Aunque sobre Forcadell pesa una acusación de rebelión de la Fiscalía, de hasta 17 años de prisión, su interrogatorio ante la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal ha estado protagonizado por su rol como máxima representante del Parlament a la hora de tramitar iniciativas que ignoraban al Constitucional (actuación más cercana a una desobediencia), más que por alusiones a la violencia, que marcan el tipo de la rebelión.

En este tira y afloja marcadamente técnico entre fiscal y acusada, Forcadell no ha escondido que su prioridad era “favorecer el debate” y “no permitir que entre la censura en el Parlament”.

“El TC nos estaba pidiendo una cosa que es imposible. ¿Cómo puede convertirse la Mesa del Parlament en un órgano censor, que decida de lo que se puede hablar y de lo que no?”, ha dicho la acusada, quien en todo momento ha limitado sus competencias a un papel de arbitraje frente a la soberanía de la cámara catalana.

Nada, ha dicho, salvo el respeto a los derechos humanos, puede condicionar ni poner límites a la libertad de expresión ni al debate parlamentario, ni las sentencias del Constitucional ni los informes de los letrados de la cámara que, ha matizado, no son vinculantes.

Ello no significa que se ponga por encima del Constitucional, al que “respeta muchísimo”, ya que “en ningún momento ningún miembro de la Mesa tenía en su voluntad desoír los mandatos del TC”.

Forcadell, en prisión desde marzo, ha justificado que no suspendió el polémico pleno del 6 y 7 de septiembre – que aprobó las denominadas leyes de desconexión- por respeto a la oposición, cuando precisamente los grupos no independentistas la acusan de pisotear sus derechos como diputados.

Y también se ha desmarcado por completo de cualquier plan hacia la independencia, para echar por tierra el relato de la Fiscalía, que ve en Forcadell a la líder del pilar legislativo que da soporte a la hoja de ruta independentista.

“Yo no participé ni dirigí ninguna estrategia a la independencia, me limité a cumplir con mi cargo como presidenta del Parlament”, ha manifestado Forcadell, única acusada que no ha sido cuestionada por el documento Enfocats, pese a aparecer citada en él, y a la que menos alusiones a la violencia ha hecho la Fiscalía.

Aunque sí que ha dejado claro lo siguiente: “Estoy dispuesta a renunciar a mis convicciones si comportan violencia”.

Forcadell no ha despejado el enigma de la procedencia de las urnas del 1-O: “No lo sabe nadie, me gustaría saberlo”.

Y de la misma forma se ha adherido al pensamiento unánime del resto de acusados de que la DUI carece de consecuencias jurídicas pues el preámbulo de la resolución del 27-O, que aludía a la declaración unilateral de independencia, no se votó, solo se leyó.

Si Forcadell ha defendido insistentemente el papel del Parlament que ella presidía como órgano “soberano”, horas antes Jordi Cuixart ha dirigido sus esfuerzos a reivindicar el talante pacífico de la sociedad catalana, en cuyo ADN, ha dicho, no está presente la violencia.

El líder de Òmnium Cultural, que lleva en torno a 500 días en prisión y se enfrenta a la misma pena por rebelión, ha negado “rotundamente” cualquier atisbo de violencia aquellos días en Cataluña: “Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca entenderemos la violencia como un elemento para comunicarnos con el Estado”.

Tras presentarse como un “preso político” encarcelado por ser “un activista social”, ha pedido encuadrar la manifestación del 20 de septiembre frente a la Conselleria de Economía en el “marco mental” correcto para que quede claro que allí “no hubo violencia” (clave para que se dé el delito de rebelión).

No hubo ni “alboroto” ni “clima de crispación”, ha afirmado, sino un “enfado y un descontento muy grande” por la actuación judicial que se estaba desplegando en Cataluña y que quedó eclipsada por los daños a los coches de la Guardia Civil allí estacionados, un “hecho menor” que ya lamentó públicamente.

Y si en el 20S no hubo violencia, ha continuado, sí que la hubo, de manera “desproporcionada” y por parte de la Policía, el 1-O, un día en el que, según él, se llevó a cabo “el ejercicio más grande de desobediencia civil que ha habido en Europa”, del que todos los españoles tendrían que estar orgullosos, frente a la “resolución injusta” del TC, que suspendió la ley de referéndum.