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Internacional

El éxodo venezolano, filón para las mafias de tráfico humano

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«¡Rescatadas!». Así comenzaba la semana pasada la información de un medio peruano sobre la redada policial que había permitido liberar a dieciocho mujeres venezolanas y una peruana de una presunta organización de tráfico de mujeres. Todas ellas se encontraban en un local, conocido como «Al Fondo Hay Sitio», ubicado en el balneario de Zorritos de Tumbes, localidad situada junto a la frontera con Ecuador, a la que en las últimas semanas han llegado miles de venezolanos huyendo de la crisis política y humanitaria que sufre su país. Según el medio peruano, «las mujeres rescatadas cayeron en manos de una presunta mafia y se convirtieron en víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual».

Por desgracia, este no es un caso aislado, ni Perú el único país donde se producen este tipo de casos -en julio fueron detenidas dieciocho personas en la ciudada colombiana de Cartagena acusadas de reclutar y vender a 250 mujeres y adolescentes para su explotación sexual-. El éxodo masivo de ciudadanos venezolanos de los últimos años -1,6 millones abandonaron el país en los últimos dos años- huyendo de la miseria económica les ha empujado a caer en la más vil miseria humana.

Así lo han denunciado varias organizaciones en las últimas semanas, como el think tank Fundación Ideas para la Paz (FIP) de Colombia, que en su último informe, publicado este miércoles, se refiere a la vulnerabilidad en la que se encuentran las poblaciones que habitan en las fronteras, donde existen múltiples economías ilegales «que van más allá del narcotráfico, como la minería ilegal, el tráfico de gasolina, el contrabajando, la trata de personas, la explotación sexual y el tráfico de inmigrantes».

En un país, Colombia, donde está muy reciente la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC y en la actualidad se está en conversaciones con el ELN, y donde aún quedan grupos armados disidentes, el informe alerta sobre el riesgo al que se enfrentan los inmigrantes venezolanos de «ser reclutados» por estos grupos y de su incorporación «como mano de obra de diferentes economías ilegales». También avisa sobre el mayor riesgo para las mujeres venezolanas de ser víctimas «de explotación sexual y de feminicidios», como consecuencia de «su vinculación al trabajo sexual y economías ilegales».

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Poco control

«En las zonas fronterizas, el estado colombiano tiene muy poco control», declaró Juan Carlos Garzón, presidente de FIP, a Reuters. «Para los emigrantes venezolanos la situación es muy complicada porque se enfrentan a grupos ilegales que se aprovechan de su vulnerabilidad. Hemos escuchado testimonios sobre explotación sexual y tráfico de mujeres». Por su parte, Omar Ochoa, un alto cargo de la localidad de Bucaramanga, en el norte de Colombia, expresó su preocupación ante los casos de prostitución y explotación sexual de niñas que han viajado a pie 200 kilómetros desde la frontera.

El documento realizado por la FIP corrobora una tendencia que ya denunció el mes pasado el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaria de la Mujer de Bogotá.

Según un estudio realizado por este organismo, y del que se hizo eco el semanario «El Tiempo», el 35,7% de las mujeres que ejercen la prostitución en esa ciudad son extranjeras, de las que el 99,8% son de origen venezolano. Durante las encuestas, las venezolanas comentaron a los investigadores que ejercían la prostitución ante la falta de otras salidas, a pesar de que el 33,1% de las consultadas tiene una educación universitaria. A esto se suma que la mayoría de ellas (el 84,5%) tienen familias que dependen de estos ingresos.

Las ONG reconocen una triste realidad: las falsas promesas. «Muchas madres están preocupadas de que sus hijas acepten ofertas de trabajo y sean atrapadas en la prostitución», asegura Marion Prats, de la ONG Tierra de Hombres.

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A la explotación sexual se suma la laboral, que sufren miles de menores venezolanos obligados, entre otras cosas, «a mendigar en las calles o semáforos de ciudades colombianas o a realizar trabajos domésticos». La Agencia para la protección de la Infancia identificó a 350 menores venezolanos víctimas del trabajo infantil en Colombia entre marzo y junio de este año.

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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