La causa que investiga los contratos irregulares en la Diputación de Valencia para favorecer a personas afines a PSPV-PSOE y Compromís sigue su curso mientras el principal imputado, el expresidente socialista Jorge Rodríguez, va desgranando su estrategia judicial para tratar de desvincularse de los hechos.

El llamado caso Alquería indaga en las supuestas contrataciones de directivos al margen de la ley en la empresa pública Divalterra, heredera de la antigua Imelsa (también foco de otros casos de corrupción de la etapa del PP). Según las conclusiones de la Fiscalía y la Unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de la Policía, habría servido de herramienta política de colocación de una serie de «peones» necesarios para poder llevar a cabo las aspiraciones de cada uno de los partidos en el poder.

Para ello, habrían formado una «estructura de gobierno paralela» con la que crearon siete puestos de alta dirección que ocuparon personas afines a PSPV-PSOE y Compromís.

En el marco de la causa -basada en los presuntos delitos de malversación y prevaricación-, fue detenido en junio de 2018 Rodríguez, en ese momento presidente de la Diputación y actualmente alcalde de la localidad de Ontinyent por unas siglas distintas a las del PSOE, del que fue expulsado. Junto a él fueron arrestados otros cinco cargos de la empresa pública. Los investigadores consideran que Rodríguez era pleno sabedor de los hechos y que éstos se realizaron con su consentimiento.

La defensa que ejerce el exministro del Interior Antonio Camacho trata de demostrar lo contrario y ha solicitado la práctica de algunas llamativas diligencias que entre los círculos socialistas se interpretan tanto como un intento de descargar su responsabilidad como de llevar la batalla interna en el partido a esta causa.

La batalla interna

En un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, ha pedido que se cite a varios testigos para que declaren sobre el conocimiento de las prácticas que se indagan. Concretamente, menciona a José Manuel Orengo, Concha Andrés, Pablo Seguí, Maria Josep Amigo, Emili Altur, Josep Bort y Xavi Rius. Algunos de ellos siguen siendo cargos actuales del PSPV y de Compromís.

Precisamente uno de los más relevantes es Orengo, quien fue número tres de los socialistas valencianos y asesor del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Varias de las personas interrogadas hasta el momento apuntaban al primer equipo de la empresa pública Imelsa (anterior a Divalterra), del que él formó parte, como el responsable de dar apariencia de legalidad a las contrataciones de personas afines a los partidos. Además, en las actas consta que defendió la contratación de directivos en Imelsa pasando por alto los requisitos de publicidad, mérito y capacidad, sobre lo cual el PP advirtió al tratarse de una posible irregularidad. A ello se añade que Orengo nunca fue cercano al propio Rodríguez, en uno de tantos enfrentamientos que han marcado la vida interna de los socialistas valencianos para controlar el partido.

El expresidente de la corporación provincial no sólo ha presentado ante el juez la petición de esas testificales, sino que la ha acompañado de documentación en la que consta el reparto inicial de áreas entre PSPV y Compromís en Imelsa cuando estos partidos pasan a dirigir la Diputación de Valencia (antes de que la empresa pública acabara refundada en Divalterra).

El cuadro se menciona en un informe de la Udef en el que se desgrana esa primera estructura de gestión, donde el PSPV tenía la gerencia y Compromís la vicegerencia con competencias divididas entre cada partido. En esos folios constan las firmas de la mayoría de cargos a los que Rodríguez ha pedido que se cite como testigos. Su rúbrica, por el contrario, no.

La explicación desde la defensa es que Orengo, junto al resto, señale cuántos directivos había en esa época y cuántos en la siguiente, que es la que se investiga y en la que cual alegan que se recortaron puestos. Según entiende, no se puede determinar con lo instruido por ahora ni la ilegalidad de los contratos ni que la prevaricación esté del todo clara. Para los investigadores, sin embargo, el cuadro que esgrime Rodríguez no desmonta la tesis de las supuestas irregularidades, ya que consideran que ni aparecen en él los contratos de alta dirección ni vendría a desmentir que éstos se realizaron al margen de Divalterra.

Para ellos, Rodríguez continúa siendo el responsable directo de los hechos, aunque es posible que Anticorrupción no se oponga a la declaración de los testigos.