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Muchos indocumentados podrían intentar “votar ilegalmente” en las elecciones del 28 de abril

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Un presunto fraude electoral que podía inclinar el resultado en contra de la derecha. Fuentes de la oposición han alertado hoy de que muchos inmigrantes indocumentados podrían intentar “votar ilegalmente” en las elecciones generales del 28 de abril.

De hecho, algunas formaciones políticas conservadoras pedirán a sus interventores y apoderados que se fijen bien en cualquier voto ilegal que pudiese tener lugar en las elecciones y pedirán a sus simpatizantes que vigilen los centros de votación para impedir que eso ocurra.

El Gobierno de Sánchez ya pretendió introducir reformas legales importantes para garantizar el derecho al voto en las elecciones de más de tres millones de inmigrantes. El partido en el gobierno maneja encuestas que indican que la población inmigrante es «ampliamente» más favorable al PSOE que al PP. Especialmente, la iberoamericana, pero también la marroquí, aunque estos últimos no votan porque, pese a los intentos del Ejecutivo de Zapatero, no fue posible suscribir convenio alguno. Los déficits democráticos del país magrebí hacían inviable la reciprocidad que exige la Constitución.

Eso abre un nicho de oportunidad claro. Solo en Madrid hay cien mil ecuatorianos y más de 80.000 bolivianos y peruanos.

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“Aquí vivo, aquí voto”

Por otra parte, las campañas “Aquí vivo, aquí voto. Por una ciudadanía plena”, han sido puestas en marcha por la plataforma “Todos iguales. Todos ciudadanos”, integrada por multitud de organizaciones interesadas en la inmigración masiva, tales como Andalucía Acoge, Asociación Casa de Perú en Baleares, Asociación de Chilenos de Baleares, Asociación de Colombianos en Baleares, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba (APIC), CEAIN, CEPAIM, Córdoba Acoge, CCOO Baleares, Federación SOS Racismo, Secretariado Gitano Córdoba, Sevilla Acoge, Granada Acoge, Huelva Acoge, Jaén Acoge, Jóvenes de IU Comunidad de Madrid, Málaga Acoge, Melilla Acoge, Motril Acoge, Rioja Acoge, Red Acoge, Unión Sindical Obrera (USO), etc.

Hay que destacar que muchas de estas organizaciones son generosamente subvencionadas por las distintas administraciones del estado.La primera de las campañas se desarrolló en el año 2006, con la publicación de un manifiesto en el que exigían los derechos de sufragio pasivo y activo para todos los inmigrantes residentes extracomunitarios en España, algo que catalogan como “ciudadanía plena”. A esto siguieron numerosas acciones de propaganda, sobre todo en los medios de comunicación, generalmente afines a estas exigencias. Las campañas sucesivas tuvieron una estructura similar.

“El objetivo directo obvio de estas campañas está en adulterar el censo electoral español e introducir en los resultados electorales, que luego se traducen en apoyos partidistas y en orientaciones legislativas determinadas, los pareceres derivados del voto de personas que no pertenecen a nuestra comunidad nacional. Esto supone, a la vez que fomenta, una intensificación de los criterios legislativos derivados del ius soli en detrimento de los procedentes del ius sanguinis, facilitando así la disolución de nuestra identidad nacional española. Esto es tanto como decir que supone, a la vez que fomenta, una intensificación de los criterios fomentados por la oligarquía económica, es decir por las grandes empresas no multinacionales, por las empresas multinacionales y por los especuladores financieros internacionales, poderes directamente interesados en vencer las resistencias a la mundialización o globalización; es decir, al liberalismo y al libre mercado, a la inmigración masiva y al dumping laboral que provoca, planteadas por las identidades étnico-nacionales y por los estados-nación basados en las ellas”, ha manifestado el colaborador de AN y experto en temas migratorios, León Riente.

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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