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La mansión de Pablo Iglesias es ilegal y deberá ser derribada por delito ecológico

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El casoplón del matrimonio Pablo Iglesias e Irene Montero es ilegal al estar construido en un parque natural protegido de alto valor ecológico y que, desde hace años, los ecologistas y los grupúsculos de Podemos lo han tratado como una zona intocable. Cuando el líder podemita adquirió la vivienda, en mayo de 2018, ya sabía de antemano que su nueva morada había sido levantada en una zona ubicada fuera de los límites urbanos del municipio que quedaba delimitado por el plan urbanístico de 1976.

Por tanto, el líder de Unidos Podemos, coalición en la que conviven la formación morada y los ecologistas de Equo, entre otros, asumía la compra de una vivienda producto de la especulación y que conculcaba los más elementales principios medioambientales.

La parcela de casi 2.500 metros cuadrados, comprada por Iglesias, se halla dentro de una zona súper protegida, en el Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama. Y la vivienda de 268 metros, más anexos habitables, había sido construida en 2002 contraviniendo todas las normas urbanísticas municipales de Galapagar.

El emplazamiento ilegal de la vivienda del dirigente podemita –los técnicos consultados por este diario prefieren utilizar el término “alegal”– se puede apreciar claramente en los planos municipales.

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El casoplón de Iglesias y Montero es ilegal: está construido en un parque natural protegido

En los planos del desarrollo urbanístico de Galapagar –una ciudad madrileña de 33.000 habitantes, situada en la zona oeste de la Comunidad de Madrid y muy cerca de El Escorial– aparece la parcela del matrimonio Iglesias-Montero como la única que invade el parque natural protegido del Medio Guadarrama, sin ningún margen de duda. El sector urbanizable está coloreado en naranja y con la marca “Polígono 37”, mientras el casoplón de Iglesias está pintado de color verde.

El casoplón de Iglesias y Montero es ilegal: está construido en un parque natural protegido

Incluso, en las modificaciones urbanísticas de 1988 por las que el consistorio concedió una serie de licencias en el polígono 37 (Riomonte y Vedado de las Monjas), la parcela donde los anteriores propietarios construyeron el chalé, ahora de Iglesias, sigue figurando en una zona fuertemente protegida.

En el catastro pero ilegal

La vivienda de una sola planta Pablo Iglesias e Irene Montero tiene una superficie construida de 268 metros y está ubicada en el paraje conocido como Vedado de la Monja y Riomonte, en una parcela de 2.500 metros cuadrados. La compra fue escriturada el 9 de mayo de 2018 e inscrita en el registro de la Propiedad un mes después. Estaba afectada por una hipoteca de 210.000 euros de los anteriores propietarios concedida por Bankinter, que fue levantada con otro crédito de 540.000 euros, concedido a Iglesias y Montero por la Caja de Crédito de los Ingenieros Sociedad Cooperativa de Crédito. El precio de compra fue de 615.000, según los actuales propietarios.

Fuentes municipales de Galapagar hacen la salvedad de que la vivienda del dirigente podemita figura inscrita en el registro de la Dirección General del Catastro y paga su impuesto de bienes inmuebles (IBI) todos los años, como el resto de las edificaciones legales, pero destacan así mismo que es “alegal” porque está construida en una zona verde, que nunca fue recalificada. Además, resaltan que su licencia de obra fue obtenida con el engaño ante las autoridades municipales.

Es una realidad que las normas de urbanismo de Galapagar son muy antiguas –se remontan a 1976– pero en las 15 ó 20 modificaciones urbanísticas que se han desarrollado en el municipio desde entonces nunca se recalificó la situación de la vivienda de Iglesias, que sigue manteniéndose en una zona verde. En todos esos años se efectuaron cambios en los polígonos de Las Monjas, Río Monte, Colegio de La Navata, el Mercado y otros lugares, pero nunca en la parcela del líder podemita, como se puede apreciar en los planos a los que ha tenido acceso OKDIARIO. La villa de Iglesias queda en todos ellos fuera del área urbanística, transgrediendo las más elementales normas municipales y del medio ambiente.

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El casoplón del chepas

El casoplón del chepas

 

 

 

 

 

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El casoplón de Pablo Iglesias e Irene Montero en La Navata (Galapagar).

