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Las ONGs gitanas, denunciadas por malversación y apropiación de cientos de millones de euros procedentes de los fondos públicos

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Jorge Ventura (R).- La Fundación Secretariado Gitano, la Unión Romaní, Federación Andaluza de Asociaciones de Mujeres Gitanas-Fakali Amuradi, Fagex (Federación de Asociaciones Gitanas de Extremadura) y la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas-Kamira recaudan el 90 por ciento de los fondos públicos destinados al desarrollo del pueblo gitano.

El pueblo gitano tiene poco que celebrar. Cuarenta años de democracia apenas han servido para aflorar un puñado de ejemplos individuales y algunas promociones personales. El furgón de cola de la sociedad sigue siendo el romaní, a pesar de los esfuerzos presupuestarios para sacarlo de la postración. Un Informe independiente acusa como causa de la situación a la apropiación y a la malversación de una cantidad indeterminada que se eleva a miles de millones de euros en subvenciones.

Una minoría cuyo 80 por ciento está desempleada y el 79 por ciento amenazada de exclusión laboral, un 54 por ciento sufre pobreza severa y un 75 por ciento se considera excluida socialmente y el 95 por ciento de sus menores son víctimas del abandono escolar es, obviamente, un grupo social marginado y en peligro de colapso. Sin embargo, tanto los Gobiernos españoles como la Unión Europea han destinado a lo largo de estos años una importante suma de dinero destinada a paliar e incluso a terminar con esta intolerable situación de la población gitana de España, donde reside la segunda población gitana más numerosa de Europa, después de Rumanía.
Un informe demoledor contra las ONGs Gitanas

¿Por qué no ha sido así? Según el informe Funcionamiento y Organización de las llamadas ONGs Gitanas en Andalucía, Gestión de Fondos Públicos y Situación Socioeconómica del Pueblo Gitano, del Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción -en el que han participado otras organizaciones como Observatorio de Subvenciones de Andalucía, Plataforma Ciudadana por la Democracia y Transparencia, Andalucía por la Enseñanza Pública y Foro Ciudadano para la Participación Democrática de Sevilla-, por la “serie de irregularidades, según nuestro criterio, que se han venido produciendo por parte de las llamadas organizaciones gitanas aprovechando la falta de control de las administraciones públicas, dando así visibilidad a la mala gestión de fondos públicos que parecen haber servido para que los miembros dirigentes de las ONGs y familiares disfruten de un alto nivel económico, mientras la bolsa de pobreza en nuestra Comunidad (Andalucía) y posiblemente en otras, de las personas de etnia gitanano ha tenido ningún cambio a pesar de las importantes partidas económicas desembolsadas”.

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Según este informe, las ONGs que actúan en la población gitana no sólo no cumplen los requisitos legales exigidos para recibir subvenciones sino que los órganos de las diversas administraciones encargados de recabarlos no cumplen escandalosamente con los deberes que impone la Ley para otorgar dichas ayudas y subvenciones.

El resultado es que “la actual situación de emergencia social del pueblo gitano no tiene relación con las inversiones millonarias que desde las Administraciones Públicas se han entregado a las entidades llamadas gitanas, recursos económicos que no parecen haber llegado a su destino, pues ningún efecto positivo se ha producido sobre la situación social de las personas a las que presuntamente iban dirigidas, paralizando la trasformación social y condenando a la pobreza a miles de familias gitanas que a diario se ven obligadas a rebuscar en la basura o ejercer actividades que les impiden vivir dignamente”.

La Fundación Secretariado Gitano, ha gestionado “cerca de 200 millones de euros de fondos europeos

Las contradicciones entre las ONGs y las Administraciones no contribuyen a dibujar una imagen nítida de la situación: la secretaria general de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Ana María Rey, sostiene que el 70 por ciento de familias gitanas de la Comunidad -en la que residen unos 350.000 gitanos, prácticamente la mitad de los que viven en España-, vive en una “situación de absoluta normalidad”, mientras que el director de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez, aunque admite que, en comparación con el resto de Europa, el progreso de la comunidad romaní en España ha sido mejor -y destaca “el papel fundamental” de la vivienda como “uno de los motores para la transformación” del colectivo-, tiene que reconocer que tres de cada cuatro familias gitanas están por debajo del umbral de la pobreza, y que el 54 por ciento se encuentran en situación de exclusión severa.

