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El juez envía a prisión a los siete CDR detenidos por delitos de terrorismo

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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha encarcelado este jueves sin condiciones a los siete CDR arrestados el pasado lunes, acusados por la Fiscalía de formar un grupo terrorista para subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública. Ante tales acusaciones, y para evitar que pongan en marcha sus planes, el Ministerio Público ha solicitado este jueves prisión incondicional para los siete y el juez ha aceptado la solicitud.

Según han informado fuentes jurídicas, el juez aprecia indicios de que los encarcelados formaban parte de ERT (los equipos de respuesta táctica de los CDR), una organización con una estructura jerarquizada que pretende instaurar la república catalana por cualquier vía, incluida la violencia. El magistrado les imputa los delitos atribuidos a los encarcelados por la Fiscalía y considera que concurren los motivos que exige la ley para enviarles a prisión sin fianza: la gravedad de las penas de los delitos que les imputan, la capacidad de destruir pruebas, la posible sustracción de la acción de la Justicia y la posible reiteración de los delitos en juego.

En su petición, el Ministerio Público considera necesario encarcelar de forma preventiva a los detenidos, a los que acusa de preparar atentados terroristas con explosivos ante la proximidad de la sentencia del «procés», que se espera en la primera quince de octubre. La Fiscalía les atribuye a los siete los delitos de tenencia de explosivos, conspiración para el delito de estragos y pertenencia a organización terrorista. El juez debe resolver ahora si acuerda o no las prisiones, que según la acusación pública también busca evitar que los miembros de los CDR destruyan pruebas de los hechos.

Dos de los siete arrestados se han desmarcado del grupo y confesaron ante la Guardia Civil la compra de las sustancias explosivas y haber realizado pruebas para fabricar artefactos. Ambos, que han sido defendidos por abogados de oficio, admitieron su participación en la adquisición de ese material tras serles exhibidos vídeos y documentos gráficos en los que aparecían con otros arrestados, en uno de los cuales aparecen realizando pruebas físicas con los explosivos en una cantera.

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El grupo central de los arrestados, los que se han negado a declarar a la Fiscalía, son representados por el mismo abogado, de la organización Alerta Solidària, próxima a la entidad independentista radical Arran. Ellos han negado su vinculación con la actividad terrorista, y alegan que tienen arraigo familiar y social para no fugarse.

En la nota difundida el pasado lunes, el día de la operación, la Fiscalía no dudó en calificar a los arrestados como un «grupo terrorista de índole secesionista catalán» cuyas acciones se habrían neutralizado con la operación policial. El Ministerio Público justificó la intervención por la «certeza» de que las supuestas acciones terroristas se iban a producir entre el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre y la publicación de la sentencia del «procés», que se prevé en la primera quincena de octubre. La causa, dirigida por el juzgado central de instrucción número 6, se encuentra bajo secreto de sumario.

Según fuentes de la investigación, los arrestados preparaban un ataque al Parlamento catalán el día de la notificación de la sentencia y contaban con fotos y mapas de situación del cuartel de la Guardia Civil de Canovellas, una localidad de la provincia de Barcelona. Las intervenciones telefónicas, en una investigación que comenzó hace más de un año, han resultado decisivas para destapar los movimientos del grupo, que hablaban «constantemente» de acciones violentas, según estas fuentes.

Además de los explosivos, los arrestados (de entre 33 y 55 años) tenían en su poder guías explicativas para la confección y el empleo de los explosivos, así como numerosa documentación y diversos aparatos electrónicos, más de un centenar entre ordenadores, discos duros y memorias USB. En los registros apareció también un arma corta de nueve milímetros, así como munición real y de fogueo. También se encontraron material para confeccionar explosivo Goma 2 y de plástico, así como termita, un artefacto incendiario fruto de una mezcla de polvo de óxido de hierro y polvo de aluminio lista para usar.

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Viva la democracia española. El librero Pedro Varela podría pasar 12 años en prisión por vender libros que no gustan a la canalla roja prohibicionista

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Su delito: discrepar de la versión oficial y tener sus propias opiniones, tras años de investigación y estudios, acerca de los hechos acontecidos en los territorios ocupados por los alemanes durante la II guerra mundial. El arma del delito: los libros que se apilaban en su librería de la calle Séneca de Barcelona, en el barrio de Gràcia, y que llevan la firma de autores que han sido severamente estigmatizados por atreverse a contrapuntar el punto de vista oficial sobre aquel período histórico. Su nombre, Pedro Varela Geiss. Hasta sus más feroces detractores mediáticos; es decir, casi todos, reconocen en él virtudes ciclópeas que están en peligro de extinción. Es austero, políglota, amante de los deportes de montaña, posee una sobresaliente cultura, desprecia el dinero, vive en la casa familiar, ha optado por la castidad, es cristiano practicante y ha clavado una bandera en una trinchera donde pone: “Me quedó aquí, es mi decisión, venid a por mí”.

Durante una de sus intervenciones para exponer su credo, dijo: “Aquí estoy. Si la gente no tuviese interés por saber lo que pasó en el Tercer Reich yo ya habría cerrado. Donde hay demanda, hay mercado y donde hay mercado hay producción. ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Enviarme a Marte? ¿Meterme en un psiquiátrico? Después de toda una vida no puedo decir ahora: “vale, me creo lo del holocausto”.

En 2017, el mismo año del golpe  independentista promovido por los mismos líderes que han sido indultados y amnistiados, se precintó la Librería Europa, se requisaron 15.000 libros, se detuvo a cuatro personas, se efectuaron varios registros domiciliarios, se confiscaron ordenadores y equipos de grabación y se apoderaron de su dinero.

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Empieza el juicio a Pedro Varela

El juicio al librero Pedro Varela y a cuatro responsables más de la Librería Europa, ya cerrada en la capital catalana, acusados de difundir discurso de odio con los libros que ofrecían, ha empezado este martes en la Audiencia de Barcelona.

La primera jornada estuvo dedicada a las cuestiones previas y a los interrogatorios de los acusados, y la previsión es que el juicio dure un total de ocho sesiones repartidas hasta el 29 de mayo.

La Fiscalía reclama una condena de 12 años de cárcel para Varela y de ocho para el resto, todos por delitos contra los derechos fundamentales, organización criminal y asociación ilícita, y había un acusado más pero murió durante la instrucción de la causa.

En el juicio al fundador del Círculo Español de Amigos de Europa (Cedade) también son acusaciones populares el Ayuntamiento de Barcelona, la Federación de Comunidades Judías de España y el Movimiento contra la Independencia.

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Varela y los otros acusados formaban parte de una asociación cultural que contaba con su propia editorial, Ediciones Ojeda, vendían las publicaciones por internet y en la Librería Europa, y organizaban conferencias, todo con la intención de difundir “una línea de pensamiento basada en la cultura del odio supremacista y de animadversión y segregación racial contra lo que ellos consideran como ‘razas inferiores’”, según la Fiscalía.

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