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Opinión

Allá van leyes do quieren reyes: la seguridad jurídica

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Para echarse a temblar: ése es en efecto el camino del absolutismo y de la arbitrariedad. Lo que nos proporciona seguridad jurídica es que haya leyes seguras, que no dependan del capricho de los que mandan: sean reyes, Papas o pueblos (es decir democracias), que la democracia, por la fuerza de los números nos puede asegurar algunas cosas: pero no la equidad, la sensatez, la verdad, la bondad… la democracia no es garantía ni de equidad, ni de sensatez, ni de bondad. Hitler se hizo con el poder de la manera más democrática; por consiguiente todo su régimen fue un infausto parto de la democracia. Como tampoco nos puede asegurar nada de eso, el hecho de que sea el papa o el mejor de los reyes quien decida torcer las leyes a su voluntad.

Pero bueno, si hasta Dios, que es por sí mismo la Bondad, la Santidad, la Equidad, la Justicia, ha preferido darnos leyes para no obligarnos a depender sólo de su libre arbitrio por más dotado que esté de Sabiduría infinita, de Santidad, de Bondad y de Justicia; si hasta el mismo Dios nos dio sus Diez Mandamientos, la ley más inamovible de todas las que han existido en la historia del hombre, porque el hombre necesita tener la seguridad de que se está comportando conforme a la voluntad de Dios y por tanto, conforme a la bondad, a la verdad y a la equidad, ¿qué tendremos que decir de las leyes de los hombres? La ley está para dar seguridad, para blindarnos contra caprichos y veleidades del poder… incluso si fuese el caso, para defendernos de los posibles caprichos y veleidades de Dios. No es el caso del Dios de Jesucristo, ciertamente. Pero sí el de Alá que, por decirse omnipotente, puede hacerlo todo ¡hasta el mal! ¿Qué decir por tanto de la seguridad jurídica que están obligados a darles todos los gobernadores a sus gobernados?

Pero he aquí que la sacralización de la democracia nos ha llevado a concederle a ésta, privilegios de los que sólo gozaron los tiranos. El poder, por ser poder (sea del mónos, sea de los oligoi, sea de los aristoi, sea del demos, sea de la plebe plebiscitaria, sea del déspota), es insaciable, y por eso tiende a ser totalitario y despótico. No tenemos más que ver cómo crece el poder en nuestra sociedad, y cómo se esmera en asumir a toda costa la responsabilidad de nuestra manutención (se ha reservado las áreas de la salud y la educación en la inmensa mayoría de dominios): y no para de crecer ese afán, que sólo es sostenible con el crecimiento en paralelo de los impuestos, es decir de la esclavización a tiempo parcial.

Pero fíjense que, en Europa, el poder político mantiene hasta a la Iglesia: a costa de los impuestos, claro, es decir a costa de cotas cada vez más altas de esclavización. Es que, ¡mira por dónde!, sus ansias de mantenimiento no tienen límite. Es su peculiar sentido de la bondad: y como no podía ser de otro modo, la principal ley anual, es la de la manutención con los respectivos impuestos: es la del reparto de cuotas de esclavización y manutención. Eso es así porque el modus vivendi del Estado, sea cual sea su forma política, es nuestra manutención.

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Una vez establecido que lo óptimo es que cada vez gasten más en nuestra manutención, lo obvio es que cada vez sea mayor el peso de los impuestos. Admitamos pues que, por oneroso que sea, cualquier sistema de poder, del despótico al democrático, tiene todo el derecho a “legislar” sobre capítulos de manutención (cada vez más, entre ellos también la seguridad) y capítulos de impuestos (también al alza). Evidente, porque es así como funciona todo sistema de poder: mediante imposición, es decir mediante impuestos.

