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Torra desafía a la Junta Electoral y anuncia que no quitará lazos amarillos y “esteladas”

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Es una «demanda ridícula». Así entiende la Generalitat de Cataluña en manos de Quim Torra el requerimiento de la Junta Electoral Central (JEC) por el que las instituciones públicas deben mantener «la neutralidad política durante los procesos electorales» y, por lo tanto, le exige que retire todos los lazos amarillos, carteles políticos y banderas independentistas de «cualquier edificio público dependiente de la Generalitat».

De esta manera respondió ayer Elsa Artadi, portavoz autonómica catalana y consejera de la Presidencia, al acuerdo de la JEC –a petición de Ciudadanos– y cuyo plazo para su cumplimiento finaliza hoy miércoles.

Además de considerar que la decisión de la JEC es «ridícula», Artadi también informó de que la asesoría jurídica de la Generalitat está trabajando en una «respuesta combativa» para evitar tener que cumplir lo ordenado por la JEC. «Parece que les moleste que JpC, ERC o la CUP usen las palabras democracia y libertad», añadió la portavoz de la Generalitat, en alusión a dos palabras que los independentistas utilizan en sus pancartas para defender el procés.

La Generalitat tiene 20 días para recurrir en la vía contencioso administrativa ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que exigió el lunes por la tarde la retirada en un plazo de 48 horas de los lazos amarillos y de las esteladas de todos los edificios públicos. La JEC ha establecido que al ser un símbolo que representa a una ideología y a determinados partidos su utilización por parte de los poderes públicos rompe la neutralidad que se les exige sobre todo en periodo electoral.

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Quim Torra está ante la primera decisión que le coloca en la línea roja de la desobediencia y la prevaricación si no acata el mandato de la JEC. Además de a una multa de entre 300 a 3.000 euros. Como presidente de la Generalitat es considerado funcionario público y esto le lleva a la franja más elevada de la sanción. Para los particulares las multas son de entre 100 a 1.000 euros.

Pero más allá de la posible sanción económica, lo más relevante es que un incumplimiento de la orden de la JEC iría acompañado de una catarata de denuncias civiles ante la Fiscalía –el PP y Societat Civil Catalana ya trabajan en ellas, por ejemplo–para abrir un procedimiento contra el presidente de la Generalitat por desobediencia y prevaricación. Previsiblemente antes la Fiscalía actuaría de oficio.Los servicios jurídicos de la Generalitat presentarán sus alegaciones ante el Supremo para ganar tiempo. Pero Torra y su «núcleo duro» saben que más allá de los pulsos en el discurso político, el incumplimiento de esta resolución del «juez» en periodo electoral puede terminar en la apertura de un proceso penal contra el presidente de la Generalitat.

El Gobierno catalán respondió ayer que prepara una «respuesta combativa» a la orden de la JEC mientras desde el Gobierno y otros partidos advirtieron a la Generalitat de que debe cumplir el mandato. La posibilidad de buscar un subterfugio para sustituir los lazos amarillos por otra señal a la que se dé un carácter simbólico está también encima de la mesa.Desde el Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, advirtió en la Cadena Ser de que si el Gobierno catalán no obedece a la orden de la JEC «el Estado tiene instrumentos apropiados para hacer cumplir las disposiciones». Borrell defendió la decisión de la JEC, «muy atinada», en su opinión, como también lo hicieron otros dirigentes políticos como la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, que la consideró la orden «de sentido común». «Las plazas y las calles son de todos», señaló.

La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, anunció la presentación de recursos similares al que motivó esta orden de retirar los lazos amarillos de edificios públicos del Gobierno catalán, esta vez ante las juntas de zona, para que obliguen también a los ayuntamientos a «permanecer neutrales».Una vez que acabe el ultimátum de 48 horas, tanto el partido denunciante, Ciudadanos, como las Juntas Electorales Provinciales, a quienes la JEC remitió su resolución, podrán hacer un seguimiento y denunciar los incumplimientos en cada edificio.

Por un hecho similar la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montserrat Venturós, de la CUP, fue condenada en 2018 a seis meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y a una multa de 540 euros, la mínima atribuible a un delito de desobediencia, por haberse negado a descolgar una bandera «estelada» colocada en el balcón del ayuntamiento durante las elecciones autonómicas y generales de 2015, informa Ep.De momento, en el caso actual se abre un largo camino de denuncias, alegaciones y recursos que se irán resolviendo caso por caso en la instancia donde corresponda, sea provincial o estatal, y sea por la vía administrativa o por la judicial.

