El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los proyectos de ley de los nuevos impuestos a las transacciones financieras y determinados servicios digitales, conocidos como tasa Tobin y tasa Google.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha argumentado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de que estos nuevos tributos pretenden “avanzar en un sistema fiscal más justo, más redistributivo y que se adecue a la nueva realidad económica”.

Los impuestos a las transacciones financieras y determinados servicios digitales ya fueron aprobados en enero del pasado año, aunque su tramitación decayó ante la convocatoria de las elecciones generales de abril, por lo que nunca llegaron a ponerse en marcha. El impuesto sobre determinados servicios digitales gravará con un 3 % los ingresos que las grandes multinacionales tecnológicas obtengan de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario. Entre estos supuestos figuran, por ejemplo, empresas que usan bases de datos que les venden otras para contactar con usuarios o hacer publicidad personalizada sin contribuir a la sociedad, por lo que “es de justicia que la sociedad se beneficie de ello”, ha considerado Montero.

Ha recordado que se aplicará a las empresas con más de 750 millones de ingresos a nivel mundial y 3 millones nacional, unos “límites que no son discriminatorios ni por nacionalidad o tipo de empresa” y que, además, excluyen a pequeñas y medianas empresas (pymes) y “start ups” (empresas emergentes) digitales. La recaudación prevista de este impuesto es de 968 millones de euros, una cifra inferior a los 1.200 millones inicialmente previstos “debido a la ralentización de la economía”.

El impuesto se liquidará trimestralmente, aunque se establece una excepción para 2020 en la que las liquidaciones del segundo y tercer trimestre no se realizarán hasta al menos el 20 de diciembre, con el objetivo de dar “margen” a la adaptación de las empresas y a la negociación con la OCDE y el G20, de cara al establecimiento de un impuesto digital común. En ese sentido, ha apuntado que en caso de que se logre un acuerdo para la tributación digital a nivel global, “España adaptará su legislación interna”, en línea con lo planteado por Francia, Italia o el Reino Unido.

Por su parte, el impuesto sobre transacciones financieras, con el que el Gobierno espera recaudar 850 millones de euros, gravará con un 0,2 % las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros. El tributo no afectará a las pymes, ya que recae sobre el intermediario financiero, y se centra en un sector, el financiero, “que durante la crisis recibió un importante apoyo” público. La ministra ha insistido en que estas figuras tributarias están en línea con las que se debaten a nivel europeo y tienen por objetivo modernizar el sistema fiscal. Con estos impuestos “el sistema tributario se moderniza y son parte de un primer paso” hacia un sistema fiscal más redistributivo, en el que los impuestos medioambientales “jugarán un papel determinan