Pero lo que está fuera de todo orden y de toda sensatez es que las ansias de dominación de nuestros políticos les hayan llevado a legislar sobre las leyes físicas y biológicas, sobre historia y religión, sobre moral y prosodia. Sobre cualquier cosa: como si el poder otorgase conocimiento. Allá van leyes do quieren reyes, en un ejercicio de fatua ostentación de poder de los que mandan, y de servil adulación de los que obedecen. Comprensible en los que obedecen a sueldo; pero alucinante en los que les regalan su adhesión y asentimiento a esos adictos del poder.

Un Estado de Derecho (e incluso los que no merecen esa digna calificación) se sostiene sobre un entramado de leyes estables (conditio sine que non para merecer la calificación de leyes), a las que están sujetos todos los miembros de la Nación, ya sean soberanos, ya sean vasallos. Porque si el soberano, llámese como se llame, no respeta las leyes o prescinde de ellas a su conveniencia, coloca a su Estado en una situación lastimosa tanto para él mismo como para sus súbditos.

Y lo que vale para un Estado, vale para cualquier institución, llámese asociación, club, empresa o iglesia.

El grado de cumplimiento de las leyes que cada institución se ha dado, es el termómetro de su nivel de salud. Un Estado o una institución en que allá van leyes do quieren reyes, es una institución muy enferma. Y a menudo se trata de enfermedades que anuncian la muerte. Por eso es vital que haya en ellas personas y equipos (especie de organismos de defensa) cuya función sea vigilar que nadie pueda irrogarse ningún género de soberanía sobre las leyes. Las leyes son sagradas: y no están hechas para defender a las personas concretas, por alto que sea su rango (lo cual sería una forma de privilegio, es decir de ley privada), sino para defender a la institución, que es patrimonio de todas las personas que la forman; no de sus dirigentes.

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Uno de los elementos a los que debe su prolongadísima perduración en el tiempo una institución bimilenaria como la Iglesia, son sus normas de funcionamiento interno, que en este caso se llama Derecho Canónico. Constituye por tanto un grave atentado contra la integridad de la Iglesia todo desgaste y laminación de ese Derecho, trasvasando a la arbitrariedad de la jerarquía de turno, lo que era derecho de la institución, y por tanto de todos sus miembros por igual, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos: sin que los haya que tengan el privilegio (ley privada de ellos solos) de dejar las leyes en suspenso cuando así lo consideren o les convenga. Y si esas transgresiones se permiten con las leyes de menor rango, en las que se defiende la igualdad de derechos y deberes de todos sus miembros, tarde o temprano alcanzan a los revestidos del máximo poder. Eso, exactamente eso fue lo que ocurrió repetidamente en el gran Cisma de Occidente: los que tiraban de los hilos del poder, tanto dignatarios de la Iglesia como príncipes de este mundo, se saltaron las barreras de la ley de la Iglesia, del Derecho Canónico, cada vez que la transgresión les favorecía. Convirtiendo así el Derecho en algo que pone límites sólo a quien no tiene la fuerza o la audacia necesarias para saltárselos.

En efecto, en la Iglesia, el tema de la elección (y el pretendido derecho de deposición) del papa, ha sido quizá la más decisiva piedra de toque de la supremacía de la legalidad instituida, sobre cualquier interés (por legítimo que fuese) que chocase con ella. Y ahí fue donde se produjo la gran mascarada. ¿Qué tenemos pues? Un papa pusilánime que cede al capricho del rey de Francia de que la sede del Obispo de Roma esté en Aviñón. Y que se pliega a la voluntad del rey para conformar un colegio cardenalicio a su medida: a la del rey. Unos habitantes de Roma que al ver que la ciudad se ha arruinado por la ausencia del papa, montan un violento motín para exigir-bajo amenaza de muerte- a los cardenales reunidos en cónclave la elección de un papa romano o al menos italiano, decían. Tras la desastrosa elección, todos los cardenales la declaran nula y eligen un nuevo papa que acabará de nuevo confinado en Aviñón. Un concilio en Pisa que declara ilegítimos a los dos papas -al romano y al aviñonés- y elige un tercero. Otro concilio, el de Constanza, convocado por el príncipe Segismundo de Moravia, luego emperador del Sacro Imperio Germánico (ojo, que no es un miembro de la jerarquía eclesiástica) y avalado luego por un tal papa Juan XXIII -el de Pisa- en el que, saltándose todos los protocolos y leyes de los concilios, se pone fin al enredo.

