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Indultos “a la catalana”: Cuando el trapicheo entre criminales políticos mafiosos se denomina “clemencia” y “concordia”

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El presidente del Gobierno de España,Pedro Sánchez, y el presidente del Gobierno autonómico de Cataluña, Pedro Aragonès.
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No menos importante que los argumentos jurídicos en contra de los indultos a los golpistas catalanistas, es el argumento ético y estético: que burlar la ley tiene perdón si eres de la casta o gremio de los políticos, a diferencia del ciudadano medio.

El Supremo ya ha dado suficientes y contundentes argumentos para desaconsejar los indultos del Gobierno Sánchez a los golpistas del prusés. No se cumplen en este caso los motivos que pueden justificarlos (según la Ley 3/1870): justicia, equidad y conveniencia pública. Los dos primeros son de Perogrullo: supondría una injusticia y un agravio como una casa. Respecto al tercer motivo, sí se podría hablar de conveniencia, pero no pública, sino particular de Pedro Sánchez.

Sin los votos de los condenados, el socialista no puede acabar la legislatura. No le demos más vueltas, eso lo explica todo. De ERC depende la subsistencia de Sánchez. Y Pere Aragonès, el nuevo president, ya ha dejado claro que «si quieren que la legislatura avance hay que ir por la vía de normalidad». Normalidad para ellos significa blanquear a los golpistas; y además “hacer inevitable la autodeterminación de Cataluña”.

En este sentido, se puede interpretar la medida de gracia que planea Sánchez como un auto indulto. Lo ha dicho expresamente el Supremo en su informe contra la medida: «Algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio de gracia».

Vox, como siempre, sólo ante el peligro, el Gary Cooper de la democracia

Razón por la que Vox está dispuesto a querellarse contra el Consejo de Ministros, por prevaricación, al considerar que si aplica la medida de gracia se está auto-indultando, como ha anunciado Macarena Olona. Abro paréntesis. Vox, como siempre, sólo ante el peligro, el Gary Cooper de la democracia, el único partido que activó el frente judicial en el golpe de octubre del 17, mientras los demás corrían a refugiarse en sus madrigueras o miraban para otro lado. Fue Javier Ortega-Smith el que inició el proceso con una denuncia de su partidoen el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Conviene recordar quien defendió el Estado de derecho y quienes se escondieron como gallinas, o -caso del PP- se movieron con tan desesperante pachorra en activar el artículo del 155 que tuvo que actuar el rey Felipe para que se decidiera a dar el paso. Cierro paréntesis.

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La prueba palmaria de que Sánchez se mueve por conveniencia personal y de que el indulto es un guiño a sus socios de ERC,  es que no hace falta la medida de gracia porque, debido a la reglamentación penitenciaria, a Junqueras y demás presos les queda nada y menos que nada para gozar de semilibertad permanente. ¿Qué sentido tiene el indulto, cuando  van a salir a la calle? Verde y con asas.

La prueba palmaria de que Sánchez no tiene otro criterio que mantenerse en el poder y que usa la vieja ley de 1870 según su conveniencia, es que ahora la aplica e invoca la “clemencia” y la “concordia” para evitar “la venganza”, cuando en la campaña electoral de 2019 se opuso a los indultos y prometió sentar a Puigdemont en el banquillo y reformar el Código Penal para castigar de forma específica la convocatoria ilegal de referéndums.

Pero además de estos argumentos técnicos, de naturaleza jurídica, hay otro más de naturaleza ética y estética, en contra de estos indultos. Si finalmente se llevan a cabo, a la ciudadanía le puede quedar la sensación de que la casta (los que conceden y los que reciben la medida de gracia) han llegado a un apaño endogámico entre colegas. Un tipo de pactos que le están vedados al ciudadano de a pie, el que no tiene acceso a los secreteos y señales de inteligencia de los que “están en la pomada”.

Usted puede cruzar las rayas rojas del Estado de derecho, traicionar la Constitución, y dar un golpe de Estado, siempre que tenga el carné y el caché de político porque, en ese caso, es “uno de los nuestros” -que dirían Robert de Niro o Joe Pesci-. Y si los jueces le ponen una temporada a la sombra, no se preocupe, que la familia no le va a dejar tirado.

No como esos losers, esos pringados de contribuyentes corrientes y molientes, que no pertenecen a la familia, que carecen de la pureza de sangre, y que si se les ocurre defraudar a Hacienda no les dejamos pasar ni una. Nadie defenderá al ciudadano medio, nadie le indultará, por angustiosa que sea su situación, por la sencilla razón de que no es un goodfellas (un buen chico), sino un don nadie, alguien del que nadie se acordará cuando haya muerto.

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Lo sé, todo esto es una caricatura de trazo grueso, pero responde a una realidad, avalada por la historia. Es significativo, como recordaba Pedro F. Barbadillo, que en España, “sublevarse contra el Gobierno no tienen tantas consecuencias como dejar de pagar impuestos, que esto es lo imperdonable para la oligarquía política y funcionarial, el privarla de recursos económicos”.

El inquietante corolario es que la política se convierte en coartada para el delincuente

El inquietante corolario que se sigue de lo anterior es que la política se convierte en coartada para el delincuente. De ahí la obsesión de etarras y filoetarras por convertir el tiro en la nuca en “lucha por la independencia y la democracia”; o salvando las distancias, la insistencia de Oriol Junqueras y su banda, en calificarse a sí mismos como “presos políticos”. No señor, los delincuentes que pusieron en peligro la unidad de España no están entre rejas por sus ideas. Sino por reírse de (y saltarse) la ley. Pero como gozan de patente de corso por pertenecer a la misma clase privilegiada que el Gobierno, salen de la cárcel con alfombra roja, algo que no está al alcance de los demás pobres diablos, que no están -como ellos- por encima de la ley.

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Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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