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El Gobierno aprueba la exhumación “urgente” de Franco y da 15 días a la familia para decidir el destino de los restos

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La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha informado de la aprobación del decreto ley para modificar dos puntos de la Ley de Memoria histórica para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos porque “no se puede perder ni un solo instante” para esta tarea.

El Ejecutivo calcula que con los plazos de tiempo establecidos por el real decreto ley para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos se irá a “final de año” para realizar esta tarea en un tiempo máximo de doce meses, tal y como establece la normativa aprobada.

Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, los doce meses establecidos de caducidad, tras la convalidación del decreto en el Congreso, es “un tiempo máximo” pero que la previsión es que no tenga que agotarse.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que ha aprobado el decreto ley para realizar la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, Calvo ha explicado que el decreto añade un párrafo al artículo 16 de la ley que indica el “carácter urgente” de hacer esta exhumación e indica al Gobierno “el procedimiento para hacerlo”.

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El ejecutivo decidirá dónde se entierran los restos del dictador, “asegurando una digna sepultura”, si la familia no manifiesta su voluntad sobre su destino final “en tiempo y forma”, así lo asegura el decreto ley.

Calvo ha explicado que la familia Franco “podrá ser escuchada” y dispondrá de quince días, a partir del 31 de agosto, para decidir a qué lugar quieren que sean trasladados los restos.

Para ello, la familia deberá aportar dentro de ese plazo los documentos y autorizaciones necesarias.

No obstante, Calvo ha precisado que el Gobierno en el decreto plantea “todos los escenarios posibles, en los que la familia será escuchada” pero en el caso de que ésta “no se pronuncie o discrepe del lugar” será el Gobierno quien decida a qué lugar “digno y respetuoso se trasladen los restos”.

Calvo ha explicado que el Gobierno podrá solicitar la asignación del correspondiente título de derecho funerario al ayuntamiento en el que vaya a efectuarse la inhumación y realizar el resto de actuaciones que procedan.

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La vicepresidenta ha explicado que, como no puede ser de otra manera, el Gobierno está obligado “en un Estado garantista” a buscar un lugar digno.

A partir de ese momento, Calvo ha comentado el Valle de los Caídos cumplirá una primera función, recogida en la ley de Memoria Histórica, el “respeto de las víctimas que están de ambos bandos y naturalmente la paz, algo que no es posible estando los restos del dictador en el mismo lugar”.

Un lugar de recuerdo a las víctimas

El real decreto ley aprobado introduce un apartado 3º al artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica de 2007 que consagra el Valle de los Caídos como “un lugar destinado a la conmemoración, recuerdo y homenaje de los fallecidos en la guerra civil”, disponiendo que sólo los restos mortales de éstos podrán yacer en su recinto.

“En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda”, rezará el texto.

El Gobierno asegura que el procedimiento diseñado prevé expresamente “las máximas garantías de dignidad y respeto, tanto a los restos mortales como a los familiares”, que podrán disponer sobre su destino “si lo desean”.

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Viva la democracia española. El librero Pedro Varela podría pasar 12 años en prisión por vender libros que no gustan a la canalla roja prohibicionista

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Su delito: discrepar de la versión oficial y tener sus propias opiniones, tras años de investigación y estudios, acerca de los hechos acontecidos en los territorios ocupados por los alemanes durante la II guerra mundial. El arma del delito: los libros que se apilaban en su librería de la calle Séneca de Barcelona, en el barrio de Gràcia, y que llevan la firma de autores que han sido severamente estigmatizados por atreverse a contrapuntar el punto de vista oficial sobre aquel período histórico. Su nombre, Pedro Varela Geiss. Hasta sus más feroces detractores mediáticos; es decir, casi todos, reconocen en él virtudes ciclópeas que están en peligro de extinción. Es austero, políglota, amante de los deportes de montaña, posee una sobresaliente cultura, desprecia el dinero, vive en la casa familiar, ha optado por la castidad, es cristiano practicante y ha clavado una bandera en una trinchera donde pone: “Me quedó aquí, es mi decisión, venid a por mí”.

Durante una de sus intervenciones para exponer su credo, dijo: “Aquí estoy. Si la gente no tuviese interés por saber lo que pasó en el Tercer Reich yo ya habría cerrado. Donde hay demanda, hay mercado y donde hay mercado hay producción. ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Enviarme a Marte? ¿Meterme en un psiquiátrico? Después de toda una vida no puedo decir ahora: “vale, me creo lo del holocausto”.

En 2017, el mismo año del golpe  independentista promovido por los mismos líderes que han sido indultados y amnistiados, se precintó la Librería Europa, se requisaron 15.000 libros, se detuvo a cuatro personas, se efectuaron varios registros domiciliarios, se confiscaron ordenadores y equipos de grabación y se apoderaron de su dinero.

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Empieza el juicio a Pedro Varela

El juicio al librero Pedro Varela y a cuatro responsables más de la Librería Europa, ya cerrada en la capital catalana, acusados de difundir discurso de odio con los libros que ofrecían, ha empezado este martes en la Audiencia de Barcelona.

La primera jornada estuvo dedicada a las cuestiones previas y a los interrogatorios de los acusados, y la previsión es que el juicio dure un total de ocho sesiones repartidas hasta el 29 de mayo.

La Fiscalía reclama una condena de 12 años de cárcel para Varela y de ocho para el resto, todos por delitos contra los derechos fundamentales, organización criminal y asociación ilícita, y había un acusado más pero murió durante la instrucción de la causa.

En el juicio al fundador del Círculo Español de Amigos de Europa (Cedade) también son acusaciones populares el Ayuntamiento de Barcelona, la Federación de Comunidades Judías de España y el Movimiento contra la Independencia.

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Varela y los otros acusados formaban parte de una asociación cultural que contaba con su propia editorial, Ediciones Ojeda, vendían las publicaciones por internet y en la Librería Europa, y organizaban conferencias, todo con la intención de difundir “una línea de pensamiento basada en la cultura del odio supremacista y de animadversión y segregación racial contra lo que ellos consideran como ‘razas inferiores’”, según la Fiscalía.

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