Y es ahí donde aparece nuestro Benedicto XIII, el aragonés Pedro de Luna, como voz que clama en el desierto (en el largo cautiverio de Aviñón y en el exilio de Peñíscola), defendiendo el principio de legalidad canónica como el principal bien de la Iglesia a proteger en ese momento.

Y es que en ese momento los príncipes del mundo se conformaban con poner y quitar papas y llevarlos de aquí para allá. Hoy no les basta: poner y quitar papas, también. Les sobraba Benedicto XVI y no pararon de acosarle con campañas de desprestigio en el exterior e insidias en el interior.

Ahora, sin embargo, pretenden cambiar la doctrina y hasta la teología de la Iglesia. Y en ello andan algunos empleados bien a fondo. Sólo así podrían -no podrán- convertir a la Iglesia en una inofensiva ONG, dedicada exclusivamente a atender a la marginación social que generan las corruptelas de un sistema podrido que, obsequioso, otorgaría la subvención. Menos mal que el poder de la muerte no la podrá destruir… (cf. Mateo 16,18) a pesar de todo lo que la maltratamos. ¡Dios sea bendito!

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España

Contra la debilidad mental occidental: La esclavitud en el Islam todavía sigue vigente (Y siempre ha apuntado CONTRA EUROPA) Por Ernesto Milá

Ernesto Milá

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Introducción a La esclavitud en el Islam, libro que estará disponible en breve.

Durante siglos, especialmente del XVI a principios del XIX, nuestras costas fueron hostigadas por piratas berberiscos. Querían vengar la “pérdida de Al-Andalus” (esto es, la Reconquista). La captura de poblaciones costeras del norte del Mediterráneo para venderlas en los mercados de esclavos del Magreb o negociar su rescate se convirtió en una práctica habitual entre las poblaciones del norte de África. Quienes practicaban estas razzias, que hacían imposible la vida en nuestras costas, eran considerados “yihâdistas”. Este comercio de esclavos europeos existió, por mucho que los “multiculturalistas” de hoy quieran olvidarlo.

Todavía ningún gobierno del Magreb se ha disculpado por estos actos.

*    *    *

LA CAÍDA DEL PRIMER ARGUMENTO INMIGRACIONISTA: 

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EUROPA NECESITA TRABAJADORES

Hoy, ya nadie puede dudar que el primer argumento que se utilizó para justificar la presencia de compactos núcleos musulmanes en Europa Occidental –aquel que afirmaba que eran necesarios inyectar inmigrantes para pagar las pensiones de los abuelos…– era una simple falacia. La realidad es que, las pensiones de los abuelos –yo lo soy– pierden cada día poder adquisitivo porque a los gobiernos de nuestro entorno les es necesario comprar la “paz étnica y social” subvencionando a los recién llegados. No hay dinero para todos. Y los que llevan las de perder es la parte más débil: los jubilados. La inmigración es hoy una pesada carga económica para todos los Estados que se han negado durante décadas a controlarla.

Desde, como mínimo, 2008, la inmigración ha variado su carácter; hasta ese momento, podía pensarse que los motivos del desplazamiento hacia España se debían a la posibilidad de integrarse en nuestro mercado laboral y, en especial, en el sector de la construcción. Pero, desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, con la mecanización progresiva de la agricultura, las deslocalizaciones y el proceso de desindustrialización creciente, es casi seguro que, hoy, pocos de los inmigrantes que llegan a España, –especialmente los que no tienen ningún tipo de cualificación profesional (esto es, la mayoría)–, tengan como proyecto personal integrarse en el mercado laboral y vivir del propio trabajo, ahorrar para volver al país de origen con capital suficiente para emprender una nueva vida.

