La decisión de Pedro Sánchez de llamar a las urnas el próximo 28 de abril y no hacerlas coincidir con las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo supondrá un gasto extra para las arcas públicas de unos 174 millones de euros. Esa fue la factura que dejaron los comicios que tuvieron lugar el 26 de junio de 2016, en las que el Estado destinó 130 millones en concepto de gastos de organización y 44 millones en subvenciones para los partidos que concurrieron a ellas. Diez millones menos de gasto que las que se celebraron seis meses antes, el 20 de diciembre de 2015, y que dejaron un nuevo tablero político con la irrupción de dos nuevas formaciones Podemos y Ciudadanos.

De toda esa cantidad, el grueso correspondió a los costes organizativos de la maquinaria electoral del 26-J. 48 millones fueron a Correos (para el voto por correo y buzoneo o la propaganda electoral); 12,8 a la difusión de los datos y escrutinio a través de los medios y 12,5 a logística. Los otros 55 millones se fueron a pagar sl personal de la Administración que intervino en cada uno de esos procesos electorales, incluidos los operativos especiales de seguridad a los que se destinaron 13 millones de euros. También se reservaron casi 1,7 millones para posibles imprevistos.

El resto del presupuesto va destinado a financiar a los partidos que concurren a los comicios. Con estas aportaciones públicas las candidaturas pagan el coste de sus campañas. Entre el 20-D y el 26-J sumaron un total de cien millones de euros por este concepto. Según el BOE, el Estado subvencionó con 21.167,64 euros cada escaño del Congreso y del Senado que los partidos obtuvieron el 26-J, la misma cantidad que en el 20-D y 465,69 euros menos que en los anteriores comicios generales de 2011. Este sistema prima a los partidos con mejores resultados y es letal para aquellos que no consiguen escaños y deben afrontar por sus propios medios los créditos bancarios que normalmente piden para las campañas.

Tras pasar por caja en las últimas elecciones, el PP recibió en hace tres años 17,9 millones en subvenciones, muy por encima de los 12,7 del PSOE (incluyendo al PSC), los 8,1 de Podemos y los 6,9 millones de Ciudadanos. En el caso del partido de Pablo Iglesias, que concurrió al 26-J en coalición con Izquierda Unida y diversas mareas autonómicas, habría que sumar los 2,2 millones que percibió el partido de Alberto Garzón y los casi 700.000 que se embolsó Compromís.

Las cuentas frustradas propuestas por Sánchez contemplaban una partida para 2019 de 303 millones para financiar procesos electorales y subvencionar a partidos. Esta cantidad estaba destinada a los comicios municipales, autonómicas y europeas y llevaba una partida para un posible adelanto de las generales.

Para el mantenimiento y adquisición de material destinado al 26-M el Ministerio del Interio calcula una partida de 176,8 millones, al juntarse tres convocatorias distintas. A eso habría que sumare otra cantidad similar para el 28-A. En total unos 350 millones de euros. Una cantidad que se podría haber reducido notablemente al celebrar los comicios el mismo día ya que se reducirían los costes debido a que muchos de los gastos estructurales pueden compartirse.

Según recoge la normativa electoral, cuando coinciden varias citas electorales en un mismo día los partidos sólo pueden gastar en campaña para todas las citas lo que corresponda de la partida más elevada (o la que elijan) e incrementar esa cantidad el 25%.