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Sociedad

CitizenGO denuncia la agenda abortista y antifamilia de la ONU

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[L]a Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW) se reúne del 15 al 26 de marzo. “Esta comisión está incumpliendo su verdadera responsabilidad de ayudar a las mujeres de todo el mundo”, denuncia Ann Kioko, directora de campañas de CitizenGO en África.

El pasado 15 de marzo comenzó la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas en Nueva York (conocida como CSW 65), que durará hasta el 26 de marzo. Y desde  la plataforma internacional de CitizenGO, concretamente su directora de campañas en África, Ann Kiosko ha denunciado que “los activistas radicales contra la familia tratarán de impulsar el aborto, el adoctrinamiento de la ideología de género y de imponer una agenda feminista radical”.

«Esta comisión está incumpliendo su verdadera responsabilidad de ayudar a las mujeres de todo el mundo», alerta Kioko, quien explica que «el lenguaje utilizado en algunos párrafos del documento de recomendaciones muestra sus intenciones», como por ejemplo:

  • «Garantizar el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR)»: se refiere a las leyes de aborto y a la promoción del aborto en casa durante Covid-19.
  • «Evitar la violencia online contra las mujeres, poder responsabilizar a los medios de comunicación, y a las empresas que gestionan las plataformas de redes sociales, de la eliminación de estos contenidos»: significa eliminar los contenidos provida.
  • «Financiación directa a organizaciones de mujeres y movimientos feministas»: significa más dinero de nuestros impuestos para las organizaciones feministas radicales antifamiliares.

Además, señala que en el párrafo 16, «se debería suprimir la palabra ‘sanidad’», ya que «el aborto no es, ni puede ser nunca, considerado ‘sanidad’ (x e y)». Y en el párrafo 12, se debería añadir la frase «garantizar el apoyo a la maternidad».

«A pesar de ser promovida como una conferencia para promover los intereses de las mujeres de todo el mundo, esta Comisión está ahora dominada por feministas radicales antifamiliares cuya agenda principal es erosionar la vida y los valores familiares», insiste la directora de campañas de CitizenGO en África.

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Y concluye que «la 65ª Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer es aún más radical» y está centrada en «promover el aborto, la agenda LGTB, defender el feminismo radical en el espacio político e imponer la ‘educación sexual integral’ para los niños y la ideología de género».

Imagen del autobús puesto en marcha por CitizenGO

Imagen del autobús puesto en marcha por CitizenGO

En este contexto la plataforma internacional ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas con el objetivo de que se modifiquen los párrafos expuestos anteriormente, que supera las 167.000 firmas de apoyo. Y ha puesto en marcha un autobús en el que se denuncia la agenda radical de la ONU.

En esta línea, Kioko denuncia que el actual borrador de la CSW65 «simplemente ignora la maternidad».

Y añade: «Ni siquiera habla de la muerte maternal que lamentablemente sigue siendo una de las principales causas de muerte evitable en los países de desarrollo. En cambio, el borrador apuesta decididamente por la ‘ingeniería social’. Reclama que se financie a los candidatos políticos ‘con sensibilidad de género’, incluidos -por supuesto- los identificados como LGTB. O sea, un claro ejemplo de injerencia ideológica. ¡Para encima meterse en nuestras casas y en nuestras camas! Todo eso es lo que significa el controvertido término «salud y derechos sexuales y reproductivos” (SDSR por sus siglas en inglés)»

«Es evidente que los redactores del borrador de documento de conclusiones de CSW no quieren proteger a las mujeres, sino destruir la misma idea de familia que tú y yo defendemos», concluye.

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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