Se suele creer que las motivaciones de los inmigrantes en el siglo XXI son las mismas que las de los españoles, portugueses e italianos que se desplazaron a Francia, Suiza, Alemania, Benelux, en los años 50 y 60, para reconstruir países que habían sido demolidos por la Segunda Guerra Mundial. En aquella inmigración existía la voluntad de trabajar durante unos años en unos países con unos niveles salariales mucho más altos, poder ahorrar llevando una vida austera (pero no miserable), acumular cierto patrimonio que les permitiera abrir un pequeño negocio o, simplemente, comprar una vivienda al regresar a la Patria. Esa inmigración, no es la actual.

Nuestros inmigrantes querían regresar –en grandísima medida– al país que habían abandonado. Iban a trabajar, a esforzarse, a partirse el espinazo para llevar a la práctica un proyecto personal legítimo y que enriquecía a todas las partes: a los receptores de inmigración porque sabían que los recién llegados eran gente dura y dispuesta a trabajar. A los inmigrantes porque, a cambio de su trabajo, recibían un salario muy superior al del mismo oficio en España y podían ahorrar. Al país emisor de inmigrantes porque allí recibían formación y volvían con una capacitación laboral superior a la que habían partido, sin olvidar que su trabajo en el extranjero generaba unas divisas preciosas en aquel momento para garantizar intercambios comerciales. Aquellos inmigrantes –nuestra inmigración– no planteaban problemas de convivencia, ni choques culturales; fieles al dicho “donde fueres, haz lo que vieres”, nuestra gente se integró perfectamente en la sociedad que los recibió. Nada de todo esto vale para el actual fenómeno migratorio.

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Ya no hay países en Europa Occidental que precisen ser reconstruidos después de una guerra. Tampoco hay un mercado laboral en expansión que permita pensar que, sin un alto nivel de cualificación y sólo en determinadas profesiones, vayan a encontrar trabajo bien remunerado. Ni siquiera para españoles, los salarios medios –a la vista del coste de la vida– permiten ahorrar gran cosa. Ningún inmigrante, en su sano juicio, puede transmitir a otros como él que residen en su propio país, la idea de que valga la pena venir a España para trabajar: la realidad es que, aquí y ahora, el poco trabajo que existe para gentes con poca o nula cualificación profesional, no permite ni vivir dignamente, ni mucho menos ahorrar. Entonces ¿por qué viene la inmigración?

Vale la pena no engañarse al respecto. Y los medios de comunicación, así como los diferentes gobiernos, de derechas y de izquierdas, llevan casi treinta años engañándose y falseando datos, cifras y circunstancias. No hay otra forma de definir la actitud de quienes niegan los problemas que se han generado a causa de la inmigración ilegal, masiva y descontrolada.

LA CAÍDA DEL SEGUNDO ARGUMEN IMIGRACIONISTA: 

“WELCOME REFUGIES”

Si bien es cierto que, hoy, ya nadie se atreve a sostener que, gracias a la inmigración, se van a poder “pagar las pensiones de los abuelos”, las justificaciones se han convertido en cada vez más extemporáneas, ridículas, ignorantes e, incluso, frecuentemente, entre los portavoces gubernamentales, zafias. Caído el mito de “las pensiones de los abuelos”, el nuevo argumento nos decía que los inmigrantes no eran tales: que se trata de “refugiados”. Ser “refugiado”, al parecer, hace obligada la “solidaridad”. El perseguido merece protección y ayuda para salvarlo de su perseguidor… En algunos casos, los menos, los recién llegados son “refugiados”. Pero, incluso, en esas circunstancias, cabe preguntarse: ¿y por qué un “refugiado afgano” elegirá vivir en Europa Occidental y no en Paquistán, en la India o, incluso en el sudeste asiático, países mucho más próximos, en todos los sentidos, a su patria originaria?

