El Gobierno ha pactado con EH-Bildu derogar «de manera íntegra» la reforma laboral de 2012 aprobada por el PP, con el compromiso de que esta derogación sea «efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el Covid-19».

Así lo recoge el acuerdo alcanzado este miércoles por el PSOE, Unidas Podemos y EH-Bildu, difundido por la formación de la izquierda ‘abertzale’ tras aprobar el Congreso la prórroga 15 días más del estado de alarma.

El acuerdo, en virtud del cual EH-Bildu se ha abstenido en esta votación, también recoge la flexibilización de la regla de gasto para entidades locales, forales y autonómicas.

Así, el documento difundido recoge que estas entidades «dispondrán de mayor capacidad de gasto para políticas públicas destinadas a paliar los efectos sociales originados por la crisis del Covid-19», que no se computarán en la regla de gasto en el caso de las entidades locales.

Asimismo, se establece que la capacidad de endeudamiento del País Vasco y de Navarra «se establecerán exclusivamente en función de sus respectivas situaciones financieras».

Además de estos dos puntos, el acuerdo señala que tanto PSOE como Unidas Podemos «darán cuenta al Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu del avance en el desarrollo y grado de implementación de los acuerdos alcanzados».

Las tres formaciones afirman suscribir este acuerdo con el fin de «adoptar las medidas necesarias para profundizar en las garantías de escudo social y económico para el conjunto de pueblos y trabajadores del Estado».

Un compromiso de legislatura

Durante el debate en el Pleno del Congreso, la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, ha aludido a esta negociación con el Gobierno para culminar una derogación «íntegra» de esta reforma laboral, asegurando que este acuerdo «supondría recuperar una parte de dignidad para los trabajadores y devolverles un mínimo de seguridad».

Asimismo, ha señalado su voluntad de que, a la vuelta de la normalidad tras concluir las medidas extraordinarias adoptadas en materia laboral por la crisis del Covid-19, los trabajadores estén «un poco más protegidos ante las ansias de los grandes empresarios de hacer pagar, una vez más, esta crisis a los trabajadores para asegurar sus grandes beneficios».

Entre otras medidas extraordinarias, el Gobierno ha adoptado la prohibición del despido objetivo por causas relacionadas con esta pandemia, lo que supone un encarecimiento del mismo, y facilidades a los ERTE para que las empresas puedan recurrir a este instrumento ante la parálisis y el descenso de la actividad.

Sin embargo, en su réplica, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enmarcado esta derogación como parte de un compromiso de legislatura, asegurando que su voluntad de acabar con la reforma se mantiene «indeleble», y que esperaba poder contar con ello con las fuerzas «progresistas».

Pese a recogerse la derogación de la reforma laboral, en el programa de coalición de PSOE y Unidas Podemos también se citan diferentes modificaciones de la regulación laboral, sin que se aluda a una derogación «íntegra» de la misma, ni tampoco se establecen plazos.