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Nissan marca el camino empresarial frente a un Gobierno comunista y otro talibán-nacionalista: cierra su fábrica de Barcelona, que genera 28.000 empleos

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Frente a la sociedad comunista que se vislumbra en el horizonte, es lógico que multinacionales como Nissan se parapeten y busquen alternativas para sus plantas de producción. Solo desde la pretenciosidad ideológica puede haber causado extrañeza que una multinacional como Nissan ponga tierra de por medio frente a un Estado fallido, una economía devastada, una sociedad polarizada en términos guerracivilistas y un Gobierno con Pablo Iglesias tomando las grandes decisiones. Ya avisamos que inversores y grandes fortunas observaban con preocupación la entrada de Podemos en el Gobierno de Pedro Sánchez, hasta el punto de que fondos extranjeros podían paralizar nuevas compras. Desde operaciones que se han frenado ante la incertidumbre creada por el nuevo horizonte político en España hasta patrimonios y empresas que miran al otro lado de la frontera, por desgracia nuestras previsiones se han cumplido. Nissan ha sido la última gran empresa que ha dado respuesta a la bolivarización del Gobierno de España. AD comprende y apoya la decisión de la multinacional nipona. No podemos culpar a los fabricantes extranjeros de la inseguridad jurídica y el caos social, económico y político imperantes hoy en España.

RECORTE DE 3.000 PUESTOS DE TRABAJO DIRECTOS 

El fabricante japonés de automóviles Nissan, como parte de su nuevo plan estratégico a medio plazo, ha decidido cerrar su planta de producción de Barcelona, lo que supondrá el recorte de los cerca de 3.000 puestos de trabajo directos con los que cuenta la instalación, según confirmaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Dicha fuentes indicaron que la compañía ha comunicado esta mañana de forma oficial al Ministerio su decisión de poner fin a su presencia en Cataluña, donde opera una planta de producción de vehículos en Barcelona, así como una planta de prensado en Montcada i Rexac (Barcelona) y un centro de logística y otro de desarrollo en El Prat De Llobregat (Barcelona).

Este anuncio se produce después de semanas de rumores de cierre de la instalación catalana, cuya plantilla estaba en huelga desde el pasado 4 de mayo, y supone una medida que se enmarca en el nuevo plan estratégico de la empresa, que contempla una reducción de su fuerza de trabajo global de alrededor de 20.000 personas, el 15% del total.

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REACCIÓN DEL GOBIERNO

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha lamentado la decisión de la compañía japonesa Nissan de «dar por finalizada su presencia en Cataluña» y ha propuesto la creación de un grupo de trabajo para estudiar «escenarios alternativos» que garanticen la continuidad de la actividad industrial.

Desde el departamento que dirige Reyes Maroto señalaron que la compañía le comunicó «a primera hora de esta mañana» su decisión respecto a su actividad en Cataluña, lo que significa a medio plazo el cierre de las instalaciones.

El Gobierno considera que la continuidad de la planta de Barcelona «es posible», tal y como recoge el plan de viabilidad que presentó el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo hace unos meses en colaboración con la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y el Consorcio Zona Franca.

Asimismo, destaca que la continuidad de la factoría de Barcelona «tiene sentido económico» para la compañía japonesa, puesto que el coste de cerrar la fábrica podría superar los 1.000 millones de euros, mientras que la adjudicación de un modelo eléctrico requeriría ‘solo’ 300 millones de euros.

SOLUCIÓN ALTERNATIVA

Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha mostrado su malestar por esta decisión y ha asegurado que desde el Ejecutivo trabajarán para encauzar este proceso y buscar una solución «alternativa».

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En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, Calviño ha destacado que esta noticia no es positiva y ha recordado que el Gobierno ha propuesto a la compañía una negociación «para encauzar este proceso».

«Creemos que es una planta que tiene sentido estratégico, porque se trata de la única de Nissan en Europa. Cerrar esta planta representa una decisión estratégica gran calado para Nissan», ha explicado la ministra.

Además, ha subrayado que las inversiones necesarias en esta instalación son inferiores al coste de cerrarlas, por lo que ha apuntado que van a seguir trabajando con empresa, trabajadores, Generalitat de Cataluña y con el Consorcio de Zona Franca para «encauzar este proceso o buscar una solución alternativa».