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Por otra parte, si existen “refugiados” es porque tal o cual país los genera y la situación allí es insoportable, por tanto, si se trata de admitir, por ejemplo, subsaharianos, vale la pena recordar que, en cualquiera de aquellos países, en toda África y en buena parte de Asia, casi sin excepción, la “democracia” es una palabra que no tiene el mismo significado que en Europa. De los 1.200 millones de africanos, la inmensa mayoría podrían ser considerados como “aspirantes a refugiados”, a la vista de que existen diferencias abismales entre los “derechos humanos” tal como se contemplan en Europa y como se practican en África.

Pero, Europa no puede admitir a 1.200 millones de inmigrantes que, por lo demás, deberían entender que ellos, para prosperar, sería oportuno que trataran de hacer cambios en su país, antes que adoptar la solución más cómoda de mudarse a otro… ¿a cuál? Y esta es el nudo de la cuestión: no se trata de países en los que exista un mercado laboral floreciente, ni aquellos otros más próximos al lugar de origen, para mantener el contacto con sus raíces, sino de aquellos en los se vive mejor y, lo que es aún más importante, donde se garantizan subvenciones solamente por llegar y en donde todo, absolutamente todo, está permitido (o poco menos). Ese es el centro de la cuestión que políticos y medios pretenden escamotearnos.

No hay nada más opaco en la actual democracia española que la suma total de subvenciones que reciben los no nacidos en España y sus hijos nacidos aquí. La falta de transparencia es, precisamente, lo que permite sospechar. Recientemente se ha publicado la cifra de que algo más de 2.000.000 de inmigrantes viven de subsidios públicos. El misterio está lejos de quedar resuelto, porque no se dice cuántos antiguos inmigrantes que han logrado naturalizarse como “españoles”, siguen subsidiados. Por otra parte, haría falta especificar qué tipo de subsidios reciben: en España existen muchos de tipos de ayudas y de pensiones no contributivas. Todo ello hace sospechar que las cifras son muchísimo mayores y es legítimo pensar que pueden ser, incluso, el doble o el triple, incluso, de las dadas. Por lo demás, no se especifica el volumen total de subsidios y subvenciones por distintos conceptos, ni los dados por las distintas administraciones, que van a parar a lo que en Francia se ha llamado “la aspiradora de recursos públicos”, esto es, la inmigración. La opacidad de las cifras, en efecto, no hace nada más que aumentar las sospechas.

LA CAIDA DEL TERCER ARGUMENTO INMIGRACIONISTA: 

“VIENEN PARA CONTRARRESTAR LA BAJA NATALIDAD”

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Luego está el argumento de la crisis de la natalidad en España. Era lo que podía esperarse: la elevación constante del coste de la vida, hace imposible el que se puedan formar parejas e, incluso, que una vez formadas, decidan tener hijos. La paternidad es una aventura que muy pocos se atreven a afrontar. Para hacerlo es preciso tener seguridad de que se podrá mantener a los hijos. Nadie está dispuesto a ofrecer tales garantías. Sin embargo, es un problema político: hubiera bastado con atribuir prioridad en beneficios sociales y ventajas fiscales a las parejas españolas que deseen tener hijos, garantizar su prioridad a la hora de obtener viviendas sociales, y simples campañas en pro de la natalidad, para que se estimulara la natalidad entre nuestra gente. No se hizo, ni se tiene intención de hacer. Si se hubiera empezado a hacer en 1996, cuando Aznar abrió las puertas a la inmigración, hoy tendríamos una generación de 28 años y un país homogéneo. Se hizo –y se hace– justo lo contrario: confiar en que gentes llegadas de todo el mundo salvarían la natalidad en España.

