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Opinión

Mi querida España, qué mal camino llevas

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En pocos días tuvimos dos sentencias del Tribunal Supremo, en teoría la “máxima” instancia Judicial, si no consideramos que el Tribunal Constitucional -del que he dicho muchas veces que, en pura lógica, debería ser una Sala más que “lidiara” lo que atañe a derechos constitucionales- pone en duda esa “supremacía”. Y ambas sentencias, en aras de una “unanimidad” a veces mal entendida para evitar el voto discordante, la polémica está servida.

La primera, la de la exhumación de los restos de Francisco Franco, sobre la que ya opiné en un artículo, dice ahora el gobierno que puede retrasar la su ejecución pese a haber cerrado al culto y visita el recinto de la Basílica, mientras el abogado de la familia anuncia que si el Tribunal Constitucional no contesta en el plazo de 48 horas, ya casi concluido, elevará el recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y ya veremos en qué queda todo.

Respecto de la segunda, la relativa al juicio de los cabecillas del “procés” no huidos por el frustrado intento de golpe de Estado de 2017, mucho se ha escrito y dicho ya y más desde el pasado lunes, con opiniones encontradas sobre si lo sucedido en Cataluña en Octubre de 2017 fue rebelión o sedición, pasando por conspiración para la rebelión. Al final se impuso de nuevo la unanimidad y el “veredicto” fue sedición con el añadido para algunos de malversación de fondos y la consiguiente suspensión para ejercer cargo público durante un tiempo equivalente a las condenas. Una sentencia que ni respeto ni dejo de hacerlo -no tengo argumentos jurídicos para hacerlo-, pero que a falta de lectura detallada me rechina porque es lo que me pide mi conciencia, convencido como estaba desde mi modesta perspectiva de que lo visto y escuchado esos días en las calles y en el parlamento catalán eran merecedores de mayor castigo penal como, por otra parte, parece que pedía la Fiscalía, aunque en un supuesto sistema democrático y dentro de un Estado de derecho, no queda otra que acatarla.

Mención aparte merece el feo asunto de que se haya producido una nueva filtración días antes de hacer pública la sentencia, precisamente al diario El País, medio “oficioso” de los gobiernos del PSOE, algo que es más grave si cabe por tratarse de la máxima instancia de nuestra Magistratura que, supuestamente, debiera también ser la que transmitiera máxima seguridad de discreción. Y surge la pregunta obvia: ¿quién filtró la sentencia antes de tiempo? que tiene una respuesta aún más obvia: sólo pudo haberlo hecho alguien del entorno de los magistrados o, lo que es peor aún, alguno de ellos. Según avanzó al respecto El Confidencial “Marchena aseguró que no estaba ‘enfadado, aunque sí ‘disgustado’ por las filtraciones del fallo”, y añadía que “el presidente de la Sala Segunda tiene perfectamente identificado al filtrador, que sería una sola persona… y se trata de un miembro “progresista”del Tribunal Constitucionalque mantiene buena relación con algunos magistrados del juicio, que podrían haberle facilitado, como muestra de confianza y con exigencia de reserva, datos sobre el fallo final”. Ya veremos el recorrido que tiene este grave asunto y si conocemos la identidad del filtrador y del que se lo filtró a él por esa supuesta “confianza” aparentemente traicionada.

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Otra de las cuestiones que han ocupado más tiempo en la crítica de la sentencia es que ésta se torció cuando el gobierno del Dr. Plagio cum Fraude, a través de la Abogacía del Estado sustituyó como representante en el Proceso a Edmundo Bal por Rosa Mª Seoane. El propio Edmundo Bal, hoy diputado de Ciudadanos lo aclara en una entrevista en Voz Populi: “Yo hice un escrito de sedición con violencia. Hice un borrador de rebelión, uno segundo con malversación y un tercero con sedición con violencia… porque me dijeron que tenía que hacer un escrito con el delito de sedición, y yo describí los hechos como yo entendí que eran: es decir, con violencia amparada en un delito de sedición. Y me amparé en la misma sentencia que ha utilizado el Supremo, a la que alude la juez Carmen Lamela para procesar a Trapero, Laplana y Puig por sedición”, añadiendo que su negativa a eliminar el agravante de violencia “es el motivo y única razón por la que me cesaron… me negué a quitar del escrito de acusación los hechos que se referían a la violencia. Hechos violentos que resultaban con toda claridad en la fase de instrucción de la causa”. Y apostilla: “Si a mí en aquel momento me dejan presentar ese escrito de sedición con violencia, en donde vaticinaba que la sedición y la malversación se encontraban en concurso medial con la sedición e intuía unas penas para Oriol Junqueras en torno a 16 años, hoy me hubiera dado la satisfacción de que el Tribunal Supremo me daba la razón a mí”. Es decir, que parece que la ausencia del término violencia es lo que ha determinado la diferencia de pena para el principal de los encausados, Oriol Junqueras, de 16 años a 13 y, supongo, que algo parecido se puede extender al resto de condenados. Entiende además Edmundo Bal, contra lo visto en algunos medios sobre el “enfado de la Fiscalía”, que ésta “se haya mostrado contenta con la sentencia” porque “Independientemente de la calificación jurídica, la redacción de los hechos es la del escrito de acusación.