Pero el informe señala precisamente a esta Fundación como una de las que podrían haber malversado los fondos recibidos de las Administraciones españolas y de los Fondos Estructurales de la Unión Europea FEDER-Fondo Social Europeo. Desde el periodo 1989-2000 la Fundación Secretariado Gitano, ha gestionado “cerca de 200 millones de euros de fondos europeos” solamente a través de planes para empleo, programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios, programa Acceder y plan FIP… Sin embargo, la UE estima que el 90 por ciento de la juventud gitana española ni trabaja ni estudia.

En cambio, señalan las ONGs autoras del informe, la Fundación Secretariado Gitano dispone de un patrimonio inmobiliario muy importante en España y en otros países siendo, una organización sin ánimo de lucro.
Miles de millones de euros en manos de unos pocos

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Junto a esta Fundación señalan a la Unión Romaní, Federación Andaluza de Asociaciones de Mujeres Gitanas-Fakali Amuradi, Fagex (Federación de Asociaciones Gitanas de Extremadura) y la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas-Kamiracomo las entidades que recaudan el 90 por ciento de los fondos públicos destinados al desarrollo del pueblo gitano. Cifran estos fondos en miles de millones de euros, que, salvo rubros concretos, se confiesan incapaces “de cuantificar sin la elaboración previa de un registro donde todas las administraciones aporten los datos de subvenciones entregadas en el tiempo de plazo que se determine”, pues acusan de falta de transparencia tanto a las administraciones que los satisfacen como a las organizaciones que los reciben, pues uno de los requisitos legales que incumplen, entre otros de los establecidos, es, precisamente, la condición de realizar una auditoria externa anual.

Las acusan también de nepotismo: “Es habitual que sean varios familiares de primer y segundo grado quienes ocupen cargos de responsabilidad con sueldo a cargo de las mismas” y a “las administraciones públicas que no realicen control de ningún tipo sobre el uso finalista de los fondos públicos dedicados a erradicar la extrema pobreza, sin que ningún organismo sepa responder, ni exista información pública al respecto, si lo que llega a las actuaciones concretas para erradicar la pobreza es el 90 por ciento o el 9 por ciento del total de la cantidad subvencionada, y en sentido contrario, ningún organismos sabe si de dichas entidades nacidas para gestionar fondos destinados a erradicar la pobreza extrema, se gasta en sueldos de empleados (la mayoría familiares) viajes, dietas, alquileres, etc. el nueve o el 90% de las subvenciones recibidas”, mientras que, por el contrario, “análisis e informes de empresas independientes señalan que los varios miles de millones de euros invertidos no han producido prácticamente ningún resultado de mejora sobre las personas a las que iba destinadas”.

Pedro Puente, el sacerdote y presidente del Instituto de Cultura Gitana, y Diego Fernández, su director; Isidro Rodríguez, director de la Fundación Secretariado Gitano; Juan de Dios Ramírez Heredia, presidente de la Unión Romaní; Beatriz Carrillo de los Reyes, presidenta de Fakali-Amuradi, y Antonio Vázquez, presidente de Fagex, son los responsables principales señalados en el informe del Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción.

Y termina solicitando a “cada organización, institución o Administración Pública que tenga alguna relación con las subvenciones concedidas, o los organismos y entidades que tengan responsabilidad en el buen uso de las mismas, inicien las gestiones oportunas sobre las circunstancias señaladas en el presente Informe y adopten las medidas correctoras que fueran precisas, así como la depuración de responsabilidades de cualquier tipo que pudieran derivarse del conocimiento exacto de los hechos”. Así como que se realicen auditorías a todas las entidades recipiendarias de fondos nacionales y europeos y se investiguen públicamente el destino dado a los recursos públicos recibidos”.

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España

Contra la debilidad mental occidental: La esclavitud en el Islam todavía sigue vigente (Y siempre ha apuntado CONTRA EUROPA) Por Ernesto Milá

Ernesto Milá

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Introducción a La esclavitud en el Islam, libro que estará disponible en breve.

Durante siglos, especialmente del XVI a principios del XIX, nuestras costas fueron hostigadas por piratas berberiscos. Querían vengar la “pérdida de Al-Andalus” (esto es, la Reconquista). La captura de poblaciones costeras del norte del Mediterráneo para venderlas en los mercados de esclavos del Magreb o negociar su rescate se convirtió en una práctica habitual entre las poblaciones del norte de África. Quienes practicaban estas razzias, que hacían imposible la vida en nuestras costas, eran considerados “yihâdistas”. Este comercio de esclavos europeos existió, por mucho que los “multiculturalistas” de hoy quieran olvidarlo.

