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La mansión de Pablo Iglesias es ilegal y deberá ser derribada por delito ecológico

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El casoplón del matrimonio Pablo Iglesias e Irene Montero es ilegal al estar construido en un parque natural protegido de alto valor ecológico y que, desde hace años, los ecologistas y los grupúsculos de Podemos lo han tratado como una zona intocable. Cuando el líder podemita adquirió la vivienda, en mayo de 2018, ya sabía de antemano que su nueva morada había sido levantada en una zona ubicada fuera de los límites urbanos del municipio que quedaba delimitado por el plan urbanístico de 1976.

Por tanto, el líder de Unidos Podemos, coalición en la que conviven la formación morada y los ecologistas de Equo, entre otros, asumía la compra de una vivienda producto de la especulación y que conculcaba los más elementales principios medioambientales.

La parcela de casi 2.500 metros cuadrados, comprada por Iglesias, se halla dentro de una zona súper protegida, en el Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama. Y la vivienda de 268 metros, más anexos habitables, había sido construida en 2002 contraviniendo todas las normas urbanísticas municipales de Galapagar.

El emplazamiento ilegal de la vivienda del dirigente podemita –los técnicos consultados por este diario prefieren utilizar el término “alegal”– se puede apreciar claramente en los planos municipales.

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El casoplón de Iglesias y Montero es ilegal: está construido en un parque natural protegido

En los planos del desarrollo urbanístico de Galapagar –una ciudad madrileña de 33.000 habitantes, situada en la zona oeste de la Comunidad de Madrid y muy cerca de El Escorial– aparece la parcela del matrimonio Iglesias-Montero como la única que invade el parque natural protegido del Medio Guadarrama, sin ningún margen de duda. El sector urbanizable está coloreado en naranja y con la marca “Polígono 37”, mientras el casoplón de Iglesias está pintado de color verde.

El casoplón de Iglesias y Montero es ilegal: está construido en un parque natural protegido

Incluso, en las modificaciones urbanísticas de 1988 por las que el consistorio concedió una serie de licencias en el polígono 37 (Riomonte y Vedado de las Monjas), la parcela donde los anteriores propietarios construyeron el chalé, ahora de Iglesias, sigue figurando en una zona fuertemente protegida.

En el catastro pero ilegal

La vivienda de una sola planta Pablo Iglesias e Irene Montero tiene una superficie construida de 268 metros y está ubicada en el paraje conocido como Vedado de la Monja y Riomonte, en una parcela de 2.500 metros cuadrados. La compra fue escriturada el 9 de mayo de 2018 e inscrita en el registro de la Propiedad un mes después. Estaba afectada por una hipoteca de 210.000 euros de los anteriores propietarios concedida por Bankinter, que fue levantada con otro crédito de 540.000 euros, concedido a Iglesias y Montero por la Caja de Crédito de los Ingenieros Sociedad Cooperativa de Crédito. El precio de compra fue de 615.000, según los actuales propietarios.

Fuentes municipales de Galapagar hacen la salvedad de que la vivienda del dirigente podemita figura inscrita en el registro de la Dirección General del Catastro y paga su impuesto de bienes inmuebles (IBI) todos los años, como el resto de las edificaciones legales, pero destacan así mismo que es “alegal” porque está construida en una zona verde, que nunca fue recalificada. Además, resaltan que su licencia de obra fue obtenida con el engaño ante las autoridades municipales.

Es una realidad que las normas de urbanismo de Galapagar son muy antiguas –se remontan a 1976– pero en las 15 ó 20 modificaciones urbanísticas que se han desarrollado en el municipio desde entonces nunca se recalificó la situación de la vivienda de Iglesias, que sigue manteniéndose en una zona verde. En todos esos años se efectuaron cambios en los polígonos de Las Monjas, Río Monte, Colegio de La Navata, el Mercado y otros lugares, pero nunca en la parcela del líder podemita, como se puede apreciar en los planos a los que ha tenido acceso OKDIARIO. La villa de Iglesias queda en todos ellos fuera del área urbanística, transgrediendo las más elementales normas municipales y del medio ambiente.

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El casoplón del chepas

El casoplón del chepas

 

 

 

 

 

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El casoplón de Pablo Iglesias e Irene Montero en La Navata (Galapagar).

El futuro de “Villa Iglesias” queda al albur del nuevo Ayuntamiento que saldrá de las elecciones del próximo mes de mayo. En la actualidad el poder municipal está en manos del PP, con 10 concejales.

Galapagar es un municipio de 33.000 habitantes al que le corresponden 21 concejales. En las elecciones de 2015 PSOE, C´s y Cambiemos Galapagar (Podemos) lograron tres ediles cada uno de ellos e Izquierda Unida y Sí se Puede –una variante de la formación de Iglesias– los dos restantes.

Con el caso de la parcela de Iglesias las fuerzas políticas de Galapagar no se explican cómo pudieron edificar en un parque natural sin que nadie en el Ayuntamiento lo impidiera. En la población madrileña se da la circunstancia de que su plan urbanístico es tan restrictivo que no se puede construir ni un hotel ni una casa rural en el término municipal, algo sorprendente en un municipio con un gran potencial turístico.

 

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(Fuente: OKdiario)

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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