Internacional
Bolsonaro prepara decreto para prohibir que las redes sociales eliminen contenido y que sólo lo puedan hacer con una orden judicial
Published
3 años agoon
El presidente Jair Bolsonaro, de cara a las elecciones de 2022, quiere evitar una censura en las redes sociales como la que tuvo que atravesar Donald Trump en plena elección de 2020.
El gobierno federal está redactando un decreto para prohibir que los sitios web y las redes sociales eliminen publicaciones o suspendan a los usuarios de sus plataformas por expresar sus ideas políticas. La nueva medida afectaría directamente a empresas como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, las cuales activamente monitorean y sancionan diversos perfiles, grupos y movimientos.
A menos de un año de las elecciones presidenciales en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro demuestra estar dispuesto a no cometer los mismos errores que el ex presidente norteamericano, Donald Trump.
Por ejemplo, por primera vez, luego de 25 años desde su implementación, se está discutiendo en el Congreso el cambio del voto electrónico por el voto impreso y auditable. Se considera que de esta manera, se evitará el fraude electoral.
Por otro lado, durante un evento del Ministerio de Comunicaciones realizado este mes, el mandatario brasileño dijo que estaba trabajando en un decreto para regular la Ley 12.965/2014, del Marco Civil del Internet, con el objetivo de evitar que las empresas dueñas de las redes sociales eliminen y censuren las publicaciones de quienes consideran que “violan” sus políticas de contenido.
El decreto determinará que las publicaciones solo puedan ser eliminadas por decisión judicial, con algunas excepciones menores, como conductas que violen el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia (ECA), solicitudes del usuario o de terceros, además de los casos que constituyan algunos delitos. Actualmente, los proveedores actúan por su cuenta, desempeñándose como editores de estas plataformas.
Desde que Bolsonaro asumió la presidencia, varias plataformas han eliminado contenidos, perfiles y canales de video, basadas en el supuesto de que propagan información “falsa”. Esta alegación busca justificar la censura que se está haciendo en las redes, especialmente dirigida a cristianos, conservadores y los referentes de la derecha en general.
Los defensores de la censura cometida por los propietarios de estas redes sociales argumentan que por tratarse de entidades privadas, ellas pueden decidir libremente qué contenidos están o no están permitidos en sus plataformas.
Al mismo tiempo, los defensores de la libertad de expresión, remarcan que estas empresas privadas ofrecen un servicio de dominio público, y este servicio se ha constituido materialmente en los últimos años a través del cual las personas ejercen su libertad de expresión.
Es decir, estas empresas no son como las editoriales convencionales, como las empresas propietarias de periódicos y revistas o emisoras de radio y televisión, ya que no responden legalmente por los contenidos que publican sus usuarios. Al contrario, son los usuarios quienes responden legalmente por lo que publican en estas plataformas. Esto genera una distinción fundamental que debe hacerse respetar, modernizando las leyes brasileñas y de todo el mundo.
El decreto que se está redactando para terminar con la censura que ha imperado en las redes sociales en los últimos años merece ser aplaudido. Es un primer paso hacia el restablecimiento y garantía de la libertad de expresión en Internet.
Según Bolsonaro, el “Internet democratizó el acceso a la información y puso fin al monopolio de los medios”.
Recordemos que la campaña electoral del presidente brasileño fue la más económica en comparación a la de los demás candidatos, teniendo en cuenta que utilizó, al igual que Donald Trump, a las redes sociales como la principal herramienta de propaganda política. Hasta el día de hoy, las plataformas digitales funcionan como el puente entre el presidente y el pueblo brasileño.
Hoy en día, Bolsonaro cuenta con 18,3 millones de seguidores en Instagram, 6,7 millones en Twitter, 11 millones en Facebook, 700 mil en Telegram, y 3,4 millones en YouTube.
Números que superan a los de la mayoría de los mandatarios de los demás países, inclusive, a los de su “principal oponente”, Lula Da Silva (PT). Esta comunicación entre un político y sus seguidores es fundamental y no debe ser restringido, especialmente con el antecedente de la censura a Donald Trump, mientras estaba en funciones.
España
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Published
17 horas agoon
27/04/2024By
Reproducido
Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África
El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.
El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.
Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.
De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.
Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.
Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.
Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medida. “Queremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.
En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.
En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.
Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.
Fuente: Derecha Diario.
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