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El excomisario Villarejo quiso conseguir todo el censo de rumanos en España para un constructor

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El excomisario José Manuel Villarejo, en una imagen de archivo.
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El excomisario José Villarejo, en colaboración con los comisarios Enrique García Castaño y Carlos Salamanca, intentó hacerse con todo el censo de ciudadanos rumanos residentes en España para un constructor que quería contactar con ellos para ofrecerles casas en su país natal.

Ese es uno de los negocios para los que Villarejo contactó con García-Castaño y Salamanca, según las conversaciones telefónicas que él mismo grabó y que obran en el sumario de la operación Tándem desde que la Policía las halló en el registro a una de las casas del excomisario cuando lo detuvo.

Villarejo está en prisión preventiva por esa causa, García Castaño está investigado pero en libertad provisional y Salamanca fue puesto en libertad y el juez archivó la causa contra él en contra del criterio de la Fiscalía, que recurrió dicho archivo.

Las grabaciones muestran que Villarejo y García Castaño hablaban sobre multitud de posibles negocios, incluido uno sobre la adquisición de información personal de ciudadanos rumanos que residan en España.

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Villarejo se lo pidió a García Castaño y éste le dijo que se podría obtener del área de Extranjería y Documentación, porque “ahí tienen una base de datos de todos los extranjeros rumanos legales”.

La cuestión es que Carlos Salamanca se iba a incorporar próximamente como jefe de una unidad en Extranjería dedicada a expulsiones y repatriaciones, “donde viven como dios”, de modo que los otros dos policías plantean la posibilidad de esperar a su llegada.

“Estaría de puta madre”, afirma Villarejo, en tanto que su interlocutor explica que Salamanca tendrá “noventa tíos” a su cargo, en el aeropuerto de Barajas.

“De puta madre”, reitera el comisario ahora encarcelado, quien pregunta si también se puede ver qué rumanos hay ilegales en España, pero le aclaran que eso es imposible, pero acceder a los datos de los legales “es fácil”.

Los problemas los tuvieron por el volumen de información requerida, según consta en una conversación posterior:
– García Castaño: He hablado con esta gente, y me dice, – ¡Oye, hijo puta, son miles!

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– Villarejo: ¡Miles! Claro, serán unos pocos, claro.

– García Castaño ¡Coño!

– Villarejo: Y eso no hay posibilidad de…

– García Castaño: Sí, dice (hablando de su fuente de información) Yo voy mirando poquito a poco te voy sacando…
Te sacaré dos mil o tres mil, pero le calcula que de Madrid, solamente unos treinta y cinco mil.

– Villarejo: Ah, amigo…

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– García Castaño: Y si es a nivel nacional, ponte que haya unos setenta mil.

– Villarejo: O sea que…

– García Castaño:: Es que con la última regularización… ya los que había, pero con la última regularización… ¡Buffff!

¡De cagarse!

– Villarejo: Pues a ver como se podría hacer… No, incluso…

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– García Castaño: Poquito a poco, ¿no? Poquito a poco. Díselo. Que son miles, ¿eh? ¡Miles!

– Villarejo: Pues yo se, yo se lo diré…

– García Castaño: Dile que yo le voy sacando… dile que le saco mil, mil quinientos y así. Díselo.

Las grabaciones no revelan cómo terminó el proceso emprendido por Villarejo y sus socios. Salamanca fue detenido en noviembre de 2017 junto a Villarejo bajo la acusación de recibir regalos a cambio de introducir inmigrantes guineanos de forma ilegal, pero quedó en libertad meses después y finalmente el juez archivó la causa en contra del criterio de la Fiscalía, que lo ha recurrido.

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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