Los hechos son los de la Fiscalía; un argumento relevante para que Pedro Sánchez no esté tan contento y triunfalista diciendo que ha ganado el escrito del Gobierno. No, mire usted, en la redacción de hechos ha ganado el escrito de la Fiscalía. En el escrito de acusación de la Abogacía del Estado no se hacía referencia alguna a hechos violentos. Pedro Sánchez engañó a la gente ocultando la violencia. La redacción de hechos probados es una derrota en toda regla”, y termina “si me hubieran dejado llevar el asunto, hoy hablaríamos de una sentencia que coincidiría al 100% en los hechos probados y en la calificación jurídica, y superaría solo por un poco la condena que se ha impuesto”. Creo que queda claro.

Por último me sorprende el rechazo de la petición de la Fiscalía para que los condenados no puedan acceder al tercer grado -creo que es el Art. 36.2 del C.P.- hasta haber cumplido la mitad de la pena para evitar que la Generalidad, titular de las competencias de Prisiones -otra cosa que nunca debió hacerse- pueda aplicar a los presos el régimen más favorable -en pocas semanas en algún caso- y que ahora queda en sus manos, aunque la decisión en ese sentido puede ser recurrida por la Fiscalía.

En definitiva, la interpretación y recorrido de la controvertida sentencia del TS dará mucho de sí en los próximos meses pero hay que destacar las reacciones que, desde el lunes, estamos viendo en las calles de las capitales catalanas y otros puntos y las declaraciones de los que dan cobertura desde las instituciones de la Generalidad a los condenados. Empezando por el presidente Joaquín Torra: “Lo volveremos a hacer” dando las “gracias por las movilizaciones contra la injusticia de la condena”.

Lo paradójico es que este cabestro, supuestamente máxima autoridad del Estado en la región y, por ende, responsable de que se cumpla la ley y se mantenga el orden, sea el mismo que enardece a las turbas que, en su salvajismo y conocimiento de que “su” autoridad los anima, se sienten impunes por los desmanes que convirtieron Barcelona en hogueras de mobiliario urbano y destrozos que han dejado más de cincuenta heridos en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Y por si hay duda se suma a la marcha que, desde Gerona, está cortando la AP-7, aunque ahora, en una estrategia más, pretende desmarcarse de la violencia que, después de animarla, dice que “no nos representa”.

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Por su parte, la segunda “autoridad” catalana, Rogelio Torrent, presidente del parlamento cuya antecesora, la “pobre abuela” Carmen Forcadell, hoy condenada a once años y seis meses, proclamó el 27 de Octubre de 2017 la Republica “Guinnes” -56 segundos duró-, llamaba a salir a la calle para “hacer que la represión del Estado sea insostenible”. Y desde esa cárcel-hotel de cinco estrellas de Lledoners, entre visitas, el también condenado Junqueras dice que la sentencia “No es Justicia, es venganza”, mientras que su jefe, el fugado Carlos Pico del Monte, desde el palacete de Waterloo alardea sobre el Tsunami Democrático (TD) -término que anunció Jordi Cuixart durante el interrogatorio y que corresponde a una Plataforma que funciona desde una aplicación protegida, descargable en el móvil-. Lo llama “propuesta ingeniosa que les desborda -al Estado español-, como las urnas y como el propio TD”. Una plataforma más profesionalizada que los CDR y alentada por una cabeza política todavía desconocida ante la que el “aguerrido” ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, que ya quedó definido por su compañera de gabinete Dolores Delgado (“Lola bebe de mi copa”, decía el comisario Villarejo) parece tener más “energía” a la hora de abroncar las acciones de los suyos, como con la Guardia Civil tras detener a nueve CDR, que de enterarse de quiénes están detrás de ese movimiento violento que parece que surge de una reunión en Bruselas entre los ya citados Puigdemont y Torras y las también fugadas y ahora en Suiza, Marta Rovira y Anna Gabriel. Esperemos que esta vez, la Orden Europea de Detención que ha activado de nuevo el Juez Pablo Llarena, tenga efecto y la justicia belga cumpla con su obligación y detenga a los fugados para que sean juzgados en suelo español del que se les permitió escapar impunemente.

