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Un grupo de 41 senadores franceses denuncian “la represión” contra los líderes del proceso independentista catalán

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Un grupo de 41 senadores franceses de diferentes partidos de izquierdas y de derechas han denunciado «la represión» contra los líderes del proceso independentista catalán y han pedido en una declaración que Francia y la UE intervengan para «restablecer las condiciones del diálogo». El gobierno de Emmanuel Macron no comparte y critica con severidad la declaración de 41 senadores franceses que dicen denunciar la presunta «represión» del Estado español contra «los representantes legítimos del gobierno de la región de Cataluña».

Nathalie Loiseau, ministra de Asuntos europeos y previsible cabeza de lista del partido de Macron a las próximas elecciones europeas, ha censurado la iniciativa de un heteróclito grupo de senadores en estos términos: «Francia reitera su apego constante al respeto del marco constitucional de España. Es en este marco, que es el del Estado de Derecho, en el que debe plantearse el asunto de Cataluña. Nadie, incluso si es parlamentario francés, tiene que interferir».

Fernando Carderera, embajador de España en Francia, ha publicado un comunico oficial, lamentando y rechazando el escrito de los senadores francesas: «Demuestra un desconocimiento absoluto de la situación en España de un grupo de senadores franceses». Emmanuel Macron es uno de los más firmes defensores del Estado español, desde antes, durante y después de los «sucesos» del otoño de 2017, manifestando, siempre, una solidaridad sin tacha con los gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.

Por su parte, el ministerio de Asuntos Exteriores dirigido por Josep Borrell ha agradecido mediante un comunicado al gobierno francés «su rápida y contundente respuesta» al que han abordado como un manifiesto «inadmisible». El secretario de Estado para la UE y el embajador de Francia en España han mantenido esta tarde un encuentro en la sede ministerial donde han manifestado su rechazo al pronunciamiento. «Revela un alarmante nivel de desinformación de los senadores firmantes», explica la nota.

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François Calvet, uno de los promotores de la iniciativa y representante del departamento de los Pirineos Orientales (la llamada Catalunya Nord), ha explicado a Efe que el manifiesto busca que Francia y otros Gobiernos europeos intervengan «para que haya una mediación», porque la situación actual «no beneficia a nadie». «El papel de Europa es tratar de encontrar soluciones, no quedarse con los brazos cruzados», porque «hay una subida de tensión que no puede más que acabar mal», ha advertido el senador por el partido conservador Los Republicanos.

Ha insistido en que quieren que «haya una discusión entre el Estado central y Cataluña» y que «el diálogo no se lleve al nivel judicial», en alusión al proceso ante el Tribunal Supremo español. En la declaración, publicada en el blog del senador André Gattolin, miembro de La República en Marcha (el partido del presidente francés, Emmanuel Macron), los firmantes piden que «Francia y los países de la Unión Europea intervengan para restablecer las condiciones del diálogo para encontrar soluciones políticas a un problema político».

«Una represión»

Los 41 firmantes (el Senado francés cuenta con 348 miembros) reclaman también «el respeto de las libertades y de los derechos fundamentales en Cataluña, por supuesto sin inmiscuirnos en los problemas políticos de un país vecino y sin tomar partido sobre la cuestión de la independencia de Cataluña».

Denuncian, además, «la represión de la que son víctimas los cargos electos legítimos, representantes políticos de la Generalitat de Cataluña encarcelados o forzados al exilio por sus opiniones en el ejercicio de los mandatos que les dieron los electores».

Calvet ha justificado el término de «represión» para calificar el trato a los responsables juzgados ante el Supremo en Madrid, a los que ha calificado de «presos políticos» porque «creemos que no se puede detener a la gente por sus convicciones».

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A juicio de los 41 senadores, la situación de esos políticos constituye «un verdadero ataque a los derechos y las libertades democráticas». Al mismo tiempo, consideran que «la gravedad de esta situación se ha subestimado en Francia». El texto es resultado de una iniciativa de Gattolin y de otros cuatro senadores, entre los que está François Calvet, y surgió a partir de otras declaraciones similares de alcaldes de los Pirineos Orientales que habían solicitado la libertad de los presos.

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Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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