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Sociedad

La indefinible ministra cabreña Carmen Calvo, crea un ‘Ministerio de la Verdad’ para perseguir a los medios críticos con el Gobierno

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El Ejecutivo sigue su cruzada contra los medios no afines enmascarada en una repentina ‘preocupación’ por la desinformación

George Orwell lo imaginó en ‘1984’, y nuestro Gobierno lo ha llevado al BOE.

En teoría, sobre el papel, en los informativos de las cadenas adictas y en boca de sus tertulianos de plantilla, es un Plan del Gobierno contra las ‘fake news‘.

En la práctica, en realidad, sin tapujos, es un Plan de PSOE-Podemos para censurar a periodistas que no les bailan el agua a Pedro SánchezPablo Iglesias y sus aliados.

Teniendo presente que quien crea la idea y el procedimiento es el propio Ejecutivo, no es difícil pensar que quienes se pueden ver más afectados son, sobre todo, los medios más críticos con ellos.

El Gobierno sigue su cruzada contra los medios no afines enmascarada en una repentina ‘preocupación’ por la desinformación y ha aprobado un procedimiento de actuación contra las ‘fake news’ llegando al punto de poder monitorizar la información y solicitar colaboración a los medios.

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La orden ya viene publicada en el BOE del 5 de noviembre

Visto y no visto. El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves 5 de noviembre publica la orden del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, cuyo titular es Carmen Calvo, donde se habla claramente de «adopción de medidas».

El escrito señala que los ciudadanos deben tener acceso «a una información veraz y diversa» que se ve «cada vez más amenazada» por la «difusión deliberada, a gran escala y sistemática» de información falsa, la cual «influye en la sociedad».

En definitiva, y como venimos denunciando desde hace tiempo en PD, este Gobierno socialcomunista se sigue armando de instrumentos legales para censurar todo lo que consideren oportuno.

Lo llaman preocupación por la desinformación y no lo es

Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, y por mucho que el Ministerio de Carmen Calvo lo disfrace de preocupación por la desinformación, lo cierto es que el plan y los antecedentes tienen un tufillo a otro nuevo intento de censura.

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Una vez más, será el Estado -apoyado por los medios afines y la contratación de verificadores independientes a quienes nadie verifica- quién tenga la última palabra de lo que es noticia.

Los encargados de ‘velar’ por la seguridad de los ciudadanos serán el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la secretaría de Estado de Comunicación, las autoridades públicas y el sector privado y la sociedad. Todos a una, como Fuenteovejuna, para que el plan no sufra reveses.

El Gobierno de Sánchez ya se parapetó en el CIS para imponer su mordaza a los medios incómodos

Como decíamos, la noticia no nos coge desprevenidos, al tratarse de un clavo más en el ataúd con el que Sánchez e Iglesias pretenden sepultar a la prensa libre.

Hace escasos meses, Sánchez ya impuso a su sociólogo de cabecera, José Félix Tezanos, que preguntara a los ciudadanos en el CIS si estarían a favor de recibir únicamente información por un canal oficial.

Periódicos conservadores o liberales se llevaron las manos a la cabeza ante este atropello. El editorial de la Razón se resumía en lo siguiente: «Sólo tendrán validez las informaciones que el Gobierno considere oportunas, «verdaderas» y, no nos engañemos, afines a sus intereses. Lo grave –y lo tentador– es que el 66,7 está a favor

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El ABC ponía el grito en el cielo por el ardiz tan taimado urdido desde Moncloa para que muchos españoles ni se den cuenta de qué implica exactamente informarse únicamente por fuentes oficiales: «Resulta inédito que el CIS pregunte a los españoles si conviene imponer la censura informativa en los medios de comunicación».

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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