable de las campañas y mano derecha de Iglesias; el tesorero, Daniel de Frutos; la gerente del partido, Rocío Esther Val; y la responsable de compras y servicios, Andrea Deodato.

La primera cita, sin embargo, será el 10 de septiembre de 2020 en la Audiencia Nacional. Se trata del ‘caso Dina’, el del supuesto robo del móvil de la ex asistente de Pablo Iglesias en Bruselas, Dina Bousselham, a manos de las cloacas del Estado.

Calvente, que nunca creyó en esa tesis, ya que sostenía que fue un hurto común, fue precisamente apartado de las funciones de coordinador legal de Podemos por no seguir las órdenes de un Iglesias que trató de sacar tajada en las urnas de este caso defendiendo la teoría de la conspiración.

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Es más, la jugada le salió mal al hoy vicepresidente segundo del Gobierno puesto que la propia Audiencia Nacional le retiró la condición de perjudicado y ha pasado a estar señalado como sospechoso al conocerse que durante meses retuvo en su poder la tarjeta de memoria del móvil de Dina.

Y como no hay dos sin tres, a Unidas Podemos le espera otra citación, la que se deriva del último informe del Tribunal de Cuentas respecto de unos pagos de la formación que no están debidamente justificados.

El fiscal jefe de esta institución, Miguel Ángel Torres, ha detectado hechos que permiten fundamentar la existencia de indicios de la comisión de un delito de fraude electoral y otro de falsedad en documento mercantil.

Se trata, concretamente, de la facturación de 290.000 euros a la consultora Neurona Consulting para la elecciones de 2019.

En definitiva, no solo será un otoño complejo, sino que también le espera una gélida travesía invernal por los tribunales al partido de Pablo Iglesias.

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Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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