Todavía ningún gobierno del Magreb se ha disculpado por estos actos.

*    *    *

LA CAÍDA DEL PRIMER ARGUMENTO INMIGRACIONISTA: 

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EUROPA NECESITA TRABAJADORES

Hoy, ya nadie puede dudar que el primer argumento que se utilizó para justificar la presencia de compactos núcleos musulmanes en Europa Occidental –aquel que afirmaba que eran necesarios inyectar inmigrantes para pagar las pensiones de los abuelos…– era una simple falacia. La realidad es que, las pensiones de los abuelos –yo lo soy– pierden cada día poder adquisitivo porque a los gobiernos de nuestro entorno les es necesario comprar la “paz étnica y social” subvencionando a los recién llegados. No hay dinero para todos. Y los que llevan las de perder es la parte más débil: los jubilados. La inmigración es hoy una pesada carga económica para todos los Estados que se han negado durante décadas a controlarla.

Desde, como mínimo, 2008, la inmigración ha variado su carácter; hasta ese momento, podía pensarse que los motivos del desplazamiento hacia España se debían a la posibilidad de integrarse en nuestro mercado laboral y, en especial, en el sector de la construcción. Pero, desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, con la mecanización progresiva de la agricultura, las deslocalizaciones y el proceso de desindustrialización creciente, es casi seguro que, hoy, pocos de los inmigrantes que llegan a España, –especialmente los que no tienen ningún tipo de cualificación profesional (esto es, la mayoría)–, tengan como proyecto personal integrarse en el mercado laboral y vivir del propio trabajo, ahorrar para volver al país de origen con capital suficiente para emprender una nueva vida.

Se suele creer que las motivaciones de los inmigrantes en el siglo XXI son las mismas que las de los españoles, portugueses e italianos que se desplazaron a Francia, Suiza, Alemania, Benelux, en los años 50 y 60, para reconstruir países que habían sido demolidos por la Segunda Guerra Mundial. En aquella inmigración existía la voluntad de trabajar durante unos años en unos países con unos niveles salariales mucho más altos, poder ahorrar llevando una vida austera (pero no miserable), acumular cierto patrimonio que les permitiera abrir un pequeño negocio o, simplemente, comprar una vivienda al regresar a la Patria. Esa inmigración, no es la actual.

Nuestros inmigrantes querían regresar –en grandísima medida– al país que habían abandonado. Iban a trabajar, a esforzarse, a partirse el espinazo para llevar a la práctica un proyecto personal legítimo y que enriquecía a todas las partes: a los receptores de inmigración porque sabían que los recién llegados eran gente dura y dispuesta a trabajar. A los inmigrantes porque, a cambio de su trabajo, recibían un salario muy superior al del mismo oficio en España y podían ahorrar. Al país emisor de inmigrantes porque allí recibían formación y volvían con una capacitación laboral superior a la que habían partido, sin olvidar que su trabajo en el extranjero generaba unas divisas preciosas en aquel momento para garantizar intercambios comerciales. Aquellos inmigrantes –nuestra inmigración– no planteaban problemas de convivencia, ni choques culturales; fieles al dicho “donde fueres, haz lo que vieres”, nuestra gente se integró perfectamente en la sociedad que los recibió. Nada de todo esto vale para el actual fenómeno migratorio.

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Ya no hay países en Europa Occidental que precisen ser reconstruidos después de una guerra. Tampoco hay un mercado laboral en expansión que permita pensar que, sin un alto nivel de cualificación y sólo en determinadas profesiones, vayan a encontrar trabajo bien remunerado. Ni siquiera para españoles, los salarios medios –a la vista del coste de la vida– permiten ahorrar gran cosa. Ningún inmigrante, en su sano juicio, puede transmitir a otros como él que residen en su propio país, la idea de que valga la pena venir a España para trabajar: la realidad es que, aquí y ahora, el poco trabajo que existe para gentes con poca o nula cualificación profesional, no permite ni vivir dignamente, ni mucho menos ahorrar. Entonces ¿por qué viene la inmigración?

Vale la pena no engañarse al respecto. Y los medios de comunicación, así como los diferentes gobiernos, de derechas y de izquierdas, llevan casi treinta años engañándose y falseando datos, cifras y circunstancias. No hay otra forma de definir la actitud de quienes niegan los problemas que se han generado a causa de la inmigración ilegal, masiva y descontrolada.

