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La “Derechita Podrida” de Nuñez Feijóo, el Presidente de Galicia, del PP, y “amiguito” de los Narcos va pasado de vueltas: ¡Vacunación Obligatoria!

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Nuñez Feijóo, con esa carita que tiene de haber padecido secuelas de alguna meningitis, no ha tenido mejor ocurrencia que atreverse a lo que no se atreve ni el gobierno Comunista de Pedro Sánchez: amenazar a la población con multas desproporcionadas por negarse a aceptar la “vacunación” por el COVID-19 o por no llevar mascarilla, independientemente del lugar: a la derechita cobarde solo le interesa robar al ciudadano: miles de euros e incluso centenares de miles, dependiendo del “gravísimo delito” que pueda cometer el asfixiado ciudadano gallego.

Es evidente que el PP está lleno de malnacidos: no hay más que echar una ojeada: pero malnacidos que lleguen al extremo de ir “más allá” que los propios liberticidas de la UE, que “ordenan” a los Gobiernos informar de la “VOLUNTARIEDAD” de vacunarse, no había ocurrido hasta ahora EN TODA EUROPA.

Feijóo, suponemos que financiado por el dinero de la “fariña”, quiere echar de su puesto a Pablo Casado. Y parece que la solución es arruinar a Galicia a base de multas.

La reforma de la Ley de Salud de 2008 que está debatiendo este martes el Parlamento Gallego aboga por imponer multas de hasta 60.000 euros para aquellas personas que decidan no vacunarse. Así lo recoge el texto presentado por el grupo Popular y que saldrá adelante con el voto mayoritario de la Cámara, el cual la Xunta podrá adoptarlo en situación de pandemia, aplicando multas por no vacunarse, no llevar mascarilla o las facultades de ordenar confinamientos.

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El texto, de 53 páginas, al que ha tenido acceso Redacción Médica, ha sido firmado por los 42 diputados del Partido Popular incluido el presidente gallego y recoge tres tipos de multas: leves (que oscilan de 1.000 a 3.000 euros), graves (de 3.001 a 60.000 euros) y muy graves (de 60.001 a 600.000 euros).

En este sentido, tal y como recoge el documento, la medida está catalogada dentro del apartado de “infracciones leves”. Por ejemplo, el negarse a ponerse la vacuna contra el Covid-19 o la de la tuberculosis implicará una sanción que va de los 1.000 a los 3.000 euros. Según la norma se sancionaría la “negativa injustificada a someterse a medidas preventivas, consistente en la vacunación o inmunización prescrita por las autoridades sanitarias, de acuerdo con establecido en esta ley”.

Multas “muy graves”

Sin embargo, el hecho de no ponerse la vacuna contra el coronavirus Covid-19 en Galicia podría acarrear multas de entre 3.001 y 60.000 euros en el supuesto en el que la no vacunación “suponga un riesgo o un daño grave para la salud de la población, siempre que no constituyan infracción muy grave”. Esta parte está catalogada como infracción grave.

Pero las infracciones pueden llegar hasta las “muy graves”, que van desde los 60.001 euros hasta los 600.000 euros. En este apartado, por ejemplo, puede ser multado un profesional sanitario que no cumpla una cuarentena.
La oposición a la Xunta ya ha alertado de las dudas jurídicas que despierta esta ley de cara a la obligatoriedad de recibir una vacuna por motivos de salud pública. Una medida pionera en España, que ninguna institución había defendido hasta el momento.

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Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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