El futuro de “Villa Iglesias” queda al albur del nuevo Ayuntamiento que saldrá de las elecciones del próximo mes de mayo. En la actualidad el poder municipal está en manos del PP, con 10 concejales.

Galapagar es un municipio de 33.000 habitantes al que le corresponden 21 concejales. En las elecciones de 2015 PSOE, C´s y Cambiemos Galapagar (Podemos) lograron tres ediles cada uno de ellos e Izquierda Unida y Sí se Puede –una variante de la formación de Iglesias– los dos restantes.

Con el caso de la parcela de Iglesias las fuerzas políticas de Galapagar no se explican cómo pudieron edificar en un parque natural sin que nadie en el Ayuntamiento lo impidiera. En la población madrileña se da la circunstancia de que su plan urbanístico es tan restrictivo que no se puede construir ni un hotel ni una casa rural en el término municipal, algo sorprendente en un municipio con un gran potencial turístico.

 

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(Fuente: OKdiario)

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Viva la democracia española. El librero Pedro Varela podría pasar 12 años en prisión por vender libros que no gustan a la canalla roja prohibicionista

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Su delito: discrepar de la versión oficial y tener sus propias opiniones, tras años de investigación y estudios, acerca de los hechos acontecidos en los territorios ocupados por los alemanes durante la II guerra mundial. El arma del delito: los libros que se apilaban en su librería de la calle Séneca de Barcelona, en el barrio de Gràcia, y que llevan la firma de autores que han sido severamente estigmatizados por atreverse a contrapuntar el punto de vista oficial sobre aquel período histórico. Su nombre, Pedro Varela Geiss. Hasta sus más feroces detractores mediáticos; es decir, casi todos, reconocen en él virtudes ciclópeas que están en peligro de extinción. Es austero, políglota, amante de los deportes de montaña, posee una sobresaliente cultura, desprecia el dinero, vive en la casa familiar, ha optado por la castidad, es cristiano practicante y ha clavado una bandera en una trinchera donde pone: “Me quedó aquí, es mi decisión, venid a por mí”.

Durante una de sus intervenciones para exponer su credo, dijo: “Aquí estoy. Si la gente no tuviese interés por saber lo que pasó en el Tercer Reich yo ya habría cerrado. Donde hay demanda, hay mercado y donde hay mercado hay producción. ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Enviarme a Marte? ¿Meterme en un psiquiátrico? Después de toda una vida no puedo decir ahora: “vale, me creo lo del holocausto”.

En 2017, el mismo año del golpe  independentista promovido por los mismos líderes que han sido indultados y amnistiados, se precintó la Librería Europa, se requisaron 15.000 libros, se detuvo a cuatro personas, se efectuaron varios registros domiciliarios, se confiscaron ordenadores y equipos de grabación y se apoderaron de su dinero.

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Empieza el juicio a Pedro Varela

El juicio al librero Pedro Varela y a cuatro responsables más de la Librería Europa, ya cerrada en la capital catalana, acusados de difundir discurso de odio con los libros que ofrecían, ha empezado este martes en la Audiencia de Barcelona.

La primera jornada estuvo dedicada a las cuestiones previas y a los interrogatorios de los acusados, y la previsión es que el juicio dure un total de ocho sesiones repartidas hasta el 29 de mayo.

La Fiscalía reclama una condena de 12 años de cárcel para Varela y de ocho para el resto, todos por delitos contra los derechos fundamentales, organización criminal y asociación ilícita, y había un acusado más pero murió durante la instrucción de la causa.

En el juicio al fundador del Círculo Español de Amigos de Europa (Cedade) también son acusaciones populares el Ayuntamiento de Barcelona, la Federación de Comunidades Judías de España y el Movimiento contra la Independencia.

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Varela y los otros acusados formaban parte de una asociación cultural que contaba con su propia editorial, Ediciones Ojeda, vendían las publicaciones por internet y en la Librería Europa, y organizaban conferencias, todo con la intención de difundir “una línea de pensamiento basada en la cultura del odio supremacista y de animadversión y segregación racial contra lo que ellos consideran como ‘razas inferiores’”, según la Fiscalía.

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