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La Justicia, babeante y aquiescente, exculpa a Trapero y a la cúpula de Interior: Ni sedición ni desobediencia: Trapero es un patriota español

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La Audiencia Nacional ha absuelto al mayor de los MossosJosep Lluís Trapero, al considerar que no queda acreditado que diera apoyo a la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 organizado por el Govern de la Generalitat en contra del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Las partes del juicio habían sido citadas mañana a las 9:30 en la Audiencia Nacional para que les fuera notificada la sentencia, aunque se ha conocido previamente, tal y como han confirmado fuentes jurídicas a La Vanguardia.

La sentencia ha salido adelante con dos votos a favor y uno en contra, el de la magistrada Concepción Espejel, que ha defendido la existencia de un delito de sedición. El tribunal, con la ponencia de Ramon Sáez, no ha contemplado tan siquiera a alternativa de la desobediencia, que solo lleva aparejada una pena de inhabilitación.

Sáez siempre defendió que no se podía hacer responsable a Trapero por el referéndum del 1-O. El voto decisivo ha sido el de Francisco Vieira, quien inicialmente se inclinó por la desobediencia pero finalmente ha optado por acercarse a la tesis del ponente. Viera junto a Espejel son magistrados de corte conservador mientras que Sáez es progresista.

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Voto particular por sedición

Según estas mismas fuentes, ante esta sentencia, Espejel ha formulado un voto particular en el que mantiene que Trapero ha cometido un delito de sedición, haciendo suya la tesis de la Guardia Civil, sobre todo del coronel Diego Pérez de los Cobos, quien sostuvo que los mossos actuaron pasivamente el 1-O para permitir y facilitar la votación que había sido prohibida judicialmente

La Audiencia también ha absuelto al exdirector de los Mossos, Pere Soler, al que fue segundo en Interior, César Puig, y a la intendente Teresa Laplana. El contenido íntegro de la sentencia se conocerá mañana y cuenta con un voto particular de la magistrada Concepción Espejel.

La Fiscalía solicitaba para Trapero diez años de prisión por un delito de sedición con la alternativa del delito de desobediencia, que no acarreaba pena de cárcel sino una mera inhabilitación. El Ministerio Público sostenía que los Mossos, bajo las órdenes de Trapero, colaboraron para facilitar que el 1-O se celebrara, como paso previo e indispensable para declarar la independencia de Catalunya.

El ministerio público también hacía responsable a Trapero por no frenar las concentraciones del 20 de septiembre de ese año ante varios organismos públicos, principalmente ante la Conselleria d’Economia, mientras la Guardia Civil realizaba un registro para frenar la organización del 1-O. Por estos hechos, el Tribunal Supremo condenó a diversos dirigentes políticos a penas de hasta 13 años de prisión por sedición.

El conseller de Interior del Govern, Miquel Sàmper, señaló ayer lunes en una entrevista que en caso de absolución le ofrecería al mayor que vuelva a ser un dirigente del cuerpo de la policía autonómica catalana, aunque él mismo ya había declinado esa opción. “Parto de un no, pero tengo la obligación de hablar con Soler, Puig, Laplana y Trapero”, afirmó Sàmper en Ràdio 4.

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Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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