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Multa de 300 a 3.000 euros si se desoye el mandato

El atículo 153 de la Ley del Régimen Electoral General establece en su artículo 1 que «toda infracción de las normas obligatorias establecidas en la presente Ley que no constituya delito será sancionada por la Junta Electoral competente. La multa será de 300 a 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios y de 100 a 1.000 si se realiza por particulares». La norma también regula las multas por la publicación de encuestas o las infracciones electorales consistentes en la superación por los partidos políticos de los límites de gastos electorales.

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El caso Pedro Varela es un atentado contra la ciencia

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Círculo de Amigos de Pedro Varela.- Pedro Varela, un historiador y científico comprometido con la búsqueda de la verdad histórica y un hombre con valores como el respeto y tolerancia, se encuentra actualmente inmerso en un proceso legal que ha suscitado preocupación en la comunidad y en varios círculos científicos, intelectuales y humanistas. Ha sido acusado injustamente de un delito de odio, acusación que él niega categóricamente.

Pedro Varela ha declarado: “El fiscal pide 12 años de cárcel por vender libros”. La acusación se centra en un supuesto delito que se habría cometido a través de la venta de libros en la Librería Europa. Cabe destacar que los libros ofrecidos en dicha librería eran muy variados e incluían clásicos de la literatura y obras sobre historia con un marcado carácter científico. Tanto las publicaciones como las conferencias realizadas en la Librería Europa jamás tuvieron la intención de incitar al odio o la violencia.

Pedro Varela también añadió: “Soy historiador y científico. Nunca he sido violento. Soy católico, vegetariano, amante de la naturaleza y el senderismo, y no tengo más vicios que el de la lectura y la investigación”.

Desde el “Círculo de Amigos de PV”, somos conscientes de que el caso de Pedro Varela (en adelante, PV) podría recibir un tratamiento mediático poco favorable. Nuestra plataforma es transversal, con personas de diversas ideologías, ya que lo que está en juego es la propia ciencia. Si existen temas tabúes sobre los cuales no se puede investigar o publicar, podríamos retroceder a la Edad Oscura y a los tiempos en que Galileo y tantos otros fueron condenados por defender la ciencia.

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En el presente, la discriminación se dirige contra PV por parte de aquellos que están en contra de la libertad de investigación, de pensamiento, y, en general, de los amigos del pensamiento único. Observamos con estupor cómo ya se está imponiendo un relato oficial, mediante el cual se ha culpabilizado a PV, y solo aspiramos a que la voz de PV sea escuchada para demostrar su inocencia y se le restituya su honor.

Es relevante subrayar que PV no está vinculado a ningún partido político ni asociación que pueda ser supuestamente relacionada con el pretendido odio. Asimismo, no se ha registrado ninguna agresión ni acto de violencia que pueda ser asociado con la actividad de la Librería Europa. En última instancia, cualquier presunta infracción se fundamentaría en un potencial daño social futuro, el cual aún no ha sido determinado.

Por todo ello, creemos que el fiscal está aplicando el derecho penal de autor a PV, es decir, condenando a personas por su pensamiento para prevenir delitos futuros. La distopía propia de una película de ciencia ficción ha llegado a nuestro país.

Desde el Círculo de Amigos de PV, podemos atestiguar que la Librería Europa era un espacio cultural donde el cliente medio era de avanzada edad y tenía un alto nivel cultural. Sin embargo, PV tuvo que soportar acciones violentas por parte de colectivos que se dedicaban a insultar a quienes se atrevían a entrar e incluso llegaron a vandalizar las instalaciones de la librería en varias ocasiones. Recordando estos hechos, PV afirmó: “No tengo odio hacia ningún colectivo, sino amor por la verdad y la Historia”.

El equipo jurídico de PV está comprometido en demostrar su inocencia y desmantelar las acusaciones falsas que pesan sobre él. Confiamos plenamente en que, una vez que se juzguen los hechos de manera imparcial, la verdad prevalecerá y PV será exonerado de estos cargos injustos.

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El Círculo de Amigos de PV agradece el apoyo de la comunidad científica y confía en que la justicia prevalecerá en este caso. Estamos dispuestos a continuar nuestro trabajo en pro de la igualdad y el respeto entre todas las personas.

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