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Sociedad

El PP propone penas de hasta 3 años de cárcel a ‘okupas’ y desalojos ‘express’ en las primeras 24 horas

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El PP ha registrado este jueves en el Congreso una proposición de ley para endurecer el Código Penal contra las ‘okupaciones’, con penas de hasta tres años de cárcel, y acelerar los desalojos por parte de la autoridad pública en un plazo de entre 12 y 24 horas.

La modificación del Código Penal que propone el PP eleva de uno a tres años las penas de cárcel, en caso de producirse con violencia o intimidación, con una pena de entre seis a dieciocho meses para el resto de casos.

Estas penas podrían ser superiores si la ‘okupación’ supera los 15 días, mientras que los ‘okupas’ podrían ver rebajado el castigo en trabajos en beneficio de la comunidad –de 31 a 90 días– o multa dos a doce meses si se devolviera el inmueble a su propietario o poseedor.

CONTRA LAS MAFIAS

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El texto regula asimismo la figura de las mafias de la ‘okupación’, al contemplarse penas para grupos organizados, incluyendo para aquellas personas que, sin participar directamente de los hechos, promuevan la ‘okupación’ dando instrucciones o señalando inmuebles para ‘okupar’.

El PP también recoge la posibilidad de inhabilitación de cargo público y del ejercicio de derecho de sufragio pasivo –aspirar a ser elegido en un proceso electoral– en caso de que la persona que participe en un grupo organizado fuera cometido por una autoridad o funcionario público.

Respecto al procedimiento para impulsar los desalojos, el PP busca ampliar las facilidades dadas en la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil impulsada por el PDeCAT y aprobada por el Congreso esta legislatura, con el fin de extender el ‘desahucio express’ a aquellas viviendas propiedad de las empresas.

Por otro lado, el PP propone una serie de modificaciones en la Ley de propiedad horizontal, donde autoriza al propietario o a la persona que ejerza la presidencia de una comunidad de propietarios a comunicar a la autoridad conductas o actividades prohibidas, sin necesidad de apercibimiento.

TAPIAR PUERTAS Y VENTANAS

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En este sentido, refleja por ley la posibilidad de que la presidencia de una comunidad advierta a un propietario de la posibilidad de adoptar medidas preventivas, como tapiar o cerrar puertas o ventanas, en caso de que su vivienda o local se encuentre vacía y exista “riesgo de que resulte ocupada ilegalmente, sin derecho y en contra de la voluntad del propietario”.

Por último, establece nula cualquier inscripción en el padrón municipal cuando la persona que intente inscribirse es ‘okupa’, y no se considerará prueba de residencia o domicilio, ni atribuirá derecho alguno. Así, establece que los ayuntamientos den de baja de oficio o a instancias del propietario cualquiera de estas inscripciones.

El Grupo Popular ha anunciado también su intención de pedir la tramitación parlamentaria de su proposición de ley con la vía de urgencia, lo que acortaría los plazos a la mitad.

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España

Viva la democracia española. El librero Pedro Varela podría pasar 12 años en prisión por vender libros que no gustan a la canalla roja prohibicionista

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Su delito: discrepar de la versión oficial y tener sus propias opiniones, tras años de investigación y estudios, acerca de los hechos acontecidos en los territorios ocupados por los alemanes durante la II guerra mundial. El arma del delito: los libros que se apilaban en su librería de la calle Séneca de Barcelona, en el barrio de Gràcia, y que llevan la firma de autores que han sido severamente estigmatizados por atreverse a contrapuntar el punto de vista oficial sobre aquel período histórico. Su nombre, Pedro Varela Geiss. Hasta sus más feroces detractores mediáticos; es decir, casi todos, reconocen en él virtudes ciclópeas que están en peligro de extinción. Es austero, políglota, amante de los deportes de montaña, posee una sobresaliente cultura, desprecia el dinero, vive en la casa familiar, ha optado por la castidad, es cristiano practicante y ha clavado una bandera en una trinchera donde pone: “Me quedó aquí, es mi decisión, venid a por mí”.

Durante una de sus intervenciones para exponer su credo, dijo: “Aquí estoy. Si la gente no tuviese interés por saber lo que pasó en el Tercer Reich yo ya habría cerrado. Donde hay demanda, hay mercado y donde hay mercado hay producción. ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Enviarme a Marte? ¿Meterme en un psiquiátrico? Después de toda una vida no puedo decir ahora: “vale, me creo lo del holocausto”.

En 2017, el mismo año del golpe  independentista promovido por los mismos líderes que han sido indultados y amnistiados, se precintó la Librería Europa, se requisaron 15.000 libros, se detuvo a cuatro personas, se efectuaron varios registros domiciliarios, se confiscaron ordenadores y equipos de grabación y se apoderaron de su dinero.

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Empieza el juicio a Pedro Varela

El juicio al librero Pedro Varela y a cuatro responsables más de la Librería Europa, ya cerrada en la capital catalana, acusados de difundir discurso de odio con los libros que ofrecían, ha empezado este martes en la Audiencia de Barcelona.

La primera jornada estuvo dedicada a las cuestiones previas y a los interrogatorios de los acusados, y la previsión es que el juicio dure un total de ocho sesiones repartidas hasta el 29 de mayo.

La Fiscalía reclama una condena de 12 años de cárcel para Varela y de ocho para el resto, todos por delitos contra los derechos fundamentales, organización criminal y asociación ilícita, y había un acusado más pero murió durante la instrucción de la causa.

En el juicio al fundador del Círculo Español de Amigos de Europa (Cedade) también son acusaciones populares el Ayuntamiento de Barcelona, la Federación de Comunidades Judías de España y el Movimiento contra la Independencia.

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Varela y los otros acusados formaban parte de una asociación cultural que contaba con su propia editorial, Ediciones Ojeda, vendían las publicaciones por internet y en la Librería Europa, y organizaban conferencias, todo con la intención de difundir “una línea de pensamiento basada en la cultura del odio supremacista y de animadversión y segregación racial contra lo que ellos consideran como ‘razas inferiores’”, según la Fiscalía.

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