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La Plataforma Elecciones Transparentes denuncia el incumplimiento de la ley en el escrutinio general

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(Remitido) La Plataforma Elecciones Transparentes, que está realizando una labor de vigilancia por la limpieza del proceso electoral, ha coordinado la asistencia de cientos de ciudadanos a los escrutinios generales (recuentos definitivos) de 36 Juntas Electorales Provinciales (JEP), del 13 al 15 de noviembre. Tras acudir los días del escrutinio, hemos comprobado que en la mayoría de ellas no se ha realizado un recuento manual de los votos de las actas, como dicta la Ley Electoral, sino que sólo se han cotejado con los resultados provisionales que ofrece INDRA, dándolos por válidos.

Por tanto, la Plataforma ha denunciado en diferentes Juzgados la vulneración sistemática de la Ley Electoral, que dicta en su artículo 106.1 que la Junta debe “verificar sin discusión alguna el recuento y la suma de los votos admitidos en las correspondientes Mesas, según las actas o las copias de las actas de las Mesas”, y no cotejarlos con los resultados provisionales. Estos hechos podrían ser constitutivos de delito electoral, previsto en los artículos 139 y 140 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

En la mayor parte de las Juntas tampoco se siguieron los artículos 103.2 y artículo 107.1, que indican que el acto no debe interrumpirse hasta acabar una sección. Tampoco se extendió en la mayoría de ellas un Acta de sesión en la que se deben reflejar las incidencias. Por otro lado, el escrutinio del voto CERA no fue realizado en la mayoría por la Mesa sino por funcionarios, vulnerando el artículo 75.11.

Cabe destacar que la Junta Electoral Central, en su resolución del año 2015, ordenó a la Junta Provincial de Sevilla hacer el recuento manual como había solicitado Vox, y desde entonces viene recordando, en cada periodo electoral, a las JEP y a las JEZ (Juntas Electorales de Zona) su obligación de hacer el recuento MANUAL. Así, el mismo día de las elecciones, el domingo 10 de noviembre, la Junta Electoral Central consideró necesario recordar una vez más a las Juntas Provinciales su deber de hacer el escrutinio general como dicta la LOREG: haciendo el recuento de todas las actas. (Sesión JEC: 10/11/2019, Núm. Acuerdo: 717/2019), mandato incumplido por la mayoría de ellas.

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En diversas Juntas Electorales, los funcionarios y jueces han afirmado a nuestros voluntarios que no ven necesario hacer un recuento manual, ya que “con los medios informáticos ya se puede comprobar”. El periodista José María Arenzana, autor del recurso que Vox interpuso en 2015 para hacer el recuento manual en Sevilla, explica en una entrevista: “Si no hacemos la suma manual acta por acta, no podemos saber si la suma que ha realizado el ordenador de INDRA contiene algún comando, algún algoritmo o alguna instrucción oculta para manipular los resultados. En definitiva, estamos dando por válidos los resultados provisionales sin hacer el escrutinio general como ordena la ley”. Ver entrevista aquí.

A la vista de estos gravísimos hechos, los ciudadanos que han asistido a las JEP están interponiendo denuncias en los juzgados, con el apoyo legal del equipo jurídico de la Plataforma.

Acerca de la Plataforma Elecciones Transparentes

La Plataforma Elecciones Transparentes es una organización ciudadana independiente y apartidista, que no recibe subvenciones y cuyo objetivo es la salvaguarda de la limpieza del proceso electoral en España. Más información en la página web www.eleccionestransparentes.wordpress.com.

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España

Viva la democracia española. El librero Pedro Varela podría pasar 12 años en prisión por vender libros que no gustan a la canalla roja prohibicionista

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Su delito: discrepar de la versión oficial y tener sus propias opiniones, tras años de investigación y estudios, acerca de los hechos acontecidos en los territorios ocupados por los alemanes durante la II guerra mundial. El arma del delito: los libros que se apilaban en su librería de la calle Séneca de Barcelona, en el barrio de Gràcia, y que llevan la firma de autores que han sido severamente estigmatizados por atreverse a contrapuntar el punto de vista oficial sobre aquel período histórico. Su nombre, Pedro Varela Geiss. Hasta sus más feroces detractores mediáticos; es decir, casi todos, reconocen en él virtudes ciclópeas que están en peligro de extinción. Es austero, políglota, amante de los deportes de montaña, posee una sobresaliente cultura, desprecia el dinero, vive en la casa familiar, ha optado por la castidad, es cristiano practicante y ha clavado una bandera en una trinchera donde pone: “Me quedó aquí, es mi decisión, venid a por mí”.

Durante una de sus intervenciones para exponer su credo, dijo: “Aquí estoy. Si la gente no tuviese interés por saber lo que pasó en el Tercer Reich yo ya habría cerrado. Donde hay demanda, hay mercado y donde hay mercado hay producción. ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Enviarme a Marte? ¿Meterme en un psiquiátrico? Después de toda una vida no puedo decir ahora: “vale, me creo lo del holocausto”.

En 2017, el mismo año del golpe  independentista promovido por los mismos líderes que han sido indultados y amnistiados, se precintó la Librería Europa, se requisaron 15.000 libros, se detuvo a cuatro personas, se efectuaron varios registros domiciliarios, se confiscaron ordenadores y equipos de grabación y se apoderaron de su dinero.

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Empieza el juicio a Pedro Varela

El juicio al librero Pedro Varela y a cuatro responsables más de la Librería Europa, ya cerrada en la capital catalana, acusados de difundir discurso de odio con los libros que ofrecían, ha empezado este martes en la Audiencia de Barcelona.

La primera jornada estuvo dedicada a las cuestiones previas y a los interrogatorios de los acusados, y la previsión es que el juicio dure un total de ocho sesiones repartidas hasta el 29 de mayo.

La Fiscalía reclama una condena de 12 años de cárcel para Varela y de ocho para el resto, todos por delitos contra los derechos fundamentales, organización criminal y asociación ilícita, y había un acusado más pero murió durante la instrucción de la causa.

En el juicio al fundador del Círculo Español de Amigos de Europa (Cedade) también son acusaciones populares el Ayuntamiento de Barcelona, la Federación de Comunidades Judías de España y el Movimiento contra la Independencia.

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Varela y los otros acusados formaban parte de una asociación cultural que contaba con su propia editorial, Ediciones Ojeda, vendían las publicaciones por internet y en la Librería Europa, y organizaban conferencias, todo con la intención de difundir “una línea de pensamiento basada en la cultura del odio supremacista y de animadversión y segregación racial contra lo que ellos consideran como ‘razas inferiores’”, según la Fiscalía.

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