Desde el año 2000, en las cuatro provincias catalanas los nacidos en la noche del 31 de diciembre al 1 de enero de cada año, son en su inmensa mayoría hijos de nacidos en el extranjero. Pero, salvo entre las mujeres subsaharianas, el número de hijos va disminuyendo incluso dentro de la inmigración. Los inmigrantes andinos, por ejemplo, se han configurado como los primeros y principales usuarios de los servicios de aborto gratuito y de “píldora del día después”. La ruptura de la unidad étnica de España ni siquiera ha servido para que la natalidad remonte o para que se repueblen zonas “vacías”.

LA ÚLTIMA TRINCHERA INMIGRACIONISTA: 

“TENEMOS UNA DEUDA CON EL TERCER MUNDO Y SE LA VAMOS A PAGAR”

Caído el mito de “los que vienen a pagar las pensiones”, en un momento en el que ningún alcalde que quisiera mantenerse en el consistorio se atreve a colocar pancartas con el “Welcome refugies”, cuando se ha visto a las claras que la inmigración no resuelve el problema de los nacimientos, sino que complica la convivencia, ahora, como última trinchera inmigracionista, el argumentario se ha desplazado a otro frente; nos dicen: “estamos obligados a admitir a todos los inmigrantes que quieran establecerse en nuestro suelo y a mantenerlos, incluso, porque, se lo debemos”.

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Nos dicen que Europa “debe” a los inmigrantes del Tercer Mundo el haberlos explotado como colonias. Repiten, para bloquear a los más sensibles, que los europeos “somos responsables” de haber esclavizado a los africanos y que les debemos una compensación. Por eso están aquí, por eso estamos obligados a subsidiarlos… Es un argumento que tiene su fuerza, pero que no deja de ser otra falacia.

No solamente no fuimos esclavistas –valdría la pena, ya que estamos en esto, elaborar un censo de familias europeas que se dedicaron a la trata de esclavos, porque sería, en última instancia, a ellos a los que les correspondería pagar indemnizaciones, no a la totalidad de un pueblo– sino que, además, durante siglos, los europeos que vivían en las costas mediterráneas (pero, también, incluso en las del sur de Gran Bretaña y en Irlanda) corrían el riesgo de ser secuestrados ellos y sus hijos, saqueados sus bienes e incendiados sus pueblos, por parte de piratas berberiscos; una práctica que se prolongó hasta principios del siglo XIX. Unos fueron esclavizados de por vida, los otros extorsionados pidiendo fabulosos rescates, otros murieron sin dejar huellas… Sin olvidar, claro está, que el grueso de traficantes que capturaban esclavos en África eran árabes y que se beneficiaban de pactos con tribus africanas que los obtenían de tribus vecinas.

Sería bueno presentar una reclamación de cantidad por los millones de europeos, especialmente de los países mediterráneos, de los países eslavos, e incluso del Reino Unido, que fueron secuestrados, esclavizados, obligados a vivir en condiciones infrahumanas, asesinados y muertos de agotamiento en tierras del Magreb

Aquellas exacciones berberiscas han dejado recuerdos imborrables en nuestro folklore, en nuestra literatura e, incluso, en la configuración de las costas (las “torres de guaita” tan habituales en la costa catalana no eran para admirar la belleza del Mediterráneo, sino para vigilar la llegada de piratas berberiscos). Aquel valeroso soldado que recibió dos disparos de arcabuz en el pecho y en el brazo izquierdo, en la gloriosa jornada de Lepanto, Miguel de Cervantes, dejó constancia en El Quijote de sus nueve años de cautiverio en Argel.

Los grandes olvidados de la historia europea, son los millones de antepasados esclavizados en tierras islámicas. Los europeos no somos los “malvados” de esta historia. El colonialismo se explica en gran medida por las constantes molestias generadas por la piratería islámicaberberisca y otomana. Quienes la practicaban eran asimilados a yihadistas: y lo hacían con saña y con odio acumulado. La negativa a erradicar la esclavitud, hizo necesaria la intervención europea con la consiguiente disolución de los “mercados de esclavos” que todavía existía en el siglo XIX en el Magreb. No “debemos” nada: nos deben una reparación de aquellos crímenes contra los pueblos europeos.

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