LA CAÍDA DEL SEGUNDO ARGUMEN IMIGRACIONISTA: 

“WELCOME REFUGIES”

Si bien es cierto que, hoy, ya nadie se atreve a sostener que, gracias a la inmigración, se van a poder “pagar las pensiones de los abuelos”, las justificaciones se han convertido en cada vez más extemporáneas, ridículas, ignorantes e, incluso, frecuentemente, entre los portavoces gubernamentales, zafias. Caído el mito de “las pensiones de los abuelos”, el nuevo argumento nos decía que los inmigrantes no eran tales: que se trata de “refugiados”. Ser “refugiado”, al parecer, hace obligada la “solidaridad”. El perseguido merece protección y ayuda para salvarlo de su perseguidor… En algunos casos, los menos, los recién llegados son “refugiados”. Pero, incluso, en esas circunstancias, cabe preguntarse: ¿y por qué un “refugiado afgano” elegirá vivir en Europa Occidental y no en Paquistán, en la India o, incluso en el sudeste asiático, países mucho más próximos, en todos los sentidos, a su patria originaria?

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Por otra parte, si existen “refugiados” es porque tal o cual país los genera y la situación allí es insoportable, por tanto, si se trata de admitir, por ejemplo, subsaharianos, vale la pena recordar que, en cualquiera de aquellos países, en toda África y en buena parte de Asia, casi sin excepción, la “democracia” es una palabra que no tiene el mismo significado que en Europa. De los 1.200 millones de africanos, la inmensa mayoría podrían ser considerados como “aspirantes a refugiados”, a la vista de que existen diferencias abismales entre los “derechos humanos” tal como se contemplan en Europa y como se practican en África.

Pero, Europa no puede admitir a 1.200 millones de inmigrantes que, por lo demás, deberían entender que ellos, para prosperar, sería oportuno que trataran de hacer cambios en su país, antes que adoptar la solución más cómoda de mudarse a otro… ¿a cuál? Y esta es el nudo de la cuestión: no se trata de países en los que exista un mercado laboral floreciente, ni aquellos otros más próximos al lugar de origen, para mantener el contacto con sus raíces, sino de aquellos en los se vive mejor y, lo que es aún más importante, donde se garantizan subvenciones solamente por llegar y en donde todo, absolutamente todo, está permitido (o poco menos). Ese es el centro de la cuestión que políticos y medios pretenden escamotearnos.

No hay nada más opaco en la actual democracia española que la suma total de subvenciones que reciben los no nacidos en España y sus hijos nacidos aquí. La falta de transparencia es, precisamente, lo que permite sospechar. Recientemente se ha publicado la cifra de que algo más de 2.000.000 de inmigrantes viven de subsidios públicos. El misterio está lejos de quedar resuelto, porque no se dice cuántos antiguos inmigrantes que han logrado naturalizarse como “españoles”, siguen subsidiados. Por otra parte, haría falta especificar qué tipo de subsidios reciben: en España existen muchos de tipos de ayudas y de pensiones no contributivas. Todo ello hace sospechar que las cifras son muchísimo mayores y es legítimo pensar que pueden ser, incluso, el doble o el triple, incluso, de las dadas. Por lo demás, no se especifica el volumen total de subsidios y subvenciones por distintos conceptos, ni los dados por las distintas administraciones, que van a parar a lo que en Francia se ha llamado “la aspiradora de recursos públicos”, esto es, la inmigración. La opacidad de las cifras, en efecto, no hace nada más que aumentar las sospechas.

LA CAIDA DEL TERCER ARGUMENTO INMIGRACIONISTA: 

“VIENEN PARA CONTRARRESTAR LA BAJA NATALIDAD”

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Luego está el argumento de la crisis de la natalidad en España. Era lo que podía esperarse: la elevación constante del coste de la vida, hace imposible el que se puedan formar parejas e, incluso, que una vez formadas, decidan tener hijos. La paternidad es una aventura que muy pocos se atreven a afrontar. Para hacerlo es preciso tener seguridad de que se podrá mantener a los hijos. Nadie está dispuesto a ofrecer tales garantías. Sin embargo, es un problema político: hubiera bastado con atribuir prioridad en beneficios sociales y ventajas fiscales a las parejas españolas que deseen tener hijos, garantizar su prioridad a la hora de obtener viviendas sociales, y simples campañas en pro de la natalidad, para que se estimulara la natalidad entre nuestra gente. No se hizo, ni se tiene intención de hacer. Si se hubiera empezado a hacer en 1996, cuando Aznar abrió las puertas a la inmigración, hoy tendríamos una generación de 28 años y un país homogéneo. Se hizo –y se hace– justo lo contrario: confiar en que gentes llegadas de todo el mundo salvarían la natalidad en España.