Y de aquellos polvos -y algunos más que el espacio limita-, estos lodos, como recordaba un buen amigo vía WhatsApp con unas acertadas preguntas: “1.- ¿Quién descafeinó la tipificación del delito de rebelión en la reforma del C.P. (artículo 217 – 1973)? El biministro Belloch, y el presidente González, en 1995. 2. ¿Quién eliminó del C. P. el delito de referéndum ilegal (artículo 506 bis)? El ministro Alonso y el presidente Zapatero, en 2005. Medida aprobada a final de 2003 y contribuyó frenar el plan Ibarretxe. 3.

¿Quién decidió entregar la competencia sobre las cárceles a Cataluña? El ministro Barrionuevo y, de nuevo, el presidente González, en 1983 y 4. ¿Quién decidió trasladar a los políticos independentistas presos a la cárcel de Lledoners, en Barcelona? El ministro Grande-Marlaska, y el presidente Sánchez, en 2018”, añadiendo para refrescar la memoria que “El elemento común a estas cuatro decisiones políticas es que fueron adoptadas por ejecutivos socialistas. Ahora que nos gobierna otro presidente socialista y que hay elecciones el 10 de noviembre NO VOTES PSOE”. Recomendación que suscribo y añado que el PP propone recuperar el delito de rebelión impropia para responder a la proclamación de independencia sin uso de violencia, que modificó el PSOE.

Claro que a fuer de ser ecuánime y siendo lo anterior incuestionable, respondía con un par de preguntas y su respuesta: 1. ¿Quién no modificó lo que González hizo mal? José Mª Aznar, que hablaba catalán en la intimidad. Y 2. ¿Quién no derogó la Ley de Memoria histórica, permitió dos referéndums y no aplicó bien lo que podía, convocando elecciones catalanas sin haber normalizado la situación, como dijo? Mariano Rajoy. Es decir, “entre todos la mataron y ella sola se murió” y ahora llegan los nuevos a repartirse los restos.

Por cierto, hablando de los nuevos, ¡qué fiesta sin la tía Juana!, me puede el “héroe” Santiago Abascal, que no perdió la oportunidad de desbarrar en la misma puerta del TS nada más publicarse el fallo: “Después de estudiar detalladamente la sentencia, que es algo que haremos en las próximas horas, recurriremos la misma”. ¿Encabezará VOX “también” el recurso de amparo de los condenados ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
Y termino con estos versos de mi paisano Don Eufemio en el Blog del General Dávila: “Que fallido un Estado el que mantiene, /un país con Justicia de opereta, /que un día derrotó, dice, que a ETA / y que a su voluntad, servil, se aviene: / un país, lo dejó claro el poeta, / ¡Un país de charanga y pandereta!”.

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España

Contra la debilidad mental occidental: La esclavitud en el Islam todavía sigue vigente (Y siempre ha apuntado CONTRA EUROPA) Por Ernesto Milá

Ernesto Milá

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Introducción a La esclavitud en el Islam, libro que estará disponible en breve.

Durante siglos, especialmente del XVI a principios del XIX, nuestras costas fueron hostigadas por piratas berberiscos. Querían vengar la “pérdida de Al-Andalus” (esto es, la Reconquista). La captura de poblaciones costeras del norte del Mediterráneo para venderlas en los mercados de esclavos del Magreb o negociar su rescate se convirtió en una práctica habitual entre las poblaciones del norte de África. Quienes practicaban estas razzias, que hacían imposible la vida en nuestras costas, eran considerados “yihâdistas”. Este comercio de esclavos europeos existió, por mucho que los “multiculturalistas” de hoy quieran olvidarlo.

Todavía ningún gobierno del Magreb se ha disculpado por estos actos.