«UNA DECISIÓN DIFÍCIL»

Nissan ha anunciado que reducirá un 20% hasta 2023 su capacidad de producción en todo el mundo, hasta unas 5,4 millones de unidades, y recortará un 15% sus costes en el período, según ha informado la firma en la presentación de resultados de su año fiscal 2019/2020. En este sentido, Nissan ha explicado que para conseguir estos objetivos cerrará su fábrica de Indonesia y concentrará su producción en Tailandia para la región del sudeste asiático. Asimismo, la compañía «pretende» cerrar la planta de Barcelona.

Todo ello para reducir su capacidad de producción un 20%, hasta 5,4 millones de unidades al año, con un máximo de 6 millones de unidades, para mantener sus instalaciones produciendo al 80% de su capacidad y así ser «más rentables».

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Nissan ha defendido que el cierre de las instalaciones que mantiene en Barcelona representa «una decisión muy difícil», que supondrá un recorte de cerca de 3.000 puestos de trabajo directos. Así lo ha comunicado el consejero delegado de la multinacional japonesa, Makoto Uchida, este jueves en la rueda de prensa para presentar los resultados financieros del ejercicio fiscal 2019-2020 y su plan de transformación para 2020-2023. «Hemos considerado varias medidas para la planta de Barcelona y, aunque es una decisión difícil, tenemos la intención de cerrar la planta y empezaremos las negociaciones y preparaciones», ha explicado el directivo.

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España

Viva la democracia española. El librero Pedro Varela podría pasar 12 años en prisión por vender libros que no gustan a la canalla roja prohibicionista

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Su delito: discrepar de la versión oficial y tener sus propias opiniones, tras años de investigación y estudios, acerca de los hechos acontecidos en los territorios ocupados por los alemanes durante la II guerra mundial. El arma del delito: los libros que se apilaban en su librería de la calle Séneca de Barcelona, en el barrio de Gràcia, y que llevan la firma de autores que han sido severamente estigmatizados por atreverse a contrapuntar el punto de vista oficial sobre aquel período histórico. Su nombre, Pedro Varela Geiss. Hasta sus más feroces detractores mediáticos; es decir, casi todos, reconocen en él virtudes ciclópeas que están en peligro de extinción. Es austero, políglota, amante de los deportes de montaña, posee una sobresaliente cultura, desprecia el dinero, vive en la casa familiar, ha optado por la castidad, es cristiano practicante y ha clavado una bandera en una trinchera donde pone: “Me quedó aquí, es mi decisión, venid a por mí”.

Durante una de sus intervenciones para exponer su credo, dijo: “Aquí estoy. Si la gente no tuviese interés por saber lo que pasó en el Tercer Reich yo ya habría cerrado. Donde hay demanda, hay mercado y donde hay mercado hay producción. ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Enviarme a Marte? ¿Meterme en un psiquiátrico? Después de toda una vida no puedo decir ahora: “vale, me creo lo del holocausto”.

En 2017, el mismo año del golpe  independentista promovido por los mismos líderes que han sido indultados y amnistiados, se precintó la Librería Europa, se requisaron 15.000 libros, se detuvo a cuatro personas, se efectuaron varios registros domiciliarios, se confiscaron ordenadores y equipos de grabación y se apoderaron de su dinero.

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Empieza el juicio a Pedro Varela

El juicio al librero Pedro Varela y a cuatro responsables más de la Librería Europa, ya cerrada en la capital catalana, acusados de difundir discurso de odio con los libros que ofrecían, ha empezado este martes en la Audiencia de Barcelona.

La primera jornada estuvo dedicada a las cuestiones previas y a los interrogatorios de los acusados, y la previsión es que el juicio dure un total de ocho sesiones repartidas hasta el 29 de mayo.

La Fiscalía reclama una condena de 12 años de cárcel para Varela y de ocho para el resto, todos por delitos contra los derechos fundamentales, organización criminal y asociación ilícita, y había un acusado más pero murió durante la instrucción de la causa.

En el juicio al fundador del Círculo Español de Amigos de Europa (Cedade) también son acusaciones populares el Ayuntamiento de Barcelona, la Federación de Comunidades Judías de España y el Movimiento contra la Independencia.

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Varela y los otros acusados formaban parte de una asociación cultural que contaba con su propia editorial, Ediciones Ojeda, vendían las publicaciones por internet y en la Librería Europa, y organizaban conferencias, todo con la intención de difundir “una línea de pensamiento basada en la cultura del odio supremacista y de animadversión y segregación racial contra lo que ellos consideran como ‘razas inferiores’”, según la Fiscalía.

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