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Sucesos

El exembajador -A la orden del chavismo y de Zapatero- Raúl Morodo, no podrá esquivar a la justicia que investiga sus vínculos con PDVSA

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Al exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, se le terminan las excusas para tratar de quedar fuera de las investigaciones que tratan de dilucidar sus “vínculos” con la PDVSA chavista. 

Recientemente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio por válidas las pruebas presentadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y zanja así el berrinche del ex diplomático que pretendió poner en foco de las pesquisas en el origen de las prueban y no en el contenido.

A Morodo le está pasando factura haber sido el embajador del “imperio chavista” durante el gobierno del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, pues pese a su avanzada edad, las autoridades españolas seguirán investigándolo por el presunto cobro de comisiones millonarias que presuntamente habría cobrado el ex embajador a la estatal petrolera venezolana.

Ya anteriormente el juez Alejandro Abascal había rechazado la idea de abrir una investigación aparte del expediente principal para indagar sobre el origen y la manera en que se obtuvieron las pruebas que dieron paso a que se investigara a Morodo y su familia.

El ex embajador, famoso por su estrecho vínculo con el difunto dictador venezolano, Hugo Chávez, ha hecho todo lo posible por desviar la atención sobre el presunto cobro de al menos 4.5 millones de euros provenientes de dudosos negocios con PDVSA, alegando que los documento presentados por la UDEF fueron obtenidos sin el debido control judicial, mientras que los magistrados de la Audiencia Nacional señalaron los documentos provienen de la El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), que es un organismo absolutamente fiable.

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Al final, la justicia española tiene varios flancos abiertos en distintas instancias judiciales, por investigaciones en las que se menciona directa o indirectamente a la estatal petrolera venezolana, envuelta en múltiples escándalos y saqueada por varias vías, y el origen de muchos de los fondos que han sido blanqueados dentro del sistema financiero español, por empresarios, políticos y ex funcionarios del régimen chavista, que han hecho de España el enclave para ideal para su “retiro”.

En el caso de Morodo, sus estrechos vínculos con el chavismo y las sospechosas irregularidades en el presunto cobro de comisiones provenientes de PDVSA, han terminado salpicados su esposa María Cristina Cañeque de Sola, y a su hijo Alejo Morodo, quien fue detenido en 2019. A toda esta familia la investigan por presunto lavado de dinero, corrupción en transacciones comerciales internacionales y falsedad documental, de acuerdo con las autoridades judiciales españolas.

 

A estas alturas el trabajo de investigación desarrollado por la policía quedo completamente respaldado por las instancias judiciales. y el único que sigue en la mira es el ex embajador Raúl Morodo, señalado de haber hecho el presunto cobro de comisiones durante su misión en Venezuela.

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Lo que Morodo no acepta es que, tras las declaraciones del ex viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela durante la dictadura de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, que también es procesado por a justicia española, y la revisión a su domicilio, se hayan tomado en cuenta unos documentos que presuntamente provenían de la estatal petrolera venezolana, donde aparece el nombre del ex embajador.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, Villalobos habría declarado, en calidad de testigo, y señalado que los documentos a los que hacía referencia Morodo habían sido supuestamente facilitados por el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillan, a cambio de que algunos ex funcionarios del chavismo, de los que escogieron España para vivir y tratar de borrar su pasado corrupto, cooperaran con las investigaciones desarrolladas en el país.

Con estas ultimas actuaciones de la Audiencia Nacional se podría estar acercando a su final el proceso que iniciaron las autoridades locales contra el clan Morodo desde 2019, por lo que podría pasar muy poco tiempo antes de que el ex diplomático y representante de España en Venezuela durante la era Zapatero, sea condenado por los delitos que se le atribuyen.

En la mira también queda su esposa, María Cristina Cañeque, tras la solicitud de las autoridades de ampliar las pesquisas e investigar el patrimonio de esta persona, pues los investigadores determinaron que la sociedad MS Trading SL, de la cual ella era la propietaria, había recibido recursos provenientes de Petróleos de Venezuela, a través de Alejo Morodo, quien fue detenido en 2019, junto a otras tres personas, por esta trama corrupta, y dejado en libertad condicional, con prohibición de salida del país y sin pago de fianza.

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Para el momento en que se inició la investigación, el hijo del ex embajador fue señalado de utilizar su despacho de abogados, Aequitas Abogados y Consultores Asociados. S. L para supuestamente efectuar las operaciones de blanqueo de capitales provenientes de la estatal petrolera venezolana.

Para los efectos de las leyes españolas, de ser hallado culpable de los delitos que se le imputan, Morodo quizá no pisará una cárcel, debido a su edad, pero posiblemente pasará a la historia como uno más de los que, sus estrechos vínculos con el chavismo, lo llevó a convertirse en un delincuente de marca mayor.

 

Thábata Molina

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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