*    *    *

LA CAÍDA DEL PRIMER ARGUMENTO INMIGRACIONISTA: 

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EUROPA NECESITA TRABAJADORES

Hoy, ya nadie puede dudar que el primer argumento que se utilizó para justificar la presencia de compactos núcleos musulmanes en Europa Occidental –aquel que afirmaba que eran necesarios inyectar inmigrantes para pagar las pensiones de los abuelos…– era una simple falacia. La realidad es que, las pensiones de los abuelos –yo lo soy– pierden cada día poder adquisitivo porque a los gobiernos de nuestro entorno les es necesario comprar la “paz étnica y social” subvencionando a los recién llegados. No hay dinero para todos. Y los que llevan las de perder es la parte más débil: los jubilados. La inmigración es hoy una pesada carga económica para todos los Estados que se han negado durante décadas a controlarla.

Desde, como mínimo, 2008, la inmigración ha variado su carácter; hasta ese momento, podía pensarse que los motivos del desplazamiento hacia España se debían a la posibilidad de integrarse en nuestro mercado laboral y, en especial, en el sector de la construcción. Pero, desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, con la mecanización progresiva de la agricultura, las deslocalizaciones y el proceso de desindustrialización creciente, es casi seguro que, hoy, pocos de los inmigrantes que llegan a España, –especialmente los que no tienen ningún tipo de cualificación profesional (esto es, la mayoría)–, tengan como proyecto personal integrarse en el mercado laboral y vivir del propio trabajo, ahorrar para volver al país de origen con capital suficiente para emprender una nueva vida.

Se suele creer que las motivaciones de los inmigrantes en el siglo XXI son las mismas que las de los españoles, portugueses e italianos que se desplazaron a Francia, Suiza, Alemania, Benelux, en los años 50 y 60, para reconstruir países que habían sido demolidos por la Segunda Guerra Mundial. En aquella inmigración existía la voluntad de trabajar durante unos años en unos países con unos niveles salariales mucho más altos, poder ahorrar llevando una vida austera (pero no miserable), acumular cierto patrimonio que les permitiera abrir un pequeño negocio o, simplemente, comprar una vivienda al regresar a la Patria. Esa inmigración, no es la actual.

Nuestros inmigrantes querían regresar –en grandísima medida– al país que habían abandonado. Iban a trabajar, a esforzarse, a partirse el espinazo para llevar a la práctica un proyecto personal legítimo y que enriquecía a todas las partes: a los receptores de inmigración porque sabían que los recién llegados eran gente dura y dispuesta a trabajar. A los inmigrantes porque, a cambio de su trabajo, recibían un salario muy superior al del mismo oficio en España y podían ahorrar. Al país emisor de inmigrantes porque allí recibían formación y volvían con una capacitación laboral superior a la que habían partido, sin olvidar que su trabajo en el extranjero generaba unas divisas preciosas en aquel momento para garantizar intercambios comerciales. Aquellos inmigrantes –nuestra inmigración– no planteaban problemas de convivencia, ni choques culturales; fieles al dicho “donde fueres, haz lo que vieres”, nuestra gente se integró perfectamente en la sociedad que los recibió. Nada de todo esto vale para el actual fenómeno migratorio.

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Ya no hay países en Europa Occidental que precisen ser reconstruidos después de una guerra. Tampoco hay un mercado laboral en expansión que permita pensar que, sin un alto nivel de cualificación y sólo en determinadas profesiones, vayan a encontrar trabajo bien remunerado. Ni siquiera para españoles, los salarios medios –a la vista del coste de la vida– permiten ahorrar gran cosa. Ningún inmigrante, en su sano juicio, puede transmitir a otros como él que residen en su propio país, la idea de que valga la pena venir a España para trabajar: la realidad es que, aquí y ahora, el poco trabajo que existe para gentes con poca o nula cualificación profesional, no permite ni vivir dignamente, ni mucho menos ahorrar. Entonces ¿por qué viene la inmigración?

Vale la pena no engañarse al respecto. Y los medios de comunicación, así como los diferentes gobiernos, de derechas y de izquierdas, llevan casi treinta años engañándose y falseando datos, cifras y circunstancias. No hay otra forma de definir la actitud de quienes niegan los problemas que se han generado a causa de la inmigración ilegal, masiva y descontrolada.