Desde el año 2000, en las cuatro provincias catalanas los nacidos en la noche del 31 de diciembre al 1 de enero de cada año, son en su inmensa mayoría hijos de nacidos en el extranjero. Pero, salvo entre las mujeres subsaharianas, el número de hijos va disminuyendo incluso dentro de la inmigración. Los inmigrantes andinos, por ejemplo, se han configurado como los primeros y principales usuarios de los servicios de aborto gratuito y de “píldora del día después”. La ruptura de la unidad étnica de España ni siquiera ha servido para que la natalidad remonte o para que se repueblen zonas “vacías”.

LA ÚLTIMA TRINCHERA INMIGRACIONISTA: 

“TENEMOS UNA DEUDA CON EL TERCER MUNDO Y SE LA VAMOS A PAGAR”

Caído el mito de “los que vienen a pagar las pensiones”, en un momento en el que ningún alcalde que quisiera mantenerse en el consistorio se atreve a colocar pancartas con el “Welcome refugies”, cuando se ha visto a las claras que la inmigración no resuelve el problema de los nacimientos, sino que complica la convivencia, ahora, como última trinchera inmigracionista, el argumentario se ha desplazado a otro frente; nos dicen: “estamos obligados a admitir a todos los inmigrantes que quieran establecerse en nuestro suelo y a mantenerlos, incluso, porque, se lo debemos”.

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Nos dicen que Europa “debe” a los inmigrantes del Tercer Mundo el haberlos explotado como colonias. Repiten, para bloquear a los más sensibles, que los europeos “somos responsables” de haber esclavizado a los africanos y que les debemos una compensación. Por eso están aquí, por eso estamos obligados a subsidiarlos… Es un argumento que tiene su fuerza, pero que no deja de ser otra falacia.

No solamente no fuimos esclavistas –valdría la pena, ya que estamos en esto, elaborar un censo de familias europeas que se dedicaron a la trata de esclavos, porque sería, en última instancia, a ellos a los que les correspondería pagar indemnizaciones, no a la totalidad de un pueblo– sino que, además, durante siglos, los europeos que vivían en las costas mediterráneas (pero, también, incluso en las del sur de Gran Bretaña y en Irlanda) corrían el riesgo de ser secuestrados ellos y sus hijos, saqueados sus bienes e incendiados sus pueblos, por parte de piratas berberiscos; una práctica que se prolongó hasta principios del siglo XIX. Unos fueron esclavizados de por vida, los otros extorsionados pidiendo fabulosos rescates, otros murieron sin dejar huellas… Sin olvidar, claro está, que el grueso de traficantes que capturaban esclavos en África eran árabes y que se beneficiaban de pactos con tribus africanas que los obtenían de tribus vecinas.

Sería bueno presentar una reclamación de cantidad por los millones de europeos, especialmente de los países mediterráneos, de los países eslavos, e incluso del Reino Unido, que fueron secuestrados, esclavizados, obligados a vivir en condiciones infrahumanas, asesinados y muertos de agotamiento en tierras del Magreb

Aquellas exacciones berberiscas han dejado recuerdos imborrables en nuestro folklore, en nuestra literatura e, incluso, en la configuración de las costas (las “torres de guaita” tan habituales en la costa catalana no eran para admirar la belleza del Mediterráneo, sino para vigilar la llegada de piratas berberiscos). Aquel valeroso soldado que recibió dos disparos de arcabuz en el pecho y en el brazo izquierdo, en la gloriosa jornada de Lepanto, Miguel de Cervantes, dejó constancia en El Quijote de sus nueve años de cautiverio en Argel.

Los grandes olvidados de la historia europea, son los millones de antepasados esclavizados en tierras islámicas. Los europeos no somos los “malvados” de esta historia. El colonialismo se explica en gran medida por las constantes molestias generadas por la piratería islámicaberberisca y otomana. Quienes la practicaban eran asimilados a yihadistas: y lo hacían con saña y con odio acumulado. La negativa a erradicar la esclavitud, hizo necesaria la intervención europea con la consiguiente disolución de los “mercados de esclavos” que todavía existía en el siglo XIX en el Magreb. No “debemos” nada: nos deben una reparación de aquellos crímenes contra los pueblos europeos.

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