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El atraco del Gobierno socialcomunista toma forma: El vicepresidente declara sus intenciones de intervenir los ahorros privados de todos los españoles

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La confiscación de depósitos de los ahorrantes puede convertirse en la política oficial de España para hacer frente a los gastos derivados de la gestión de la crisis del coronavirus.

Así al menos se desprende de las intenciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, quien ha defendido en Twitter el artículo 128 de la Constitución, que afirma que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general». Su mensaje reproduce íntegramente el primer punto del apartado de la Carta Magna, muy defendido por Unidas Podemos (UP) durante las últimas campañas electorales y desde que empezó la crisis del coronavirus.


El vicepresidente segundo ha adjuntado a su mensaje un vídeo en el que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explica en una rueda de prensa telemática desde La Moncloa que «el Gobierno prioriza el interés general por encima del interés particular».

La ministra ha comparecido este domingo después de que el Gobierno decidiera ayer endurecer el estado de alarma cerrando la actividad no esencial hasta el 9 de abril. «Vamos a salir de esta crisis apoyando, y con más derechos, a los trabajadores, con un tejido productivo más fuerte y cuidando a nuestro pueblo«, asegura Díaz en el vídeo que ha compartido Iglesias junto al 128 de la Constitución.

El pasado 15 de marzo, antes de que entrara en vigor el estado de alarma, Pablo Echenique también defendió en redes sociales el artículo 128. Concretamente, señaló el apartado 2 que apunta a intervenir la economía y la empresa «si así lo exigiese el interés general».

Sin ninguna explicación, el portavoz en el Congreso de UP escribió entonces «128.2» en Twitter. Fuentes de UP explicaron que era una referencia a decretar el estado de alarma y a intervenir en algunos sectores para paliar los efectos negativos de la crisis sanitaria.

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«Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general», reza el punto 2 del artículo 128.

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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