LA CAÍDA DEL SEGUNDO ARGUMEN IMIGRACIONISTA: 

“WELCOME REFUGIES”

Si bien es cierto que, hoy, ya nadie se atreve a sostener que, gracias a la inmigración, se van a poder “pagar las pensiones de los abuelos”, las justificaciones se han convertido en cada vez más extemporáneas, ridículas, ignorantes e, incluso, frecuentemente, entre los portavoces gubernamentales, zafias. Caído el mito de “las pensiones de los abuelos”, el nuevo argumento nos decía que los inmigrantes no eran tales: que se trata de “refugiados”. Ser “refugiado”, al parecer, hace obligada la “solidaridad”. El perseguido merece protección y ayuda para salvarlo de su perseguidor… En algunos casos, los menos, los recién llegados son “refugiados”. Pero, incluso, en esas circunstancias, cabe preguntarse: ¿y por qué un “refugiado afgano” elegirá vivir en Europa Occidental y no en Paquistán, en la India o, incluso en el sudeste asiático, países mucho más próximos, en todos los sentidos, a su patria originaria?

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Por otra parte, si existen “refugiados” es porque tal o cual país los genera y la situación allí es insoportable, por tanto, si se trata de admitir, por ejemplo, subsaharianos, vale la pena recordar que, en cualquiera de aquellos países, en toda África y en buena parte de Asia, casi sin excepción, la “democracia” es una palabra que no tiene el mismo significado que en Europa. De los 1.200 millones de africanos, la inmensa mayoría podrían ser considerados como “aspirantes a refugiados”, a la vista de que existen diferencias abismales entre los “derechos humanos” tal como se contemplan en Europa y como se practican en África.

Pero, Europa no puede admitir a 1.200 millones de inmigrantes que, por lo demás, deberían entender que ellos, para prosperar, sería oportuno que trataran de hacer cambios en su país, antes que adoptar la solución más cómoda de mudarse a otro… ¿a cuál? Y esta es el nudo de la cuestión: no se trata de países en los que exista un mercado laboral floreciente, ni aquellos otros más próximos al lugar de origen, para mantener el contacto con sus raíces, sino de aquellos en los se vive mejor y, lo que es aún más importante, donde se garantizan subvenciones solamente por llegar y en donde todo, absolutamente todo, está permitido (o poco menos). Ese es el centro de la cuestión que políticos y medios pretenden escamotearnos.

No hay nada más opaco en la actual democracia española que la suma total de subvenciones que reciben los no nacidos en España y sus hijos nacidos aquí. La falta de transparencia es, precisamente, lo que permite sospechar. Recientemente se ha publicado la cifra de que algo más de 2.000.000 de inmigrantes viven de subsidios públicos. El misterio está lejos de quedar resuelto, porque no se dice cuántos antiguos inmigrantes que han logrado naturalizarse como “españoles”, siguen subsidiados. Por otra parte, haría falta especificar qué tipo de subsidios reciben: en España existen muchos de tipos de ayudas y de pensiones no contributivas. Todo ello hace sospechar que las cifras son muchísimo mayores y es legítimo pensar que pueden ser, incluso, el doble o el triple, incluso, de las dadas. Por lo demás, no se especifica el volumen total de subsidios y subvenciones por distintos conceptos, ni los dados por las distintas administraciones, que van a parar a lo que en Francia se ha llamado “la aspiradora de recursos públicos”, esto es, la inmigración. La opacidad de las cifras, en efecto, no hace nada más que aumentar las sospechas.

LA CAIDA DEL TERCER ARGUMENTO INMIGRACIONISTA: 

“VIENEN PARA CONTRARRESTAR LA BAJA NATALIDAD”

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Luego está el argumento de la crisis de la natalidad en España. Era lo que podía esperarse: la elevación constante del coste de la vida, hace imposible el que se puedan formar parejas e, incluso, que una vez formadas, decidan tener hijos. La paternidad es una aventura que muy pocos se atreven a afrontar. Para hacerlo es preciso tener seguridad de que se podrá mantener a los hijos. Nadie está dispuesto a ofrecer tales garantías. Sin embargo, es un problema político: hubiera bastado con atribuir prioridad en beneficios sociales y ventajas fiscales a las parejas españolas que deseen tener hijos, garantizar su prioridad a la hora de obtener viviendas sociales, y simples campañas en pro de la natalidad, para que se estimulara la natalidad entre nuestra gente. No se hizo, ni se tiene intención de hacer. Si se hubiera empezado a hacer en 1996, cuando Aznar abrió las puertas a la inmigración, hoy tendríamos una generación de 28 años y un país homogéneo. Se hizo –y se hace– justo lo contrario: confiar en que gentes llegadas de todo el mundo salvarían la natalidad en España.

