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La desobediencia civil masiva haría estallar otra guerra civil en España. Por el Teniente Coronel Enrique Area Sacristán

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La mejor forma de desarrollar la ficción de una nueva guerra civil es comenzar por los dos conflictos que se viven más intensamente en nuestro país: el territorial, y el de clase que es el que vamos a tratar.

El primero es aparentemente el más visible. Efectivamente, hoy está centrado en Cataluña, pero no se trata solamente de este actual, no por falta de antigüedad, movimiento independentista, sino también los que se extienden a Basconia y Galicia.

En el segundo, ejemplos de desobediencia civil no han faltado en los últimos años. El 15M inauguró una fase de protestas callejeras, como las Marchas de la Dignidad o Rodea el Congreso, que reavivaron el repertorio tradicional de huelgas y manifestaciones. Sin duda, el ejemplo más espectacular fue el referéndum frustrado del 1 de octubre de 2017, donde el gobierno catalán y el central se enfrentaron en una lucha de legitimidades.

El último momento similar dentro de la democracia actual lo encontramos a mediados de los años 70. Como relata Emmanuel Rodríguez en Por qué fracasó la democracia en España, la Transición estuvo marcada por una participación masiva de obreros de todo el país en asambleas, huelgas, grupos, asociaciones…

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Ahora, no hace falta que imaginemos otra crisis económica global que imposibilitase, todavía más, tener una vida digna porque la estamos viviendo como efecto de la pandemia. No sería descabellado pensar, por tanto, en un retorno de esta movilización total de los trabajadores y las clases más humildes de la sociedad, quizá impulsada ahora por nuevos movimientos.

Justo en la segunda mitad de los 70 se empezó a entender mucho mejor la “fábrica social”: el trabajo invisible de las mujeres que mantenía el resto del trabajo visible y remunerado. Hoy, el movimiento feminista ha demostrado que la situación subordinada que las mujeres ocupaban ya ha pasado; marcadas por la violencia física y económica. La movilización del 8 de marzo de 2018 fue todo un éxito.

Igualmente, los pensionistas demostraron gran capacidad de organización. La recuperación del empleo aumentó la afiliación sindical; pero las condiciones sociopolítico-sanitarias no han mejorado con la pandemia, sino todo lo contrario. Esto puede acelerar las reivindicaciones sociales imposibles de atender dada la situación de precariedad económica en la que se encuentra la Nación. Y es factible que en algún momento estas luchas convergiesen: ya fuese dentro de la estructura actual de Unidas Podemos, o en nuevas organizaciones de diferente cariz político o, simplemente como revuelta social sin ningún tipo de ideología preestablecida sino sólo por el motivo más antiguo de las revoluciones: el hambre que va a provocar en el pueblo llano la pandemia.

La otra alternativa o incluso una añadida a este frente unido implicaría una persecución seria de la vía unilateral a la independencia en Cataluña. Sí, es muy poco probable. Pero los líderes catalanes han llegado a apelar a “vías eslovenas” y hemos visto como ciertos sectores profesionales organizados, como bomberos o estibadores, realizaron acciones muy efectivas durante las movilizaciones del otoño que coincidió con el referéndum de autodeterminación.

En cualquier caso, el factor necesario sería una escalada creciente de las movilizaciones.

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Podemos imaginar algo parecido a la insurrección de los gilets jaunes franceses, pero sumado a colectivos organizados más o menos permanentes. Es decir, la creación de una suerte de “sociedad paralela” como la de los socialistas de principios del siglo XX: cooperativas, ateneos, medios de comunicación, escuelas…

Algunas pinceladas de este entramado se pueden ver hoy, por ejemplo, en los diferentes Centros Sociales Ocupados Autogestionados (CSOA) repartidos por todo el país. ¡Las noches veganas que organizan los okupas de tu barrio son un comienzo!

La participación del Partido Popular, Ciudadanos y su acercamiento a VOX en determinadas Comunidades Autónomas podrían haber propiciado también la unidad de la izquierda y radicalización de la sociedad. Hasta hace nada, la derecha más conservadora se reducía a grupúsculos o nostálgicos del régimen autoritario del Generalísimo, superado por el paso del tiempo hasta la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica de Zapatero, hoy radicalizada con otra Ley todavía más inquina. Eso ha hecho que, hoy se hayan puesto traje y concurran a las elecciones los conservadores de VOX y aparezca un movimiento filocomunista de raspas.

Es posible que una mayor combatividad de la izquierda también alimentase las filas o motivase el apoyo creciente de intereses económicos a la causa contraria. No olvidemos a Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, que pedía en 2014 el surgimiento de “un Podemos de derechas”. Finalmente, y aunque no tienen la influencia de antaño, la Iglesia y la monarquía podrían señalar y posicionarse en contra de estas izquierdas más o menos unificadas y radicalizadas.

Para las fuerzas conservadoras, es sencillo invocar los fantasmas de ETA y la “kale borroka”. No se puede olvidar tampoco, que no ha existido, gracias a Dios, una derecha armada fuera del Estado que buscara intimidar a los revolucionarios desde el comienzo de la democracia y que, de haber algo de violencia estatal, esta ha sido dirigida, orientada y armada por el PSOE con los GAL, es decir, por las izquierdas.

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Y, para terminar, diré que la narrativa de los años 30 está tan manoseada que es difícil acordarse de la multitud de cuestiones que hoy llamaríamos “de identidad” que giraron alrededor del conflicto. Para los más puristas y puretas se trató de una guerra de clase contra clase, pero factores como el laicismo, el republicanismo y sus respuestas conservadoras denotan la variedad de combinaciones posibles en un posible futuro conflicto agravado y causado por los efectos de la pandemia en las economías familiares.

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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