Internacional
Estados Unidos, un país desgarrado por el “nuevo socialismo” de los demócratas y al borde de la guerra civil
Published
4 años agoon
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Redacción
Thierry Meyssan.- Mientras se acerca la elección presidencial, Estados Unidos se divide en dos bandos que sospechan cada uno que el de enfrente está preparando un golpe de Estado. De un lado están el Partido Demócrata y los republicanos que de hecho actúan contra el candidato de su propio partido. En el otro bando figuran los jacksonianos, que se han hecho mayoritarios en el Partido Republicano sin compartir la ideología de esa formación política.
No está de más recordar que ya en noviembre de 2016, una empresa dedicada a la manipulación de los medios y encabezada por el maestro de la agitación-propaganda, David Brock, recogía más de 100 millones de dólares para destruir la imagen del presidente electo, Donald Trump, antes de su investidura. Desde aquel momento, o sea, antes de que hubiese tenido tiempo de hacer absolutamente nada, la prensa internacional describió al presidente electo como un incapaz y como un enemigo del pueblo. Varios diarios incluso exhortaron a asesinarlo. Durante los 4 años siguientes, su propia administración lo ha denunciado como un traidor a sueldo de Rusia y la prensa internacional lo ha estigmatizado constantemente con la mayor violencia.
Otro grupo, el Transition Integrity Project (TIP), elabora actualmente varios guiones con vista a derrocar a Trump en ocasión de la elección de 2020, independientemente de que gane o pierda el escrutinio. El asunto alcanzó repercusión nacional desde que la fundadora del TIP, la profesora Rosa Brooks, publicó un largo artículo en el Washington Post, diario en el cual tiene el estatus de colaboradora.
El Transition Integrity Project organizó en junio pasado 4 “juegos” donde simuló diversos resultados para anticipar las reacciones de los dos candidatos a la elección presidencial estadounidense. Todos los participantes eran demócratas y republicanos, en el sentido ideológico de esas denominaciones, pero no «republicanos» en cuanto a ser miembros del Partido Republicano. No había jacksonianos entre los participantes.
De manera nada sorprendente, todos los participantes consideran, sin excepción, que «la administración Trump ha socavado sistemáticamente las normas fundamentales de la democracia y del Estado de derecho. Ha adoptado numerosas prácticas corruptas y autoritarias». Así que concluyeron que el presidente Trump trataría de dar un golpe de Estado y que ellos tenían el deber de preparar, a título preventivo, un golpe de Estado “democrático” .
Una característica del pensamiento político contemporáneo consiste en proclamarse defensor de la democracia mientras se rechazan las decisiones democráticas que contradicen los intereses de la clase dirigente. Lo interesante es que los miembros del TIP reconocen de buena gana que el sistema electoral estadounidense, que sin embargo defienden, es profundamente «antidemocrático». Basta recordar que la Constitución estadounidense no pone la elección del presidente en manos de la ciudadanía sino de un colegio electoral que se compone de 538 personas designadas por los gobernadores de los Estados. La participación de la ciudadanía –que no estaba prevista en tiempos de la independencia– fue imponiéndose poco a poco en la práctica, pero sólo a título indicativo para los gobernadores. Fue así como, luego de la “elección” de George W. Bush, en el 2000, la Corte Suprema del Estado de la Florida recordó que no tenía por qué aclarar cómo habían votado los electores de aquel Estado y que lo único importante era lo que habían decidido los 26 “grandes electores” designados por el gobernador de la Florida.
A pesar de lo que todo el mundo cree saber, la Constitución de los Estados Unidos de América no reconoce la soberanía popular sino únicamente la soberanía de los gobernadores. Además, el colegio electoral concebido por Thomas Jefferson –tercer presidente de Estados Unidos– dejó de funcionar correctamente desde 1992 y el candidato electo ya no dispone de la mayoría de los votos emitidos por la ciudadanía en los Estados donde se decide la elección.
El Transition Integrity Project o TIP sacó a la luz casi todo lo que pudiera ocurrir en los 3 meses que separan el escrutinio y el momento mismo de la investidura. Y reconoce que el uso del voto por correspondencia en periodo de pandemia hará difícil comprobar los resultados de la votación. El TIP evitó deliberadamente explorar la hipótesis de que el Partido Demócrata proclame la elección de Joe Biden aun sin respaldo de los resultados del escrutinio y de que la presidente de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, juramente a Biden sin que Donald Trump haya sido declarado perdedor. En ese caso, habría en Estados Unidos dos presidentes rivales, lo cual podría llevar a una segunda guerra civil.
Esa posibilidad incita a muchos a plantearse la siguiente variante: declararse en secesión y proclamar unilateralmente la independencia de su Estado. Eso pudiera ocurrir sobre todo en la costa oeste. En previsión de ese proceso de desmoronamiento del país, algunos aconsejan dividir el Estado de California para que la población californiana tenga más representantes en el colegio electoral. Pero esa solución constituye en sí misma una forma de posicionamiento en el conflicto nacional ya que privilegia la representación popular en detrimento del actual poder de los gobernadores.
Por otro lado, yo había mencionado, en marzo pasado, la tentación golpista de ciertos militares, a la que varios oficiales superiores hicieron referencia después.
Estos diferentes puntos de vista son muestra de la profunda crisis que Estados Unidos atraviesa en este momento. El «Imperio estadounidense» habría tenido que desintegrarse después de la disolución de la Unión Soviética. Eso no sucedió y siempre apareció, ¿o se inventó?, un nuevo conflicto exterior (división étnica de Yugoslavia, atentados del 11 de septiembre de 2001, etc.) que viniera a revivir el imperio agonizante. Pero ya no parece posible seguir posponiendo el desenlace.
España
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Published
19 horas agoon
27/04/2024By
Reproducido
Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África
El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.
El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.
Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.
De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.
Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.
Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.
Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medida. “Queremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.
En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.
En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.
Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.
Fuente: Derecha Diario.
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