Desde el año 2000, en las cuatro provincias catalanas los nacidos en la noche del 31 de diciembre al 1 de enero de cada año, son en su inmensa mayoría hijos de nacidos en el extranjero. Pero, salvo entre las mujeres subsaharianas, el número de hijos va disminuyendo incluso dentro de la inmigración. Los inmigrantes andinos, por ejemplo, se han configurado como los primeros y principales usuarios de los servicios de aborto gratuito y de “píldora del día después”. La ruptura de la unidad étnica de España ni siquiera ha servido para que la natalidad remonte o para que se repueblen zonas “vacías”.

LA ÚLTIMA TRINCHERA INMIGRACIONISTA: 

“TENEMOS UNA DEUDA CON EL TERCER MUNDO Y SE LA VAMOS A PAGAR”

Caído el mito de “los que vienen a pagar las pensiones”, en un momento en el que ningún alcalde que quisiera mantenerse en el consistorio se atreve a colocar pancartas con el “Welcome refugies”, cuando se ha visto a las claras que la inmigración no resuelve el problema de los nacimientos, sino que complica la convivencia, ahora, como última trinchera inmigracionista, el argumentario se ha desplazado a otro frente; nos dicen: “estamos obligados a admitir a todos los inmigrantes que quieran establecerse en nuestro suelo y a mantenerlos, incluso, porque, se lo debemos”.

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Nos dicen que Europa “debe” a los inmigrantes del Tercer Mundo el haberlos explotado como colonias. Repiten, para bloquear a los más sensibles, que los europeos “somos responsables” de haber esclavizado a los africanos y que les debemos una compensación. Por eso están aquí, por eso estamos obligados a subsidiarlos… Es un argumento que tiene su fuerza, pero que no deja de ser otra falacia.

No solamente no fuimos esclavistas –valdría la pena, ya que estamos en esto, elaborar un censo de familias europeas que se dedicaron a la trata de esclavos, porque sería, en última instancia, a ellos a los que les correspondería pagar indemnizaciones, no a la totalidad de un pueblo– sino que, además, durante siglos, los europeos que vivían en las costas mediterráneas (pero, también, incluso en las del sur de Gran Bretaña y en Irlanda) corrían el riesgo de ser secuestrados ellos y sus hijos, saqueados sus bienes e incendiados sus pueblos, por parte de piratas berberiscos; una práctica que se prolongó hasta principios del siglo XIX. Unos fueron esclavizados de por vida, los otros extorsionados pidiendo fabulosos rescates, otros murieron sin dejar huellas… Sin olvidar, claro está, que el grueso de traficantes que capturaban esclavos en África eran árabes y que se beneficiaban de pactos con tribus africanas que los obtenían de tribus vecinas.

Sería bueno presentar una reclamación de cantidad por los millones de europeos, especialmente de los países mediterráneos, de los países eslavos, e incluso del Reino Unido, que fueron secuestrados, esclavizados, obligados a vivir en condiciones infrahumanas, asesinados y muertos de agotamiento en tierras del Magreb

Aquellas exacciones berberiscas han dejado recuerdos imborrables en nuestro folklore, en nuestra literatura e, incluso, en la configuración de las costas (las “torres de guaita” tan habituales en la costa catalana no eran para admirar la belleza del Mediterráneo, sino para vigilar la llegada de piratas berberiscos). Aquel valeroso soldado que recibió dos disparos de arcabuz en el pecho y en el brazo izquierdo, en la gloriosa jornada de Lepanto, Miguel de Cervantes, dejó constancia en El Quijote de sus nueve años de cautiverio en Argel.

Los grandes olvidados de la historia europea, son los millones de antepasados esclavizados en tierras islámicas. Los europeos no somos los “malvados” de esta historia. El colonialismo se explica en gran medida por las constantes molestias generadas por la piratería islámicaberberisca y otomana. Quienes la practicaban eran asimilados a yihadistas: y lo hacían con saña y con odio acumulado. La negativa a erradicar la esclavitud, hizo necesaria la intervención europea con la consiguiente disolución de los “mercados de esclavos” que todavía existía en el siglo XIX en el Magreb. No “debemos” nada: nos deben una reparación de aquellos crímenes contra los pueblos europeos.

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