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Mienten como bellacos porque a USTED no le importa: Salvador Illa mintió a Madrid al impedirle pasar de fase: NO existían los expertos

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El Defensor del Pueblo ha puesto en jaque a Salvador Illa. Según un escrito al que ha tenido acceso Moncloa, “el comité de expertos encargado de la evaluación sanitaria de las comunidades autónomas” que decidía quién podía, o no, pasar de fase, no existía.

La Comunidad de Madrid, que protestó en innumerables ocasiones por la negativa de este comité fantasma, sabe ahora que fue un castigo directo del ministro de Sanidad, orquestado por el Gobierno.

Cuando Pedro Sánchez anunció el plan de desescalada que culminaría con el fin del Estado de Alarma, comunidades como Madrid o Barcelona supieron desde el primer momento que dada su población y concurrencia tendrían complicado seguir el ritmo de otros destinos. Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso insistió una y otra vez en que la Comunidad de Madrid cumplía con los requisitos que se habían marcado. Fue entonces cuando un comité de expertos, supuestamente, evaluó que la atención primaria no era la adecuada y dejó a Madrid atrincherada en las primeras fases.

Desde entonces, la Comunidad de Madrid se enzarzó en una ‘guerra’ con el Gobierno central, que ya había comenzado con la negativa del PP a prorrogar el Estado de Alarma. La excusa para darle el ‘no’ a Díaz Ayuso siempre fue la decisión que había tomado el comité de expertos. Sin embargo, ahora se ha sabido que no existe tal grupo.

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Varios diputados del Partido Popular solicitaron al Defensor del Pueblo que se investigara “la actuación del Gobierno como autoridad competente a los efectos del estado de alarma declarado y, en concreto, del ministro de Sanidad en su condición de autoridad competente delegada, por vulnerar el derecho de participación política al negar información a los diputados y senadores del PP y, asimismo por negarse a hacer pública e informar sobre la composición del Comité científico que decide en relación con el acceso de todo el territorio nacional a las distintas fases del denominado Plan para la transición hacia una nueva normalidad”.

Esta queja llevada a cabo por varios miembros del PP ha surtido efecto, porque el Defensor del Pueblo, en un escrito, recoge que “a directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación ha señalado que “no existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas y que decida las provincias o territorios que pueden avanzar en el proceso de desescalada del confinamiento”. Unas palabras contundentes que dejan en una situación complicada al ministro Salvador Illa, que en todo momento se excusó en la decisión de esos expertos.

Precisamente “la responsabilidad de la toma de decisiones en esta materia” corresponde al ministro de Sanidad tras su valoración con las distintas comunidades autónomas. Tuviera razón o no Isabel Díaz Ayuso, la negativa de entonces al pase de fases en la Comunidad de Madrid careció de total sentido ante la inexistencia del comité de expertos.

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Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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